Consecuencias del procesamiento de Sendic

Por Renán Rodríguez

No hay dos bibliotecas, sino una ajustada a Derecho y otra equivocada, por lo que el ex vicepresidente no podrá ser candidato

Al parecer el ex vicepresidente Raúl Sendic aspira –él personalmente y buena parte de las personas que están en su entorno- a ser candidato en las próximas elecciones nacionales. Como se sabe, la juez Dra. Beatriz Larrieu decretó su procesamiento sin prisión y bajo caución juratoria, bajo la imputación prima facie de un delito de abuso innominado de funciones, en régimen de reiteración real con reiterados delitos de peculado, en calidad de autor. En la sentencia interlocutoria, la juez dejó sentado que “atento a las penas previstas para los delitos imputados (arts. 153 y 162 del C.P.) y el concurso delictual regido por las reglas del art. 54 del C.P, se estima que es previsible que la pena a requerir en su oportunidad por el acusador alcance guarismos de penitenciaría. En su mérito y de acuerdo a lo dispuesto por el art. 80 lit. a de la Constitución de la República, el art. 81 nº 1 del C.P., el art. 20 de la ley nº 8.070, la Acordada de la Suprema Corte de Justicia nº 7.529 del 18 de octubre de 2004 y la Resolución de la Suprema Corte de Justicia nº 81/2015, corresponde comunicar el procesamiento dispuesto a la Corte Electoral, a los efectos correspondientes.” Y en cumplimiento de esas consideraciones dispuso “IV) Comuníquese el procesamiento dispuesto respecto de Raúl Fernando Sendic Rodríguez a la Corte Electoral, oficiándose.”

VARIADAS OPINIONES

Frente a ese procesamiento, se emitieron variadas opiniones respecto a la suspensión de su ciudadanía, su inhabilitación, si es preceptiva o no, que órgano lo resuelve y todo lo demás que a uno se le pueda ocurrir y que gira alrededor del procesamiento y los derechos políticos del procesado. Tratando de compendiar las opiniones emitidas (tomando como base lo aparecido en la prensa) las enumero así:

1) El presidente de la Corte Electoral, José Arocena, entiende que es la Corte Electoral la que tendrá que tomar una decisión, sobre la cual afirmó que "claramente existen dos bibliotecas"; asimismo dijo que la simple notificación del Poder Judicial no obliga a la Corte a tomar una decisión, y aseguró que solo deberá pronunciarse "una vez que Sendic presente la candidatura, y en caso de que haya una impugnación o recurso".

2) Otros integrantes de la Corte Electoral, por el contrario, señalaron que la Corte Electoral simplemente cumple con lo notificado por el Poder Judicial.

3) El Presidente del Frente Amplio, Javier Miranda dijo a la prensa que, a su juicio, el presidente de la Corte Electoral "se equivoca", y que lo comunicado por la jueza Larrieu implica que el procesamiento inhabilitaría a Sendic.

4) Según el constitucionalista (catedrático de la UDELAR) Ruben Correa Freitas, "el organismo al que le compete suspender la ciudadanía es la Corte Electoral" y, por lo tanto, es ese cuerpo el que debe sopesar si el procesamiento es suficiente o no para inhabilitar a una persona. Y agregó que para esa decisión, los ministros de la Corte deberán sopesar si pesa más el artículo 80° de la Constitución o el artículo 23° de la Carta Interamericana de Derechos Humanos. Y explicó que la Carta Magna uruguaya establece (en el numeral segundo del artículo 80°) que la ciudadanía se suspende "por la condición de legalmente procesado en causa criminal de que pueda resultar pena de penitenciaría". La Carta Interamericana (se refiere al art.23°), en cambio, establece que la ciudadanía no puede suspenderse hasta que no se conozca una condena definitiva.” En el mismo sentido se manifiesta el constitucionalista Dr. Martín Risso quien opina que no obstante el texto constitucional, “la Convención Americana sobre Derechos Humanos protege el derecho a ser candidato" y solo quedaría inhabilitado si "al final del proceso, en una sentencia definitiva" se lo encuentra culpable. Entiende que se debe aplicar la Convención y no la Constitución en base a un principio que se sigue en el país "se debe aplicar la norma más general y que más proteja" al acusado.

