Cinco años después
Por Luis Hierro López
 Los gobiernos de Argentina y Uruguay publicaron los informes ambientales sobre el río Uruguay que Argentina embargó durante cinco años. Es una buena noticia que expresa un gran cambio del país vecino.
Mientras fui delegado de Uruguay en la comisión del río Uruguay, la Caru, reclamé sin éxito la publicación de los informes ambientales que los gobiernos habían dispuesto en sus acuerdos del año 2010. En esa instancia se resolvió crear un comité científico que realizaría inspecciones mensuales en el afluente de la planta de Upm y en la desembocadura del río Gualeguaychú en el río Uruguay. Las muestras que recogían los integrantes del comité científico se dividían en dos partes, una para Caru y otra para la Dinama de Uruguay. Debería haber ido una segunda muestra a la autoridad ambiental de Entre Rios, pero eso no se concretó.
Durante varios meses, los integrantes de Caru recibimos la información científica que confirmaba que el comportamiento de Upm era normal y que había en la desembocadura del río Gualeguaychú algunos valores por encima de lo permitido.
Al proponer la delegación uruguaya la publicación de esa documentación, tal como lo habían dispuesto los gobiernos, la delegación argentina empezó a oponer reparos sucesivos y diversos, impidiendo la divulgación de los documentos. En un país cuyo gobierno distorsionó las cuentas públicas y prohibió dar las cifras reales sobre inflación, desempleo y pobreza, este nuevo ocultamiento era esperable.
Ante esa situación, en diversas instancias internas en la Caru y en el Ministerio de Relaciones Exteriores reclamé que Uruguay exigiera públicamente la difusión de los informes.
En esa medida, sentí en noviembre del 2011 la obligación de informar por mi cuenta a la prensa sobre el bloqueo argentino, lo que al gobierno uruguayo de entonces no le cayó bien porque privilegiaba la estrategia de no generar discordias con el kirchnerismo dominante. Desde mi punto de vista, la cancillería uruguaya incurrió en una serie innecesaria de concesiones, que no tuvieron ninguna contrapartida, ya que los bloqueos comerciales y portuarios no sólo se mantuvieron sino que además se incrementaron.
El paso del tiempo nos ha dado la razón porque demuestra que la docilidad con que el gobierno del señor Mujica se manejó ante Buenos Aires no significó ningún beneficio concreto para Uruguay y, por el contrario, habilitó mayores e injustificadas represalias.
Con su actitud en este caso concreto, el gobierno uruguayo fue cómplice, además de un grave ocultamiento de información ambiental a la opinión pública, en un tema que indudablemente le pertenece a la gente, porque hay cuestiones de salud pública en juego y ocultar la información significó un atentado al derecho de las personas a estar debidamente informadas. Aunque la Dinama informó a los uruguayos, el gobierno fue omiso y permitió que su par argentino persistiera en su empeño de engañar a la opinión pública.
No vuelco estas reflexiones para exaltar mi actuación personal, sino para reivindicar otra vez la vieja verdad de que siempre los gobiernos deben actuar con transparencia y deben informar en forma absoluta a los ciudadanos.
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