La reciente firma del convenio entre la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) y diferentes entidades farmacéuticas para facilitar la dispensación de medicamentos en farmacias comunitarias en Montevideo y el área metropolitana marca un hito significativo en el acceso a la atención sanitaria. Esta medida, que entrará en vigor a partir de enero de 2024, se presenta como una alternativa valiosa para garantizar la disponibilidad de medicamentos recetados a los usuarios de ASSE, solucionando un problema de ataño.

La participación conjunta de ASSE, la Cámara Uruguaya de Farmacias y Afines, el Centro de Farmacias del Uruguay y la Asociación de Farmacias del Interior en la firma de este convenio es un claro testimonio de la voluntad de colaboración entre sectores clave para mejorar el acceso a la salud.

El presidente de ASSE, Leonardo Cipriani, destacó la importancia de esta medida como una herramienta adicional para los usuarios, brindándoles acceso a los medicamentos cuando estos no estén disponibles en los puestos de dispensación de ASSE. La posibilidad de retirar medicamentos en farmacias comunitarias representa un respaldo esencial para aquellos casos en los que la entrega se haya demorado por motivos logísticos o de disponibilidad de stock.

Es alentador constatar el compromiso de ASSE con la mejora del acceso a los medicamentos, como lo reflejan los números proporcionados por Cipriani. El aumento a 220.000.000 de unidades de medicamentos entregadas y la emisión de 20.500.000 recetas en 2022 son señales positivas de progreso en la cobertura de salud para los usuarios del sistema.

Sin embargo, mientras celebramos estos avances, es crucial recordar que aún queda mucho por hacer en el ámbito de la salud pública y el acceso a los medicamentos en Uruguay. La firma de este convenio no debe interpretarse como un punto final, sino como un paso en una dirección positiva que debe continuar fortaleciéndose y expandiéndose para beneficiar a más personas en todo el país.

El acceso a medicamentos es un pilar fundamental de la atención médica y un derecho básico de cada individuo. Queda pendiente la implementación de estrategias adicionales que mejoren aún más la disponibilidad, la accesibilidad económica y la calidad de los medicamentos para todos los ciudadanos, especialmente aquellos en situaciones vulnerables o con dificultades para acceder a la atención médica.

La colaboración entre el sector público y privado es esencial para abordar estos desafíos, que sabemos son de larga data.