RESUMEN DE LAS POSICIONES

Así que por un lado, están los que consideran que la Corte Electoral es la que decide si la ciudadanía se suspende o no, atendiendo a diferentes criterios, algunos de los cuales no se enuncian -pero suponemos en base a antecedentes- y para el Dr. Correa Freitas también es la Corte Electoral la que decide y debe sopesar entre el art.80 numeral 2 de la Constitución y el art.23 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos. Similar posición sería la del Dr. Martín Risso, aunque parecería ser más categórico en cuanto considera la Convención Americana de Derechos Humanos, de aplicación en primer término, prima sobre la Constitución. Por el otro lado están los que opinan que la Corte Electoral debe estar a la comunicación judicial. (Y es obvio, que para éstos se debe aplicar la Constitución)

Como antecedentes (año 2014), se puede relacionar el caso del ex ministro Fernando Lorenzo, frente a cuyo procesamiento sin prisión, no comunicado por el Poder Judicial a la Corte Electoral, no fue inhabilitado, fue candidato, resultó electo Representante Nacional y renunció, posteriormente, a su banca en una actitud que es, al menos, de destacar sino, por qué no, elogiar .En esa oportunidad se presentaron impugnaciones a la candidatura de Lorenzo y la Corte Electoral las resolvió (8 a 1) no haciendo lugar a las mismas, ya sea porque el Poder Judicial no había comunicado el procesamiento o porque había sido procesado sin prisión. La comunicación del Poder Judicial –que parece ser solo instrumental- ha sido de fundamental importancia para que se concrete o no la inhabilitación de múltiples casos.

LA CAUSAL DE SUSPENSIÓN DE LA CIUDADANÍA.

La causal de suspensión de la ciudadanía de que se trata ya fue prevista por la Constitución de 1830 (Artículo 11 Numeral 2° “legalmente procesado en causa criminal de que pueda resultar pena corporal o infamante”) reiterada por la Constitución de 1918 (art.12 numeral 3°) solo eliminando el término infamante.

Durante la vigencia de la Constitución de 1918, se sancionó la Ley de Registro Cívico N°7.690, que en su art.125 (N°3) prevé como causal de exclusión (del Registro Cívico, sección habilitados) “Hallarse legalmente procesado en causa criminal, de la que pueda resultar pena corporal.”(Hasta aquí reitera el texto constitucional entonces vigente). Y agrega a continuación “Esta causal no podrá oponerse, en el caso que el procesado hubiese obtenido la libertad bajo fianza o caución juratoria” De aquí proviene la distinción de “con prisión” o “sin prisión”.

La Constitución de 1934 (art.70 N°3) estableció que la ciudadanía se suspende: “por la condición de legalmente procesado en causa criminal de que pueda resultar pena de penitenciaría”; el cambio –sin mayor trascendencia- obedece a que, en 1934, se sancionó un nuevo Código Penal que no habla más de penas corporales. Las Constituciones posteriores, hasta la actualidad, mantuvieron la causal de suspensión de la ciudadanía con el mismo texto de la de 1934.

Durante más de ocho décadas se continuó aplicando la distinción de la ley N°7.690 de si el procesado se encontraba en libertad o en prisión, por tanto si el procesamiento era “sin prisión” no se inhabilitaba al ciudadano.

LA COMUNICACIÓN JUDICIAL DEL PROCESAMIENTO O LA CONDENA

La misma ley N°7.690, en su art.215, previó la comunicación del Poder Judicial a la Corte Electoral. Sin dudas, el art.125 referido excedió el texto constitucional y lo hizo inaplicable a procesamientos (sin prisión) que claramente entraban en los casos de suspensión de la ciudadanía previstos en el texto constitucional entonces vigente.

Lo cierto es que los juzgados penales no siempre comunicaban los procesamientos, al extremo que en un caso público y notorio (el múltiple homicida Pablo Goncalvez) nunca se comunicó ni su procesamiento, ni su condena, por lo que nunca estuvo inhabilitado Siempre se entendió que la Corte Electoral no podía inhabilitar de oficio, por más notoria que fuera la causal. Al respecto hubo múltiples contactos entre la Corte Electoral y la SCJ, pero no se logró un eficaz cumplimiento de la disposición legal que obligaba a la comunicación, al extremo que –yendo a los últimos años- hubo una solicitud (año 2012) de la Corte Electoral a la SCJ respecto a que se le comunicaran exclusivamente los procesamientos en los que pudiera recaer pena de penitenciaría, porque le llegaban comunicaciones de todo tipo de procesamientos, lo que dificultaba el funcionamiento de la respectiva Sección y, además, no permitía cumplir con el texto constitucional.

