Auditorias detectan irregularidades millonarias

Hasta el momento, entre INAU, MIDES y MGAP, el gobierno ha detectado irregularidades por $ 136 millones, unos US$ 3,4 millones a valores actuales. La situación de Gas Sayago sería francamente escandalosa. En varios sectores hubo despilfarro, irresponsabilidad y eventualmente, delitos muy graves y los autores de esos desmanes son los mismos dirigentes frenteamplistas que siguen pidiendo irresponsablemente que el Estado gaste más.

Durante la campaña electoral para las elecciones de noviembre, los cinco partidos políticos que integran la denominada "coalición multicolor" firmaron un documento titulado "Compromiso por el País". En él comprometieron la realización de una "auditoría de gestión" para "identificar espacios de ineficiencia y eventuales irregularidades en el manejo de recursos públicos".

Haciendo efectivas dichas promesas, el gobierno comenzó a realizar en marzo una serie de trabajos en los Ministerios, Entes y demás organismos del Estado. De acuerdo con El País, es inminente que el Poder Ejecutivo presente los resultados finales en las próximas semanas. En su edición de ayer, el semanario Búsqueda agrega que las autoridades de UTE investigan un "escándalo" con Gas Sayago, empresa que podría presentar "U$S 200 millones de pérdida". Otro desastre al estilo de Ancap está en marcha.

No obstante, hasta el momento, se han detectado irregularidades por montos superiores a los 3 millones de dólares. Falta de controles, mala administración y funcionarios corruptos son las principales causas del "agujero negro" heredado por la actual administración.

Las autoridades de los Ministerios de Desarrollo Social (MIDES) y Educación (MEC) fueron las primeras en detectar irregularidades. En el primero, los auditores encontraron una fuga de casi $ 10 millones por el impago de alquileres de refugios que debían efectuar las ONG.

Según consta en la crónica de El País, el MIDES les traslada a las ONG el dinero necesario para el pago del alquiler de las viviendas, pero unas 15 organizaciones no efectivizaron el pago a los propietarios de los locales. Una ONG específica, por ejemplo, debía 15 meses de alquiler.

Por su parte, el programa socioeducativo Uruguay Trabaja, acumuló más de $ 4 millones de deudas con el Banco de Previsión Social (BPS), mientras que la primera auditoría realizada por el MEC confirmó un faltante de $ 7 millones vinculados a los Fondos de Incentivo Cultural.

No obstante, las cifras de ambos Ministerios es pequeña si se la compara con el INAU y la Dirección General de la Granja (DIGEGRA). En INAU, se trata de incumplimientos graves de dos ONG, que entre ambas totalizan $ 57 millones, mientras que en DIGEGRA se detectó un faltante preliminar de unos $ 30 millones.

En este último caso, se trató de un funcionario que reformó su casa, tuneó el auto, se compró un iphone, un ipad y hasta un jacuzzi, además de viajar al Mundial de Rusia, todo con dinero de la repartición que debía administrar.

Seguramente habrá múltiples novedades de este tipo a medida que las investigaciones concluyan. Los autores de esos desmanes son los mismos dirigentes que protagonizan el griterío presupuestal, acusando al gobierno de la coalición multicolor de promover recortes insensibles e inhumanos, cuando en realidad lo que está haciendo ahora el gobierno es meramente poner orden en la casa, lo que haría cualquier padre de familia. No es neoliberal ordenar los números, es meramente algo de sentido común.

En definitiva, aunque el Frente Amplio se esmere en construir un relato desleal y malintencionado, que oculta su desidia en el manejo de los dineros públicos y acusa al actual gobierno de aplicar "recortes", las pruebas saltan a la vista y quedarán documentadas para ayudar, en el futuro, a los desmemoriados.



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