Edición Nº 1080 - Viernes 8 de mayo de 2026

Corrupción + soberbia = I.N.A.U.

Por Consuelo Pérez

Recientes declaraciones del padre Mateo Méndez, ex Director del Instituto Técnico de Rehabilitación Juvenil (Interj) del I.N.A.U., confirman que la situación de ineficiencia y corrupción que hizo que renunciara a su cargo en 2009, se mantiene.

Las denuncias vinculadas a golpizas, malos tratos, corrupción y otras tantas calamidades han sido noticia en los últimos tiempos, y en ese sentido el padre Mateo insiste en que “con el monopolio del I.N.A.U., el Estado peca de soberbia”.

Es que está largamente demostrado que la estructura de gestión es ineficiente y obsoleta y que, por ende, no cumple con sus cometidos.

Es evidente que mientras las denuncias se vinculan a actos de corrupción, a malos tratos y otras calamidades que se gestan en los “feudos” a los que el mencionado padre hace referencia, es absolutamente improbable hablar de recuperación.

La soberbia a la que Mateo se refiere, se relaciona con la autosuficiencia estatal de afirmar que resolverá el problema, pues cuenta con recursos presupuestales para ello, como si el asunto pasara sólo por ahí...

El mencionado pecado capital se potencia además en la actitud estatal que afirma que “las denuncias son falsas”. O que “primero hay que demostrarlas”.

Esta historia, o modo de no asumir las responsabilidades, ya la hemos vivido en muchos ámbitos. En éste, empeora las consecuencias, por haber derechos humanos involucrados.

Mateo cree en que es imprescindible una modificación radical del sistema, y que es necesario que se inserten a trabajar en él los más capaces.

Aunque esto parece de Perogrullo, ciertamente la valorización de la capacidad no ha sido el elemento por el cual el gobierno del Frente Amplio designa a los encargados o responsables de gestionar las diversas áreas que son competencia del Estado.

La cuota política –monopolio frenteamplista– se torna a veces cruel, por la ausencia de resultados, sobre todo en áreas de gran sensibilidad social, como lo es ésta.

Y es así que mientras el gobierno se llena la boca hablando de los derechos de los sirios, el hacinamiento unido a la ineficiencia y ausencia de compromiso campea en los “hogares” del I.N.A.U.

Lacónicamente afirma Mateo que “Sin duda hay gente a la que le importan sus réditos personales adentro de la institución y no el educar a los adolescentes” agregando al asunto una cuota de cruel irresponsabilidad, si consideramos el alcance que la afirmación supone.

El combatido –especialmente por el oficialismo– proyecto de la baja de Edad de Imputabilidad es sabido que pone énfasis en los mecanismos de rehabilitación, entre otras cosas.

El gobierno ha politizado también este tema, y la edad de 16 años –la misma vigente en el “paraíso cubano”– es rebatida con argumentos que nunca mencionan la gestión y rehabilitación actuales, inexistentes e improbables.

A más de nueve años de gobierno frentamplista, y a la luz de la información que nos llega, lo cierto es que la obligación referida a la custodia y rehabilitación de la minoridad infractora no sólo no ha sido cumplida, sino que, además, han empeorado los resultados, y la situación es entonces de caos e incertidumbre.

Difícil de digerir en un país presidido por alguien que según dicen algunos, intenta perfilarse para Premio Nóbel de la Paz.



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