"Si ganaba el Frente Amplio hubiéramos seguido certificando", reconoció uno de los sindicalistas de Fenapes en su comparecencia ante la comisión parlamentaria que investiga la gigantesca maniobra en la que más de 30 docentes justificaron cientos de horas de forma irregular en más de 20 liceos en todo el país. Impedir, con nuestro voto en contra de la derogación de la LUC, el regreso del sistema que permitió cosas como estas, es un mandato cívico.

El lunes pasado, el sindicalista y docente Mario Bango, concurrió a la comisión investigadora que indaga el caso de las licencias sindicales "truchas" que fueran detectadas en la respuesta a un pedido de informes realizado por el Diputado colorado Felipe Schipani.

Increíblemente, durante su comparecencia, Bango reconoció la complicidad de las autoridades de la educación del Frente Amplio en las irregularidades con las inasistencias. "Si hubiera ganado el Frente no se habría tocado este tema; hubiéramos seguido certificando por 70-14, o 70 no sé qué", aseguró con desparpajo, victimizándose y cargando contra el gobierno ya que, según él, se "ha tomado [el caso] como un botín de guerra".

Según las actas de la investigadora, publicadas por El País, el integrante de Fenapes, también reconoció que "si hubiera un convenio firmado [...] no se habría creado esta comisión". Aunque Bango reconoció que nunca había visto el convenio por el cual los docentes, incluyéndolo, justificaban inasistencias, defendió el uso de esta causal, a la que consideró "un derecho".

"No es un certificado", justificó el sindicalista, sino que es una "constancia". "Esas solicitudes que hacíamos de Fenapes tampoco son ni truchas ni falsas", afirmó en clara alusión al diputado denunciante, el colorado Felipe Schipani. "Trucho" es el argumento que esgrimen "algunos diciendo que son falsos", dijo Bango y advirtió una "operación política" en contra Fenapes.

Según la "lógica" de Bango, utilizar un convenio que no existe como argumento para justificar faltas no es "trucho" ni "falso"; por el contrario, es "un derecho". Por si fuese poco, Bango acusa a los legisladores de nuestro Partido de montar una operación política y someterlos al escarnio público, como si nada hubieran hecho.

Veamos, paso a paso, la supuesta "operación" que denuncia Bango, que solo en un año (2015) presentó 28 certificados para participar en "actividades encomendadas" por el gremio al que pertenece; por supuesto, dejando a los alumnos sin clase.

Hasta el momento, la comisión ha logrado determinar que 38 dirigentes sindicales obtuvieron licencia de modo irregular en 20 liceos de todo el país durante el quinquenio anterior, en el que gobernaba el Frente Amplio. Además de Bango, se destaca el caso del expresidente de Fenapes, Marcel Slamovitz, que faltó 250 horas entre 2016 y 2017 y el de Raúl May, que en el año 2018 presentó 27 certificados (algunos de los cuales fueron firmados por el entonces presidente del gremio Marcel Slamovitz), para justificar 194 horas de faltas.

También se supo que la excesiva justificación de horas docentes fue denunciada por varios directores y que las autoridades de la época hicieron caso omiso y hasta justificaron la maniobra.

Así lo reconoció uno de los exdirectores engañados por los sindicalistas en el Parlamento: "estábamos en arenas movedizas, no sabías del todo bien qué hacer". Según él, en ese momento se encontraban "desprotegidos", ya que "el propio sistema no daba las herramientas para ser preciso". El exdirector demostró que Bango faltó 56 días en un año, además de su licencia regular y sindical.

Otra directora, que también denunció la situación, fue más allá y abrió un expediente solicitando asesoramiento legal. De acuerdo al expediente, abierto en 2017, una abogada de jurídica de Secundaria pidió adjuntar el convenio que aparece mencionado en las constancias de Fenapes, pero el sindicato no lo presentó. En sus descargos, la profesional subraya que el único convenio adjuntado refiere a licencia sindical, por lo que "nada establece respecto a la justificación de inasistencias al amparo del artículo 70-10" (por el que los sindicalistas justificaban sus inasistencias). Asegura, además, que "no existe fundamento para justificar las inasistencias del profesor al amparo del artículo 70-10, por participar en actividades encomendadas por el Comité Ejecutivo de Fenapes".

Pese a la contundencia del informe técnico, las autoridades de la época decidieron archivar el caso. La actuación de los exconsejeros de Secundaria del último gobierno del Frente Amplio fue bochornosa, por decirlo respetuosamente. En marzo de 2017, luego del expediente que abrió la directora del Liceo 1 de San José, el Consejo de Secundaria, integrado Celsa Puente y Javier Landoni, por el gobierno del Frente Amplio, e Isabel Jaureguy, electa por los sindicatos, abordó el caso.

En una de las múltiples sesiones en las que se discutió la escabrosa situación de Slamovitz, la consejera docente Jaureguy, opinó que era un tema "complejo" y que "los chicos van a perder clase"; no obstante, añadió que se trataba de "un dirigente sindical nacional" y, por lo tanto, se debían "justificar las inasistencias".

En base a eso, Puente le propuso a la consejera "que lo trabaje, para cuidar los mensajes que se dan". En las reuniones bipartitas entre los consejeros de Secundaria y los dirigentes de Fenapes, el gremio insistió en la necesidad de justificar "una larga lista de inasistencias", que revestían la misma condición que las de Slamovitz.

Aunque Puente entendió "excesivo" el pedido, el otro consejero del gobierno frenteamplista, Landoni, opinó que esta resolución de Secundaria implicaba "un acto político [...], por lo cual se debería ser discreto". Además, pidió que a la hora de hacer el presentismo "no se perjudique" a los sindicalistas.

Con un desparpajo pocas veces visto, Landoni también pidió "proteger" a los docentes, porque "si se llegara a filtrar esta información sobre las inasistencias", los sindicalistas "caerían bajo el escarnio público".

Tan fraudulenta fue la gestión, que el propio Wilson Netto, expresidente del Codicen frenteamplista, confirmó las denuncias sobre las licencias irregulares en secundaria. No obstante, al momento de ser citado al Parlamento, decidió no concurrir. En paralelo, los legisladores frenteamplistas, para quienes la situación resultó insostenible, se retiraron de la comisión.

A la luz de los hechos, es entendible que el Frente Amplio y Fenapes busquen derogar los artículos de la LUC que terminaron con el perverso sistema que permitió, entre otras cosas, esta gigantesca maniobra fraudulenta. Por lo tanto, nuestro deber cívico es defender el cambio que la población votó en octubre y ratificó en noviembre de 2020.