Con Venezuela se ha perdido la vergüenza
 La actual crisis en Venezuela ha puesto de manifiesto dos gravísimos problemas: primero, el sufrimiento del pueblo ante el más claro desarrollo de un régimen populista autoritario; y segundo, la falta de vergüenza de los gobiernos latinoamericanos, por esa malentendida solidaridad “progresista”, que es en realidad, complicidad con la represión y con las causas de desgracia de los venezolanos.
Esa manera de ser hipócrita y cobarde de los gobiernos en ejercicio, contrasta con la actitud coherente de algunos ex Presidentes, como el colombiano Álvaro Uribe, quién dijo: “Maduro tiene las calles llenas de sangre y las cárceles llenas de disidentes” y el costarricense Oscar Arias: “No voy a callarme cuando la sola existencia de un gobierno como el de Venezuela es una afrenta a la democracia”.
Del mismo modo y con igual firmeza, se han expresado en el Uruguay los ex Presidentes de los Partidos Tradicionales: Julio María Sanguinetti, Jorge Batlle y Luis Alberto Lacalle; Fernando Henrique Cardoso en Brasil y otros en distintos países. Pero no tiene las mismas consecuencias la voluntad de un ex que la de un mandatario en ejercicio.
Esa vergüenza no alcanza a las organizaciones gubernamentales regionales en sí, por la existencia de un aforismo incontrovertible, que indica: “los organismos internacionales son lo que los gobiernos miembros quieren que sean”. Y así es con esos engendros artificiales de la CELAC y la UNASUR, pero también con la OEA y el MERCOSUR.
Para esos distintos organismos regionales, —es decir para el conjunto de los gobiernos de Latinoamérica y el Caribe— Venezuela sigue siendo una democracia. De ahí que esos organismos —o sea todo el subcontinente— entienden que no hay razón alguna para invocar las distintas “cláusulas democráticas”.
Y por tanto está clarísimo, por ejemplo en la de la OEA, los elementos esenciales de la democracia representativa, los define la Carta Democrática Interamericana en el art. 3 y son:
1) respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales;
2) acceso al poder y su ejercicio con sujeción al estado de derecho;
3) celebración de elecciones periódicas, libres y secretas;
4) régimen plural de partidos y organizaciones políticas;
5) separación e independencia de los poderes públicos.
Y de esos cinco puntos, solamente el tercero —las elecciones— ha sido cumplido por el gobierno de Maduro, los otros cuatro restantes los ha ignorado y los sigue desconociendo. Y con las manifestaciones, esto se ha agudizado, pero de ninguna manera es algo nuevo.
Ya permitieron el fraude electoral de Maduro, pero aunque este no hubiese existido, ¿hasta cuando los gobiernos latinoamericanos ignorarán que el gobierno venezolano, aún admitiendo su muy dudosa legitimidad de origen, desde hace tiempo que no tiene legitimidad de ejercicio?
¿Hasta cuando van a permitir la falta de independencia de los Poderes Legislativo, Judicial y Electoral? ¿Hasta cuando van a tolerar las inconstitucionalidades de la destituciones de algunos Alcaldes, Diputados, Generales, por el sólo hecho de ser opositores y la prisión arbitraria de otros?
¿Hasta cuando van a consentir que la Defensora del Pueblo apruebe, en algunos casos, la tortura de Estado; que la represión haya causado decenas de muertos y torturados; cientos de presos y de heridos?
¿Hasta cuando van a soportar ese “socialismo del siglo XXI”, que ha conllevado el reemplazo del “cuco” del imperialismo norteamericano por la realidad del colonialismo cubano; la política del terror, con el fomento y financiación de grupos paramilitares; el fraude pre-electoral y electoral?
Todo esto, no ha siquiera servido para mejorar la situación económica del pueblo hermano de la bolivariana República de Venezuela, que sufre, además, del racionamiento “tipo cubano” de los alimentos y productos básicos de la canasta familiar.
Así, la última encuesta del “Instituto Venezolano de Análisis de Datos” (IVAD), nos señala que el 55% de los venezolanos cree que el gobierno no es democrático; el 33% se declaran “chavistas” y el 37% opositores (en un país dónde hay miedo a contestar sondeos); y para el 72% la situación del país es “negativa”.
Todo lo anterior, hace mucho más inexcusable la posición asumida por el Frente Amplio, la FEUU, el PIT-CNT, etc. y el gobierno uruguayo, en relación a la gravísima crisis que aqueja a Venezuela. Y como no podía faltar la nota surrealista, la tuvo que dar el Senador de la CAP-L, Luis Rosadilla.
En efecto, nuestro legislador promueve el alistamiento de voluntarios uruguayos, para ir a defender al gobierno de Maduro, porque:
“Ha llegado el momento de demostrar que ya pasó el tiempo aquél en que las fuerzas dominantes hacían y deshacían a su voluntad. Que nadie vaya a pensar que no habrá respuesta de los pueblos de América latina, porque sí habrá respuestas a eventuales injerencias extranjeras”.
¡Hay que defender a Maduro! ¿Contra quién? Contra un pueblo indignado por la falta de libertades, la inseguridad y las restricciones económicas y alimentarias que tiene que soportar.
¡Sí! Vayamos todos sable en mano, carabina a la espalda, a enrolarnos en la Embajada de Venezuela en Montevideo, para esa “cruzada progresista”.
¡Qué vergüenza! Y ¡qué delirio!
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