Hablemos claro. La derogación de las normas sobre seguridad sería la mejor noticia posible para el mundo del delito y el crimen organizado. Festejaría el Frente Amplio por haber herido al gobierno y a su lado tirarían fuegos artificiales los narcos. Por supuesto no creo que esta sea una consecuencia querida, pero sí inevitable de tener éxito en esta absurda empresa.

Cuando la Policía luce como la institución más respetada del país y los resultados de su lucha contra el delito son evidentes, ¿tiene algún sentido derogar las normas que le han permitido actuar con más eficacia? ¿No se advierte que derogar esas normas es un estímulo vigoroso a la delincuencia, paralelo al desaliento que se le genera a la Policía?

Ya tenemos experiencia en la aplicación de la LUC. Por más esfuerzos que se han hecho para denunciar presuntos abusos policiales, lo que se observa es más patrullaje, más prevención y una persecución sin cuartel al narcotráfico, que se había adueñado del país. No hemos caído en ninguna situación autoritaria sino, por el contrario, ganado en seguridad y, naturalmente, libertad, más allá de las restricciones que nos impone la pandemia.

¿Está mal que se castigue la resistencia al arresto? ¿O que se permita el registro personal o de vehículos? ¿O que se presuma que es legítima la actuación policial, sin perjuicio de sancionarla cuando se prueba su abuso? ¿Estaría bien retornar al viejo sistema de que el policía que disparó cae bajo a misma sospecha que el delincuente? ¿No es lógico que sea un agravante el homicidio que se comete contra un funcionario policial o militar en el ejercicio de sus funciones? ¿No hay legítima defensa cuando el comerciante de barrio se defiende de un asalto a su negocio para robarle el fruto de su trabajo? ¿La evasión de la cárcel no debe sancionarse para que no se repitan casos como el de los presos que acompañaron al famoso mafioso italiano en su fuga?

Esto es lo que está en juego. Nada más ni nadas menos. Y ocurre luego que la experiencia ha demostrado su utilidad en esa lucha tan difícil, cada día más difícil, contra una delincuencia que cuenta incluso con apoyo internacional.

En materia educativa, ¿es insensato que el gobierno y el Codicen aprueben un Plan Nacional que establezca los fines y objetivos de su gestión? ¿Es tan malo que las ramas de la enseñanza sean conducidas por un Director General y no por aquellos "consejitos" deliberativos, en que los miembros gremiales tenían, de hecho, el veto para todo cambio? Y no es que desaparezca la representación del profesorado, cuando se establecen dos cargos electivos en el órgano superior. En una palabra, los representantes gremiales, como lo fue hasta hace poco el actual Presidente del Consejo, Dr. Robert Silva.

Un histórico reclamo de los docentes es el de calificar para la calidad de títulos universitarios cuando han cumplido con una carrera académica de grado superior en el sistema educativo nacional. Por vez primera en la historia se logra esta conquista, luego de tantas frustraciones, como la que sufrimos nosotros mismos con un proyecto que no prosperó. ¿Por qué se deroga?

En otro orden, ¿hiere el derecho de huelga asegurar el derecho al trabajo de quien no quiere acompañar la medida? ¿No son derechos equivalentes el de parar como el de querer trabajar? Del mismo modo, ¿impide la huelga asegurar el derecho de la dirección de la empresa a ingresar a ésta? Quizás hubiera sido mejor lisa y llanamente prohibir las ocupaciones, pero esta fórmula consagra el máximo respeto para todos los intereses en juego. Del mismo modo que protege los derechos ciudadanos, prohibiendo los piquetes que obstaculizan la circulación en las vías públicas. Esto no es restringir la acción sindical sino proteger la vida normal de la ciudadanía.

El país está frente a un riesgo serio. Luego de meses de discutir internamente, el Frente Amplio y el PIT CNT se han lanzado a esta operación política que puede tener consecuencias muy dramáticas. Lo que comenzó como un ejercicio gimnástico hoy va tomando el color de un operativo desestabilizador. No digo que fuera esa la intención inicial de los promotores. Pero hoy, como están las cosas, doblarle el brazo a la Policía es abandonar a la ciudadanía.