10 razones más

Por Julio María Sanguinetti

Hemos resumido en nuestra anterior nota 15 razones que, sobre los temas de seguridad y educación, ameritan con creces una opinión favorable a la LUC y justifican por lo tanto un voto por NO, rotundo y claro, al referéndum planteado paras derogarla. Añadimos hoy 10 razones más.

Estas 10 razones adicionales ratifican lo que ya debería estar claro: que la LUC es una ley que atribuye derechos, discutibles en más y en menos como toda norma, pero incuestionablemente de derechos y no restricciones. Lo que se comprueba, además, con el año y medio de vigencia que ya tiene, donde ha quedado claro que las catástrofes anunciadas no eran ciertas así como, a la inversa, muchos de sus beneficios se empiezan a advertir.

1) LIBERTAD FINANCIERA. Cuando la campaña electoral, no hubo lugar del interior donde no se nos planteara el inconveniente que, para la gente de trabajo, especialmente zafrales o pequeños comerciantes, le planteaba la norma que coactivamente les imponía hacer cobros y pagos, aun menores, a través de bancos. La ley le da a las partes el derecho a acordar otra forma de pago de salarios y fija límites razonables para los cobros de honorarios o pagos por transacciones comerciales. La bancarización compulsiva se había transformado en una restricción abusiva a la vida económica de la gente.

2) LIBERTAD DE TRABAJO. Establece la garantía del ejercicio pacífico del derecho de huelga, al mismo tiempo que reconoce el derecho de todo trabajador a cumplir su tarea si así lo desea. Asimismo, el derecho de la dirección de las empresas en conflicto a acceder a las instalaciones. Nadie discute el derecho de huelga, ¿pero es democrático impedir que trabaje quien no está de acuerdo con la paralización? ¿Tiene lógica que se ocupe un establecimiento y la dirección de la empresa no pueda ni acceder a sus escritorios para incluso mantener algún contacto imprescindible con sus clientes? El equilibrio en los derechos es fundamental, porque el de cada uno termina frente al derecho de los demás. Es, además, lo que la OIT le ha reclamado a nuestro país.

3) PIQUETES. En marzo de 2017 el gobierno del Dr. Vázquez estableció por decreto que la autoridad podía emplear la fuerza pública para asegurar la libe circulación en las calles, caminos o carreteras, comunicando de inmediato a la justicia. Eso mismo se dispone ahora, pero con la garantía de la ley y sin vulnerar para nada el derecho a protestar. Lo que se trata es de preservar el derecho a transitar libremente a los ciudadanos. Los piquetes son lícitos cuando no vulneran derechos de los demás y eso es de lo que se trata: preservar la posibilidad de que puedan transitar por las vías públicas los ciudadanos que no están involucrados en la situación.

4) PORTABILIDAD NUMÉRICA. Hoy en día el número telefónico es como la cédula de identidad. Es obvio que tenemos un derecho a conservarlo. Es evidente, además, que no solo es un derecho individual sino un gran beneficio colectivo, porque estimula la competencia y eso mejora al conjunto. ¿Por qué las empresas telefónicas nos dificultan que podamos cambiar entre ellas, imponiéndonos un cambio de número que no es solo una incomodidad sino un serio perjuicio para mucha gente de trabajo? No faltan quienes dicen que esto perjudicará a Antel, porque siendo la que tiene el mayor porcentaje del mercado, es la que más puede perder. Es una visión pesimista de la empresa pública, es la idea de quienes dicen defenderla pero no creen en ella, porque imaginan que es la que tiene peor imagen y por eso se le irán clientes. Estamos en la contraria: Antel va a competir con éxito, como ya lo hace, porque es la preferida del mercado. Nada permite pensar algo distinto. Y en todo caso, es un derecho de la gente y una mejora en el servicio.

5) REGLA FISCAL. Se impone al gobierno establecer una Meta Indicativa del resultado Fiscal Estructural para el período de gobierno y luego realizar una revisión constante de ese resultados, con rendiciones de cuenta ajustadas a esas metas. Hay quien dice que esto puede ser inocuo. Naturalmente, si no se cumplen, pero nadie puede negar que son procedimientos útiles para evitar descontroles y que, en todo caso, marcan límites que pueden dejar en evidencia a la Administración. Nadie pierde y todos podemos ganar en la transparencia de las cuentas públicas.

