Algunas interrogantes

El Fiscal Luis Pacheco aceptó algunas de las acusaciones presentadas por la oposición y descartó otras, pero quedan algunas interrogantes.

Sin licitación, el entonces presidente de Ancap Raúl Sendic resolvió en 2010 hacer una negociación con la empresa intermediaria Trafigura –acusada por negociados ilícitos en varios países– para comprar petróleo por U$S 4.900 millones. Por la intermediación, Trafigura ganó U$S 200 millones. El asunto lo resolvió Sendic por su cuenta y luego lo hizo convalidar por el Directorio, pero salteándose olímpicamente los requisitos legales. El Fiscal acusó a Sendic y a los integrantes del Directorio, por ese hecho, por abuso de funciones en casos no previstos especialmente por la ley, pero no pudo agregar otras acusaciones...

La misma situación se da ante otras actuaciones del Directorio. Por una de ellas, Ancap ya fue condenada en la órbita civil a indemnizar por U$S 320.000 a una empresa privada a la que notoriamente perjudicó en una licitación favoreciendo irregularmente a otra empresa. Además, el Fiscal recordó que la empresa Exor, al haber sido sustituida por Ancap de algunas negociaciones aparentemente en forma arbitraria, sigue contra la empresa estatal un juicio por U$S 34 millones.

Ante esas pérdidas y otras tan o más cuantiosas que se han provocado ¿cabe o no cabe aplicar las normas que establece la Constitución sobre la responsabilidad civil de los funcionarios responsables de los daños? Los artículos 24 y 25 de la Carta Magna establecen: “El Estado, los Gobiernos Departamentales, los Entes Autónomos, los Servicios Descentralizados y en general, todo órgano del Estado, serán civilmente responsables del daño causado a terceros en la ejecución de los servicios públicos confiados a su gestión o dirección”. Luego la Constitución indica que “cuando el daño haya sido causado por sus funcionarios en el ejercicio de sus funciones o en ocasión de ese ejercicio, en caso de haber obrado por culpa grave o dolo, el órgano público correspondiente podrá repetir contra ellos lo que hubiere pagado en reparación”.

A su vez, el Fiscal no hizo lugar a las acusaciones de la oposición sobre los gastos en publicidad, la contratación de publicidad con una radio inexistente y la organización de una fiesta en la que se gastaron U$S 300.000. El Fiscal sostuvo que aunque exagerados, los gastos no configuran delitos.  Pero la periodista Patricia Madrid –@PatriciaJMadrid– autora de las notas periodísticas que revelaron los excesos de Sendic con las tarjetas, indicó su sorpresa ante notorias carencias del dictamen fiscal. “¿Cuál es el mayor blanco que dejó el fiscal Pacheco en la megacausa de Ancap? A mi entender, la posible conexión entre Ancap-La Diez- Fundación Propuesta 2030- el financiamiento de la campaña de la lista 711 (tres apellidos unen estos puntos: Sendic, de León, Álvarez)”, estableció en su cuenta de Twitter. La Diez es la agencia de publicidad seleccionada a “dedo”, por Ancap. Álvarez es su director, también publicista de la 711.

Quiere decir que la Fiscalía no pudo –o no quiso– abundar en algunos aspectos de la investigación, que pueden ser profundizados por la prensa en las próximas semanas.



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