Una nueva auditoría sobre la AFE frentista, reveló ocho hallazgos de nivel "alto" y "extremo". Ausencia de información sobre los múltiples inmuebles del Ente; falta de controles sobre el uso de su patrimonio; falta de certeza de los montos a cobrar por alquileres y ausencia de gestiones efectivas para la cobranza de los mismos; debilidades en el proceso de contratación de las empresas de seguridad por las que se pagó más 680 millones de pesos de 2004 a 2020; y, finalmente, debilidades en la gestión y control de la prestación del servicio de vigilancia. AFE es una perla más del collar de desastres del mismo frentismo que hoy pretende volver.
A comienzos de semana, la Auditoría Interna de la Nación (AIN), organismo que encabeza el sistema de control interno del Estado, publicó un nuevo informe de auditoría sobre las últimas tres administraciones frentistas (2005-2020) al frente de la Administración de Ferrocarriles del Estado (AFE). Los penosos hallazgos encontrados por la AIN, demuestran la mala administración y negligencia frentista que, desde 2020, viene denunciando uno de los promotores de la auditoria, el actual Vicepresidente de AFE en representación del sector "Batllistas" del Partido Colorado, Dr. Gustavo Osta.
En una entrevista con el diario La Mañana, publicada en marzo de este año, el Dr. Osta explicó de forma contundente: "Al asumir, en junio de 2020, nos encontramos con un clima desolador, un organismo en una situación de decadencia [...] Estamos en un proceso de auditoría. Hemos visto desajustes, situaciones de irregularidad de tipo clientelístico, muy mal manejo de algunas compras, o contratos que en un caso fueron de seguridad donde el gasto pasó de US$ 160 mil en 2004 a años donde se gastaron más de US$ 2 millones. Son US$ 25 millones en 15 años, en un sistema de vigilancia que no daba garantías del efectivo cumplimiento del servicio".
La nueva auditoría confirma las preocupaciones del director colorado. Uno de los hallazgos más preocupantes fue la constatación de que AFE desconocía el alcance completo de su patrimonio inmueble. Cuando asumió la actual dirección, la institución carecía de información confiable y actualizada sobre la cantidad de bienes en su propiedad, su valor patrimonial o catastral, y su estado. Los controles existentes no proporcionaban detalles sobre el estado de conservación de estos bienes ni sobre sus ocupantes, lo que, obviamente, ha dificultado garantizar un uso adecuado de estas instalaciones.
La falta de claridad en la cantidad de inmuebles arrendados y la ineficiente gestión de cobro de los mismos han generado, sostiene la auditoria, "incertidumbre" sobre los ingresos que "constituían la principal fuente financiera de AFE". No se conocían con precisión los montos a percibir, su exigibilidad y, en algunos casos, ni siquiera la disponibilidad real de los bienes en cuestión. La gestión de patrimonio se había convertido, a juicio del auditor, en un área vulnerable y poco controlada.
Otro hallazgo significativo de la auditoría se centró en el servicio de vigilancia contratado para los inmuebles de AFE. No se encontró evidencia de que se hubiera realizado un estudio objetivo que justificara los requisitos de seguridad solicitados para la prestación de este servicio. El proceso de llamado al servicio presentaba debilidades que afectaban la calidad de la contratación y, además, no se podía garantizar que las actividades de control implementadas fueran efectivas para la salvaguarda de los activos. La falta de un enfoque claro en la seguridad de sus activos solo aumentaba la incertidumbre en la gestión de patrimonio, asegura la AIN en su informe.
El hecho más sintomático de la negligencia de las autoridades frentistas es que AFE no cuenta con pruebas fehacientes para constatar que los servicios de seguridad contratados se hayan llevado a cabo, hecho que plantea serias dudas sobre el manejo de los fondos destinados a este rubro. Desde 2014, solo una empresa -la cual nunca se controló- ha sido beneficiada con los contratos de seguridad de AFE. La empresa presentaba facturas y un funcionario encargado de las contrataciones las avalaba sin realizar ninguna objeción. Ante esta situación, el año pasado, el directorio de AFE sugirió una investigación interna que posteriormente derivó en la separación de cargo del mencionado funcionario, quien actualmente enfrenta un proceso penal. De 2004 a 2020, AFE pagó más 680 millones de pesos en servicios de seguridad.
Además de los problemas específicos en la gestión de inmuebles y la seguridad, la auditoría también reveló debilidades en la estructura y el control interno de AFE. La falta de una estructura organizativa eficiente y la concentración de funciones incompatibles dificultaban la ejecución oportuna y adecuada de las gestiones relacionadas con el patrimonio inmueble, reitera la AIN en su informe, agregando que el ambiente de control dentro de la institución era insuficiente, lo que exacerbaba los problemas identificados en las áreas específicas de auditoría. En definitiva, se concluye que la falta de una cultura de control y una supervisión efectiva habían contribuido al deterioro de las operaciones de AFE a lo largo de los años.
Como decíamos al comenzar, hay decenas de otros ejemplos. Aquí solo le recordamos uno más a los desmemoriados que aseguran que las auditorias solo encontraron "café vencido"; ojalá así fuera...