6) ADOPCIONES. El régimen de adopciones preveía preceptivamente un sistema rígido y centralista, en que definía el INAU la situación, conforme a sus reglas y registros de solicitudes. Ahora se hacen excepciones permitiéndole al Juez, sea en la inserción provisoria de un menor o bien en el trámite de adopción, tomar en cuenta la situación de quien ya está integrado, de hecho, a un núcleo familiar. Era bastante frecuente de que un niño que, por mil circunstancias, estaba integrado a una familia, se les desinsertaba para contemplar las definiciones del INAU. Se acortan plazos y se pone en el centro, como prioridad, el bienestar del niño.

7) ARRENDAMIENTOS SIN GARANTÍA. Se agrega aquí un nuevo tipo de arrendamiento. No se modificaron en nada los regímenes que ya existían, como falsamente se repite. Simplemente se dispuso añadir una categoría más, para alentar a los propietarios a que arrienden sin garantía, a quien no puede ofrecerla, sobre la base de que si se firma el contrato, habrá un procedimiento más rápido de desalojo en el caso de incumplimiento. Es un derecho más. Hay mucha gente, parejas jóvenes, inmigrantes, que no tienen garantía o no pueden pagar a una compañía aseguradora y en consecuencia ruedan en pensiones o simplemente terminan en un asentamiento. De este modo se habilita a que el propietario acceda a arrendar sin garantía, pero con la seguridad de que si no cumple, puede desalojarlo rápidamente. Es un derecho más. No creemos que este sistema vaya a ser masivo, pero ayudará a los que menos tienen. Desgraciadamente, sobre esto se ha mentido abiertamente hablando falsamente de que se modificaba el régimen anterior.

8) COMBUSTIBLES. Inicialmente el Poder Ejecutivo propuso establecer la libertad de importación de combustibles. Luego de muchos debates se consideró que eso precipitaba a Ancap a una situación crítica, porque en los precios que cobra no solo hay impuestos (que igualmente estarían) sino subsidios a la producción local de alcohol, pérdida por producir cemento o bien beneficiar el precio de la garrafa. Se resolvió entonces, con el voto del Frente Amplio, establecer que el Poder Ejecutivo fijarían el precio en función de lo que se llama Paridad de Importación, o sea el que -calculado por el ente regulador- se cobraría como si se hubiera importado directamente. Fue un principio de transparencia y de realismo. O sea que el precio no es a ojo del gobierno, como hizo el Frente, que en los últimos 7 años cobró 900 millones de dólares por encima de lo que era el valor real. ¿Eso resuelve el tema del precio del combustible? No, porque el petróleo subió 100% y no porque los impuestos son un cuarenta por ciento. Pero es incuestionablemente un avance, que nos pone en el camino de tener un precio realista, que responda a la realidad y no a todo lo que se cuelga encima.

9) CONTROL DEL ESTADO PARALELO. En los últimos años se ha ido desarrollando un Estado paralelo, a través de empresas vinculadas al Estado, que actúan en el derecho privado, pero sin controles. Se procura que ellos se logren por las vías normales del Estado así como por la apertura a capitales privados, que establezcan criterios de eficiencia adecuados, con un máximo del 40%. No se trata entonces de privatizar, porque el Estado sigue teniendo la mayoría, pero sí de darle a esas empresas un carácter realmente empresarial, de competitividad.

10) INTELIGENCIA ESTRATÉGICA DEL ESTADO. Esta imprescindible institución del Estado está en la órbita de la Presidencia, como estaba, manteniendo el control del Poder Legislativo, a través de una comisión integrada por 5 Senadores y 10 diputados . Lo que se cambia es que la Secretaría procurará generar criterios homogéneos en el ámbito policial, militar, de economía, de relaciones exteriores, para que los sistemas de información y su coordinación sean efectivos. No se trata de organizar ningún espionaje, porque ello no lo autoriza la ley. Por supuesto, hay información secreta, que es únicamente la que proviene de otros organismos similares de otros países, cuya divulgación pueda hacer daño, como ocurre con situaciones de terrorismo o narcotráfico. Todo Estado democrático necesita de un lugar que acopie información y establezca recomendaciones a la seguridad general. Desgraciadamente, el viejo vínculo de sectores del Frente Amplio con la acción clandestina les hace ver en un organismo de este tipo un enemigo, simplemente sobre el sustento exclusivo de sus viejos prejuicios.

Ya dimos 15 poderosas razones. Ahora añadimos 10 más. Todos son derechos. Eso es la LUC.




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