2012 o cuando el "modelo" empezó a mostrar las grietas

Por Santiago Torres

Tempranamente, a poco de andar la gestión de Tabaré Vázquez, desde estas páginas advertimos que en un contexto de crecimiento del PIB a tasas asiáticas, el riesgo de un recalentamiento de la economía por una expansión excesiva de la demanda agregada, era muy alto. Es un riesgo para cualquier economía, pero para una pequeña como la nuestra, mucho más. Y de hecho, la administración de Vázquez tuvo un primer episodio de recalentamiento, con inflación que amenazaba dispararse, y que se procuró controlar mediante la represión tarifaria y acuerdos de precios (como ahora), todas medidas que no solucionan el tema ?de hecho lo agravan a la larga? pero que sirven para frenar el IPC, o sea, el numerito, que es lo que en realidad los agobia.

El gobierno que asumió el 1° de marzo de 2010 no sólo no corrigió aquellas vulnerabilidades sino que las profundizó. Y 2012 ?se trata de evaluar este año? mostró la persistencia en los errores desde el arranque mismo.

Así, en febrero tuvimos el debate intragobierno en torno al “espacio fiscal” del año anterior, donde diferentes reparticiones querían echar mano del mismo. Una discusión verdaderamente surrealista porque se disputaban, en realidad, la nada, puro aire. Cualquier observador no iniciado en las peculiaridades del dialecto gubernamental frenteamplista pensaría ?con toda lógica? que un “espacio fiscal” es una forma de llamar a un superávit en las cuentas del gobierno. Pues no: el “espacio fiscal” (que debe traducirse como “margen para gastar más plata”), en realidad era que en 2011 hubo menos déficit que el previsto. Se preveía un déficit del 1,1% pero se registró un déficit de 0,8%, equivalente a unos 140 millones de dólares. Como explicamos entonces, el mentado “espacio” era un excedente inexistente. ¿Desde cuándo perder menos de lo previsto supone “ganar” algo?

Pues bien, el gobierno tenía dos opciones: 1) gastar ese sobrante inexistente o 2) cancelar la correspondiente cuota-parte de deuda que se contrajo para cubrir el déficit originalmente previsto. Lo sensato y razonable era hacer lo segundo. Pero con un ojo puesto en las elecciones internas del Frente Amplio de fines de mayo de este año, el Ministro Lorenzo ?perteneciente al siempre vulnerable Frente Líber Seregni? optó por lo primero, aun a sabiendas de que con ello incrementaría el gasto público, el déficit y, por tanto, atizaría todavía más el problema inflacionario, que ya constituía un problema en aquel momento.

Y hablando de inflación, para 2012 las autoridades fijaron un rango meta del 4% al 6% (el mismo que para 2011). El año empezó, en apariencia, relativamente bien y el primer trimestre había arrojado una morigeración en el crecimiento del IPC. La sumatoria del incremento de la tasa de interés de referencia del 8% al 8,75%, dispuesta a fines de 2011 por el BCU, un menor impacto de la demanda agregada por el turismo (fue una temporada no muy buena) y la represión tarifaria (o sea, demorar el incremento de tarifas públicas) seguramente hayan sido algunos de los factores que contribuyeron a enlentecer el ritmo inflacionario (enlentecer, no revertirlo, y siempre por encima del rango meta). Pero ya en abril, el IPC ?apenas un indicador de inflación? volvió a desbocarse alcanzando el mayor registro para ese mes desde 2007, con lo que el IPC acumulativo anual pasó de 7,48% en marzo a 7,99% para ese mes de abril, o sea, casi 2 puntos por encima del techo del rango meta.

El propio Presidente del Banco Central, Mario Bergara, se vio obligado a reconocer que “quizá este año no converjamos en el rango del 4% al 6%”, agregando que todo se debía a “un contexto de fuerte demanda más allá de lo esperado”. Realmente sorprendió ?y hasta dolió? ver a un técnico solvente, como sin duda lo es Bergara, tener que incurrir en una excusa tan pueril, como si él no supiera de sobra que si había algo esperable era, precisamente, un escenario de “fuerte demanda” en razón de los niveles de gasto público e incrementos salariales por encima de la productividad que se venían registrando.

Aproximándonos a la mitad del año, en el mes de mayo, Brasil decidió cambiar su política económica a efectos de impulsar un crecimiento esquivo: debilitamiento del Real y un fuerte paquete de estímulos fiscales para mejorar la competitividad de las exportaciones brasileñas en los mercados externos, la cual venía seriamente afectada, y alentar a su sector productivo. Ese giro “productivista” en la política brasileña significó un nuevo mazazo para la economía uruguaya y puso al gobierno ?y en especial al BCU? contra las cuerdas, porque el “estribo” brasileño al que Mujica dijo había que subirse se nos caía: las exportaciones uruguayas perdían competitividad en el mercado del país norteño. Hacer un giro similar en la política uruguaya —lo razonable— era imposible, no por una determinación de la naturaleza sino porque al gobierno y al oficialismo le resultaban ?le resultan? políticamente imposibles, ya que para que la política cambiaria siguiera el ritmo de la brasileña debería recortarse el gasto público (lo que hizo Dilma en proporciones épicas) y eso, ya se sabe, es un imposible político e ideológico ?cuasi religioso? para nuestro oficialismo.

