A propósito del archivo de la causa penal de Gas Sayago

No es necesario sembrar suspicacias ni cuestionar la decisión del fiscal Pacheco para advertir que, independientemente del archivo de las actuaciones, las imprevisiones, las negligencias, los gastos excesivos, la prosecución de la obra a pesar de haber existido oportunidades para discontinuarla y las millonarias pérdidas ocasionadas al erario público, existieron. Que el fiscal, en un plano subjetivo, no encuentre pruebas de la "intencionalidad" que reclama la figura penal, no quiere decir que la "fiesta" no ocurrió. Con los 250 millones de dólares que tiraron en la malograda obra, podrían haber hecho dos represas y media con recursos genuinos -no con préstamos "preaprobados".

El viernes de la semana pasada, la Fiscalía Penal de Montevideo, a cargo del Fiscal Letrado Penal de 1º turno, Dr. Luis Pacheco, solicitó el archivo de la causa que investigaba las irregularidades en la gestión del proyecto "Gas Sayago" durante las últimas dos administraciones frentistas. Como el lector recordará, en 2021, la actual administración de UTE trasladó los resultados de una auditoria externa sobre el proyecto a la Justicia. Allí se dilucidó que la empresa, integrada en un 100% con capital estatal -un 79 % correspondiente a UTE y un 21 % a ANCAP- y cuyo único legado son unos pilotes (foto que acompaña esta nota) que cuesta una fortuna desenterrar, generó pérdidas por 250 millones de dólares.

El dictamen del fiscal Pacheco, en el que solicita el archivo de la denuncia penal, no deja lugar a dudas. "Si bien se constataron imprevisiones, errores estratégicos, negligencias e irregularidades administrativas [...] y si bien es innegable que definitiva se constataron pérdidas financieras para el Estado, aún pendientes de estimación definitiva en virtud de la existencia de juicios en trámite, no se advierte la comisión de actos arbitrarios, de la naturaleza de los previstos en el artículo 162 del Código Penal, intencionalmente dirigidos", escribe con contundencia el fiscal.

Esas "imprevisiones", "negligencias" y "gastos excesivos", aclara Pacheco, "no configuran por sí la comisión de un delito". El "acierto o desacierto de las decisiones empresariales adoptadas, aun desoyendo la opinión de los técnicos o de consultoras" quedan "fuera del alcance del derecho penal", concluye. Asimismo, "por tratarse de una sociedad constituida bajo el régimen de derecho privado", aquellos indagados que no revestían la calidad de funcionarios públicos, no pueden ser juzgados. Recién con la entrada en vigencia del Código de Ética en la Función Pública y la LUC, explica Pacheco, "los representantes del Estado en los Directorios de sociedades anónimas con participación estatal en el capital accionario pasan a tener las mismas responsabilidades civiles, administrativas y penales que los funcionarios públicos".

Finalmente, aunque el fiscal solicita disponer el archivo de las actuaciones en la órbita penal, aclara que se continúa a la espera de información por parte de las autoridades de la República Federativa del Brasil en una de las líneas de investigación. Específicamente, el fiscal refiere a la interferencia de funcionarios públicos de Brasil para que Gas Sayago contratara a OAS. En la contestación que llegó desde Brasil, cita Pacheco: "en ocasión de ampararse en un acuerdo de colaboración, un indagado en aquél país declaró que Fernando Pimentel le había explicado que había intermediado en interés de OAS para la construcción de un gasoducto en Uruguay...que tenía contactos con el entonces jefe de la Casa Civil del Presidente Mujica...que viabilizó la contratación de OAS para construcción del gasoducto".

En suma, puede que el fiscal entienda que, al menos hasta el momento, no hay pruebas de la "intencionalidad" que reclama la figura penal; no obstante, la negligencia y el despilfarro son inocultables. Hasta el momento, ninguno de los jerarcas frentistas ha podido explicar por qué un proyecto de la magnitud de Gas Sayago se llevó adelante sin estudios de viabilidad, análisis de sensibilidad ni evaluación de los principales riesgos. Tampoco han explicado por qué no pararon el proyecto a tiempo, generando pérdidas por 250 millones de dólares.

Igual de inexplicables son la infinidad de irregularidades en la estructura administrativa y salarial de la empresa, los excesivos gastos en consultorías y honorarios, y la concesión de indemnizaciones por encima de la norma. Recordará el lector que en Gas Sayago había un rubro "gimnasia laboral y masajes", con clases que se extendieron aun cuando se dio por terminado el contrato con la adjudicataria de la obra. A esa altura no había nada para hacer, pero los privilegios continuaron. El contribuyente también pagó más de 210 mil dólares para la "alimentación" del personal de la inexistente empresa: "lunch/catering", "almuerzos y cenas", "café y azúcar", "canastas y comidas en las fiestas", "frutas" y hasta "frutos secos".

Pero además de brindar servicios para calmar el "estrés" y el "hambre" de sus funcionarios, Gas Sayago "preparó" a su personal pagando maestrías y postgrados en universidades privadas. Los fatigados funcionarios eran tan maltratados -entienda el lector la ironía- que la empresa también otorgó en 2013 gratificaciones extraordinarias por montos equivalentes a medio aguinaldo cada una, lo que totalizó un gasto de más de medio millón de pesos.

Para finalizar, resulta apropiado recordar también el dictamen emitido por la Junta de Transparencia y Ética Pública en 2021, en el que se señalan, además de los gastos excesivos que acabamos de reseñar, "[...] distintas omisiones e imprevisiones en la fase previa, respecto de la viabilidad financiera del proyecto, apartándose de las mejores prácticas internacionales; un sobrecosto importante entre el costo de la obra inicialmente estimado y el monto final de los contratos; una ausencia de los debidos controles por parte de los entes públicos accionistas; y en definitiva [...] un desvío de las directrices generales de buena administración y de ética pública".

En fin, quizá no haya una causa penal, según entiende el fiscal, pero en el plano administrativo y fundamentalmente en el ético, los hechos son inexcusables. La explicación que falta es política.




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