En el año 2015, la Suprema Corte de Justicia (Circular 81/2015) dispuso que “Los procesamientos sin prisión se deberán comunicar solamente cuando el tipo penal de que se trate prevea como sanción la pena de penitenciaría", en consecuencia, a partir de entonces, las sedes penales deben comunicar tanto los procesamientos con prisión como los que sean sin prisión.

Cabe preguntarse, ¿estuvo correcta la SCJ al ordenar comunicar todos los procesamientos de los que pueda resultar pena de penitenciaría, aun cuando sean “sin prisión”?

Aunque puedan comprenderme las generales de la ley, y antes de hoy, ocupando un lugar en la Corte Electoral, no me haya dado cuenta o advertido, opino que fue correcto lo resuelto por la SCJ, porque a mi juicio, lo advierto ahora, el art. 125 de la Ley N°7.690 en la parte que dispone “Esta causal no podrá oponerse, en el caso que el procesado hubiese obtenido la libertad bajo fianza o caución juratoria” fue derogado por el texto constitucional de 1934. Antes cuando se sancionó pudo ser tachado de inconstitucional porque no era acorde a la Constitución de 1918, pero desde 1934 es clara su derogación. Me explico: esa disposición legal hace una distinción (si el procesamiento es con prisión o sin prisión) que el texto constitucional no prevé, ni habilita.

DEROGACIÓN TÁCITA POR CONSTITUCIÓN POSTERIOR

Cassinelli Muñoz (primeramente en RDJA, T. 55, año 1957, págs. 157 y siguientes) señaló que ante la oposición entre el texto de una nueva Constitución y la legislación precedente, se debe relevar esa oposición y aplicar la norma constitucional vigente, y dicha facultad la tiene cualquier Juez, no se trata de un caso de inconstitucionalidad, sino de abrogación por oposición superveniente. De ahí en más la jurisprudencia, del Poder Judicial y del TCA, ha sostenido que cuando un texto legal se vuelve incompatible con otro constitucional superviniente, opera derogación (tácita) del primero (el legal), declarable por cualquier Juez, sin que sea necesario seguir el proceso de inconstitucionalidad. No se trata de un problema de inconstitucionalidad sino de derogación tácita por Constitución posterior. Antes de 1934, el texto legal de marras, pudo ser considerado inconstitucional, después de 1934 debe considerarse derogado.

En consecuencia la posición de la SCJ expuesta en la Circular 81/2015, es ajustada a Derecho. Por lo que ya no tiene más sentido, distinguir si el procesamiento es con prisión o sin prisión, y no puede haber al respecto “dos bibliotecas”, sino una ajustada a derecho y otra equivocada.

Sin duda se mantiene la importancia instrumental de la comunicación del Poder Judicial a la Corte Electoral, porque de otra forma el procesamiento o la condena, en su caso, quedan sin producir sus efectos prácticos de suspensión de la ciudadanía.

LA CONVENCIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS Y LA CONSTITUCIÓN:

Los constitucionalistas Dres. Ruben Correa Freitas y Martín Risso, plantean que la Convención Interamericana de Derechos Humanos en su artículo 23 dispone sobre los derechos políticos y su ejercicio, lo que obstaría, en opinión del Dr.Martín Risso, a la aplicación de la causal de suspensión de la ciudadanía al caso de marras, porque se trata solo de un procesamiento, mientras para el Dr. Correa Freitas la Corte Electoral (que a su juicio es quien suspende o no la ciudadanía) debería sopesar si aplica la disposición Constitucional o la referida Convención (Pacto de San José de Costa Rica).

Al respecto conviene recordar que el Artículo 23. Derechos Políticos, de la mencionada Convención establece que:

1. Todos los ciudadanos deben gozar de los siguientes derechos y oportunidades:
a) de participar en la dirección de los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes libremente elegidos;

b) de votar y ser elegidos en elecciones periódicas auténticas, realizadas por sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice la libre expresión de la voluntad de los electores, y

c) de tener acceso, en condiciones generales de igualdad, a las funciones públicas de su país.

2. La ley puede reglamentar el ejercicio de los derechos y oportunidades a que se refiere el inciso anterior, exclusivamente por razones de edad, nacionalidad, residencia, idioma, instrucción, capacidad civil o mental, o condena, por juez competente, en proceso penal.”

No existiendo sentencia de condena sino solo un procesamiento, entienden los mencionados constitucionalistas que no se podría suspender la ciudadanía del Sr. Raúl Sendic.