En junio volvió a eclosionar la telenovela de los dos equipos económicos en disputa, un invento del Presidente Mujica, quien tiene una asombrosa capacidad para crearle problemas gratuitamente a su propio gobierno en aras de su inveterada vocación por las conspiraciones políticas de corto plazo. Efectivamente, a principios de junio el Vicepresidente Astori reclamó a los Ministros “que no se gaste ni un peso más de lo previsto” ante la incertidumbre internacional, pero el día antes Mujica se había reunido en su chacra con el equipo económico paralelo “mujiquista” para preparar los lineamentos de la próxima Rendición de Cuentas.

Precisamente, llegó la Rendición de Cuentas y en lugar de decirnos que para el futuro se preverían superávit fiscales o, cuando menos, equilibrar las cuentas públicas, se nos informó que para los años subsiguientes habría déficit aún mayores a los previstos en la Rendición de Cuentas de 2011. Eso sí: en la Rendición, el gobierno reconoció que se le fue la mano en el gasto y en el endeudamiento pero ?como era de prever? tenía explicaciones para todo: se gastó más por el imprevisto de una menor generación hidráulica por razones climáticas y se endeudó más para generar un “colchón de reservas”. En vez de corregir el rumbo y seguir una política de generación de superávit fiscales, que además de evitar presiones inflacionarias y rigideces cambiarias que afecten la competitividad, reduciría el impacto de los “imprevistos” y evitaría endeudar más al país para generar colchones de reservas. Siga el baile, siga el baile...

En setiembre un informe internacional dio a conocer que la competitividad uruguaya cayó en picada. En efecto, el Ranking de Competitividad del Foro Económico Mundial señaló que Uruguay cayó del puesto 63 al 74. El informe presentó un diagnóstico crudo: “A pesar de que Uruguay aún se beneficia de uno de los marcos institucionales en la región que mejor funcionan (36°), hay una preocupación creciente en relación a una regulación excesiva (89°) y a un gasto público derrochador (95°), así como al costo del crimen y la violencia para las empresas (88°). El mercado laboral es considerado muy rígido (139°), con una de las regulaciones para contratar y despedir más rígidas del mundo (138°) y falta de flexibilidad en la fijación de salarios (144°) que no está ligada a la productividad (143°)”.

En setiembre también hubo otro informe poco auspicioso. Esta vez originado en un think tank local, el Centro de Investigaciones Económicas (CINVE) —del que supo ser puntal nada menos que el Ministro Fernando Lorenzo. El informe señaló que el IPC de agosto alcanzó un nuevo máximo desde 2009. “Esto demuestra que las presiones inflacionarias están lejos de ser controladas, a pesar de la incipiente desaceleración de la economía y las recientes medidas de contracción monetaria”, señaló. Pero además se le añadían los problemas de competitividad en razón de la política cambiaria: “Mientras un tipo de cambio cercano a $22 podría aportar nuevas presiones inflacionarias, un dólar en el entorno de $21 podría aportar riesgos de desincronización en términos de competitividad con algunos de los socios comerciales”. O sea, un tipo de cambio mejor, supone más inflación. Y un tipo de cambio “peor”, ata el IPC pero empeora los términos de competitividad de la economía. ¡Las dos moscas que el BCU no puede atar por el rabo!

Llegó octubre y con él “brillantes” ideas con olor a naftalina. Efectivamente, en un reportaje brindado al matutino “La Diaria”, el Director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (y uno de los “capos” del equipo económico paralelo “mujiquista”), se descolgó con una serie de planteos de naturaleza programática a efectos de que el oficialismo los “discuta”. Sus ideas pasan todas por incrementar el dirigismo estatal en base a criterios políticos y no técnicos (sus palabras, no las mías). Cuando lo que requiere el país es lograr más inversiones productivas genuinas —y probablemente menos inversiones asociadas a permisos del Estado— desde un sector relevante del gobierno se formulan planteos que, lejos de invitar a invertir en el país, llaman a huir de él. Pero al Director de OPP eso —parece— no le preocupa mucho porque, como señaló a “La Diaria”, “se vienen años en que lo importante es la igualdad, más que el crecimiento”. Cómo sostendrá Frugoni sus políticas “de igualdad” (que no ya de equidad) sin crecimiento, debe ser parte de los misterios de la economía vudú.

Y así llegamos a fin de año, en que el pánico por la inflación terminó de ganar al gobierno. Un poco demasiado tarde. El margen que a principios de 2012 tenía para revertir la tendencia, terminó por agotarse. El pobre Banco Central ya no puede defender la estabilidad de precios y, al mismo tiempo, defender la competitividad. Se echó mano a acuerdos de precios con los grandes comercios, pero los mismos caen en enero de 2013. ¿Qué ocurrirá después? Nadie lo sabe, pero sí está claro que los factores que condujeron a este escenario desagradable siguen en pie.

Aún peor: hay nuevas ideas en el siempre prolífico disparatario oficialista. Por ejemplo, pagarnos a todos los habitantes una renta básica, de financiación misteriosa (su autor mencionó desde gravar “a los ricos” hasta emplear “rentas petroleras” que sólo se prevén en su afiebrada imaginación) y que reitera el pernicioso concepto ideológico de que se puede ganar sin la contrapartida del esfuerzo. Es que en materia de demagogia, el cielo es el límite.

Las grietas que estuvieron presentes en el modelo económico desde el principio, finalmente han hecho eclosión y ahora el gobierno —y el país todo— está en camisa de once varas. En suma, un 2012 que, también en términos económicos, se desperdició imperdonablemente.



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