Precisamente, uno de los desafíos de nuestra Repúblia son los derechos a rescatar. De aquellos que hoy están seriamente vulnerados o en riesgo y que hacen a los aspectos sustantivos de la vida ciudadana.

El primero de ellos, hoy en crisis, es el de ejercer la libertad en paz, circular por la vía pública, desplazarnos sin temores en el camino a nuestras casas o lugares de trabajo. Son derechos primigenios, sustantivos, originales en la organización social. El hecho es que entre el auge delictivo, el desorden público de las fiestas "autoconvocadas" y una nube de "limpiavidrios" y "cuidacoches", en que se mezclan los buenos a ayudar con los malos a alejar, terminamos en que salir a la calle cada día es una aventura. Riesgos siempre hubo y los habrá, pero este clima actual no tiene precedentes. Detener el automóvil en un semáforo impone mirar hacia todos lados antes de hacerlo, tomar preocupaciones, que en el caso de una mujer -digámoslo claro y sin falsos pudores- son desgaciadamente mayores.

En otro orden, ¿el derecho al trabajo no tiene valor? El derecho a la huelga reconocido por la Constitución, ¿no tiene que convivir con el de entrar a trabajar quien así lo desee? Establecer claramente que no son legítimas las ocupaciones, sea de establecimientos privados tanto como públicos, es recuperar un derecho perdido hace muchos años. Eso se está intentando en la llamada "ley de urgencia", que ha venido cobrando vida propia en estas semanas. Más allá de si es más o menos feliz su redacción, debe entenderse que se está queriendo preservar un derecho fundamental y que negarlo no es democrático.

Cuando hablamos hoy de la legítima defensa de las personas, en medio de todo lo que está ocurriendo, se está intentando preservar un derecho que hoy está en los hechos diluido, entre límites confusos y doctrinas presuntamente garantistas que lo son para quien delinque y no para quien es la víctima. Estamos viviendo situaciones muy complejas: por un lado de indefensión y, por otro, de excesos en esa necesidad de defenderse. La sociedad toda está envuelta en esa situación. Desde el pequeño comerciante hasta el criador de ovejas saqueado, desde el simple ciudadano hasta el policía. Hay que rebalancear derechos y deberes, establecer con claridad normas e interpretaciones para un tiempo que, desgraciadamente, no es normal. Y usamos esta palabra, hoy tan discutida, deliberadamente: "normal" como cumplimiento habitual de la norma, donde siempre hubo excepciones, por oposición a nuestra realidad actual en que la excepción ha pasado a ser el hábito.

Vayamos ahora a un derecho muy relevante: el de la educación. Y aquí nos encontramos con abusos, como ya está preanunciando algún gremio docente, que anuncia paros en cadena. Tomar de rehenes a niños y adolescentes es lo que hemos vivido en los últimos años. Ellos han sido las víctimas propiciatorias de una visión ideológica populista y reaccionaria, reactiva a toda oportunidad de cambio, dogmática en la orientación y definida por un propósito inequívoco de adoctrinamiento mucho más que de educación. El propio profesor Robert Silva, futuro Presidente del Codicen, siendo miembro de ese órgano en representación de los docentes, fue declarado persona "no grata" por haber osado preguntar qué había ocurido en un establecimiento de enseñanza cuando se organizó un simulacro de secuestro.

Todos estos derechos han estado y están en cuestión. Y son los fundamentales. No se trata hoy, entonces, de discutir qué riesgo corren algunas normas legales sancionadas en este período y que nadie ha puesto en duda. El desafío mayor, por el contrario, es el rescate de los derecchos perdidos, aquellos que hicieron lo mejor de nuestra historia, los que definieron la convivencia pacífica de nuestra República, la vida en una sociedad abierta y tolerante.