No compartimos esas opiniones, porque con los debidos respetos, los distinguidos profesores olvidan y no mencionan, que de acuerdo al art. 75 de la misma Convención y conforme a las disposiciones de la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados, suscrita el 23 de mayo de 1969, Uruguay hizo reserva de dicha disposición del tratado.

En efecto, con fecha 22 de noviembre de 1969, Uruguay firmó la Convención Americana sobre Derechos Humanos y al firmarla hizo la siguiente reserva: “El Artículo 80, numeral 2 de la Constitución de la República Oriental del Uruguay establece que la ciudadanía se suspende "por la condición de legalmente procesado en causa criminal de que pueda resultar pena de penitenciaría". Esta limitación al ejercicio de los derechos reconocidos en el Artículo 23 de la Convención no está contemplada entre las circunstancias que al respecto prevé el parágrafo 2 de dicho Artículo 23 por lo que la Delegación del Uruguay formula la reserva pertinente.” Posteriormente, con fecha 19 de abril de 1985, Uruguay depositó en la Secretaría General de la OEA el instrumento de ratificación de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, momento en que se presentan las siguientes declaraciones: “(Reserva hecha al ratificar la Convención) Con la reserva formulada al firmarla. Tal reserva se notificó conforme a las disposiciones de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, suscrita el 23 de mayo de 1969.”

Es decir, que en nuestro país, y para el caso en análisis, entre la Convención Interamericana de Derechos Humanos y la Constitución de la Republica (Artículo 80, numeral 2) prima la Constitución.

Y ni siquiera es necesario recurrir, en el caso, a la Jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que en el caso YATAMA vs. Nicaragua y en la doctrina de Castañeda, se aclara el sentido del numeral 2 del art.23 que no es otro que la suspensión de derechos no quede al arbitrio o voluntad del gobernante de turno, con el fin de proteger que la oposición política pueda ejercer su posición sin restricciones indebidas, lo que no ocurre en la previsión constitucional uruguaya.

QUIÉN SUSPENDE LA CIUDADANÍA

Varias de las opiniones reseñadas, opinan que es la Corte Electoral (alguno inclusive parecería opinar que es el Poder Judicial) quien suspende la ciudadanía en caso de procesamiento en causa criminal en que pueda recaer pena de penitenciaría, por lo que admiten que la Corte podría optar, según el caso, entre suspender o no hacerlo.

Tal vez no se haya advertido que es la propia Constitución la que dispone que en esos casos la ciudadanía se suspende, no se trata de una facultad de la Corte Electoral, a lo sumo puede admitirse que se lo califique de “deber”, pero fundamentalmente para instrumentarlo. Hay normas constitucionales que se aplican sí o sí. Voy a dar un ejemplo: la Corte Electoral –ni ningún otro Poder del Estado- convoca a las elecciones nacionales; nunca nadie vio una “convocatoria” de la Corte Electoral para esas elecciones, alcanza y se cumple con la disposición constitucional que establece que las elecciones nacionales se realizan el último domingo del mes de octubre cada cinco años (numeral 9 del art.77 de la Constitución). Sin convocatoria especial, formal y expresa se da por convocados a los integrantes del Cuerpo Electoral, sin perjuicio de que a la Corte Electoral le corresponda organizar las elecciones.

CUÁNDO SE SUSPENDE LA CIUDADANÍA

En opinión del Presidente de la Corte Electoral, este Cuerpo recién debería expedirse cuando se presente la candidatura de Sendic o esta sea recurrida. Y no es así, la Constitución se debe cumplir y ello no admite ni demoras, ni bibliotecas. En el caso se dan todos los presupuestos previstos en la Constitución y en la ley, para que opere desde ya la suspensión de la ciudadanía con la consiguiente inhabilitación del ciudadano procesado.

EN SUMA: En las actuales condiciones y circunstancias, corresponde hacer efectiva de inmediato la suspensión de la ciudadanía de Raúl Sendic, el que salvo que se modifique su situación y sea absuelto (no sea condenado), no puede ser candidato. La ciudadanía la suspende la propia Constitución y la Corte Electoral no tiene ningún margen de discrecionalidad para suspenderla o no. La distinción entre procesamiento con prisión o sin prisión no es más aplicable, porque la disposición legal que lo preveía fue derogada. En el caso no es aplicable la Convención Interamericana de Derechos Humanos.



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