La política fiscal del gobierno ha introducido la prudencia -ausente en la era frenteamplista- sin excederse por el lado del gasto ni por el lado de los ingresos, apostando a una mayor eficiencia en la gestión.

El nuevo gobierno asumió con el propósito de llevar a cabo dos de sus promesas electorales en el campo de la política económica: ajustar el gasto público, apostando a que con menos se rinda más, y no incrementar la carga tributaria. Ambas cosas, en un marco de desequilibrio fiscal heredado, suponían ya un desafío formidable.

Pero la emergencia sanitaria por la pandemia multiplicó ese desafío con creces. Por el lado del gasto, el gobierno se vio forzado a incrementarlo decididamente, alterando los planes iniciales que apuntaban exactamente a lo contrario. Por el lado de los ingresos, a su vez, la abrupta caída en el nivel de actividad redundó también en una inevitable caída en la recaudación tributaria.

Sin embargo, pese a una situación que supuso una alteración radical -para empeorarlo- de un escenario de por sí difícil, el gobierno no ha abandonado aquellos dos propósitos enunciados. Y el proyecto de Presupuesto da cuenta de ello.

Y decimos que, entonces, se ha instalado la prudencia en materia fiscal porque ni se ha sucumbido a la vieja, gastada y probadamente fracasada receta de la izquierda (aumentar gasto público, siempre aumentar, tanto en tiempos de apretura como en tiempos de expansión, sin preocuparse en la calidad de ese gasto), ni a quienes postulan que cierto incremento en la presión impositiva era un complemento necesario del ajuste de gasto a efectos de achicar en forma importante la brecha fiscal heredada, lo cual puede entenderse desde la atención a las rigideces que el gasto presenta pero que empeoraría a la larga la situación general (incluida la fiscal).

Afortunadamente, entonces, el gobierno no se a apeado de sus metas aunque haya tenido que dilatar temporalmente su concreción por el cambio radical de escenario. Para ello cuenta, además de con una decidida voluntad política, con una nueva institucionalidad fiscal, expresada en la LUC, que introduce innovaciones en la gestión del gasto público, como la regla fiscal.

En definitiva, el gobierno tiene un rumbo firme, cuenta con equipos técnicos de primer nivel y se sostiene en una coalición que, por encima de los matices y los chisporroteos de tiempos electorales, en los temas fundamentales acordados en el programa electoral no exhibe fisuras, ni lo hará en el futuro.