¿A la izquierda de qué?

Por Julio María Sanguinetti

El inmovilismo en materia educativa de quienes se proclaman “de izquierda”, constituye una amarga ironía porque impide detener y superar la crítica situación del más idóneo instrumento para la conquista de la equidad social.

Desde los tiempos de la revolución francesa, lo de izquierda o derecha es una posición relativa, una situación de comparación. Estará más a la izquierda quien privilegie igualdad y justicia social y más a la derecha quien lo haga con la libertad y el orden. Como es notorio, ya el siglo pasado mostró que estos dos estereotipos están intercambiados y que el blanco y negro no describe casi nunca la situación. Cada vez son más los liberales progresistas y los socialistas liberales.

Días pasados, en “El País”, el sociólogo Fernando Filgueira dijo que “si la izquierda… no logra plantearse y desarrollar un proyecto de calidad educativo genuinamente inclusivo, estaría fracasando en uno de los pilares centrales de un gobierno de izquierda, que no debe ser solo el del bienestar general de la población sino el de igualación de posibilidades, oportunidades y resultados”.

A la luz de esta afirmación, está claro que ya el Frente Amplio fracasó. Lleva doce años en el gobierno y, lejos de que la educación esté igual, ha retrocedido. Tanto en calidad como en equidad social, y son abrumadores los datos en ese sentido. El propio Filgueira es el mejor testimonio de esa conclusión, porque instalado como Subsecretario de Educación para comandar una renovación, tardía pero siempre imprescindible, tuvo que irse a los pocos meses de gestión junto al Director de Educación, el maestro Mir.

Los resultados son incuestionables. No termina Secundaria el 60% de los muchachos y ello es la consecuencia de un largo arrastre de insuficiencias que comienza en la escuela primaria, donde el “pase social” —y otras medidas coincidentes— han establecido la medianía como valor, la excelencia como privilegio a extirpar y condenado la repetición como procedimiento de exclusión.

Lo más grave es que se interrumpió el proceso de cambio que nuestro gobierno de 1995 a 2000 había iniciado. Por razones ideológicas y de intolerante prejuicio, se nos apostrofó de todos los modos posibles y hasta se sancionó a docentes de jerarquía que, siendo frenteamplistas, osaron colaborar con el mejoramiento de la educación. En solo cinco años, la educación inicial había aumentado un 66%, pasando de 45 mil alumnos a 74 mil y la formación docente, un 75%, saltando de 7 mil a 13 mil alumnos. Aquella expansión, que cualitativamente mostró avances tan notables como los bachilleratos tecnológicos de UTU o las escuelas de tiempo completo en primaria, fue desarmada y el resultado está a la vista.

El inmovilismo del gobierno nace de la ley de educación del primer gobierno de Vázquez, a quien se lo impusieron las estructuras corporativas que organizaron unos “debates” educativos que manejaban ellos y no concitaron, por lo mismo, el interés de la sociedad. Esa ley desbalanceó, en perjuicio de los gobiernos, la capacidad de conducir el sistema, atribuyéndole a los sindicatos un poder decisorio (por lo menos para impedir). La propia demografía actual del Frente Amplio, con un PIT-CNT y un MPP como fuerzas gravitantes, impone esa realidad: solo se puede hacer lo que acepten esa gremial y ese sector, cada día más rechazadss por la gente, cansada de paros e intemperancias.

En reciente reportaje radial, el propio Fernando Filgueira reconoció la importancia de aquella ley en la situación actual. La cuestión, sin embargo, va más allá de los diseños institucionales: requiere coherencia, formación de un verdadero equipo directriz. Todos los técnicos consideran que no hay suficiente coordinación entre las diversas ramas de la educación. Pues bien, para eso se creó el Codicen, ese es su rol. Por lo tanto es decisivo que ese órgano rector y coordinador tenga confianza en quienes administran sus diversas ramas. Si no existe esa coincidencia recíproca, se caerá nuevamente en la anarquía que —justamente— se pretendió superar cuando se estableció el órgano superior. La historia reciente demuestra que es posible esa coordinación. La reforma que abordamos en nuestra segunda presidencia solo fue posible porque el Codicen que presidía Rama tenía sintonía con los demás jerarcas. Por supuesto, esa evocación también nos recuerda que todo avance en la materia conlleva un conflicto con el inmovilismo de las corporaciones. En aquellos años llegaron al insulto y hasta el sabotaje para frenar esa reforma que fue el único intento importante en los últimos 40 años del país.

Volvamos entonces al principio. ¿Es izquierda la que ya en el Consejo que presidió Pivel Devoto, en 1985, se oponía radicalmente a que en las escuelas con mayores dificultades se dieran más horas y clases los sábados? ¿Se puede hablar de izquierda, cuando trataron de detener una reforma de profundo contenido social, que trataba, justamente, de atenuar los rezagos sociales, ofreciéndoles más apoyo a quienes lo necesitaban? ¿Se puede hablar de izquierda cuando en tres gobiernos el Frente Amplio no ha logrado encaminar reforma alguna?

La respuesta es obvia. Y esa es parte de la confusión de ideas que vive el país. Si no la supera, no entrará en el imprescindible camino de reformas que haga de la educación pública el ámbito moderno e integrador de la sociedad que fue desde las escuelas “laicas, gratuitas y obligatorias” de José Pedro Varela. Hoy no lo es, entre tantas otras cosas, porque la cerrazón ideológica le insufla a la educación un aire frustrante de rechazo a la sociedad global, al mundo de la competencia, a eso que, bajo el rótulo de “capitalismo”, se carga como responsable de todos los males.



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