UTE despilfarra U$S 30 millones, pero eso “no es un problema”

El despilfarro no termina y ni siquiera importa: el presidente de UTE reconoció que la empresa estatal pierde U$S 30 millones por año por el “robo de energía”, pero eso “no es un problema”. Lo mismo ocurre con OSE, que factura sólo la mitad del agua potable que genera, lo que equivale a una pérdida de U$S 83 millones. Vamos bien...

La impunidad con la que se expresan algunos jerarcas públicos provoca indignación. Habría que disponer de normas jurídicas más usuales que las existentes, que amparen a los usuarios y a los ciudadanos y permitieran recurrir ante los directores de empresas públicas o los ministros para que respondieran con su propio peculio, para poner coto a los desmanes que suelen admitirse resignadamente, tanto por los medios de comunicación como por la opinión pública.

El presidente de Ute, ingeniero Gonzalo Casaravilla, dijo que las pérdidas por el robo o desvío de energía rondan los U$S 30 millones por año pero que ello “no representa el verdadero problema del ente” y que en todo caso esto forma parte de un trabajo social que realiza UTE, llevando a cabo una política de inclusión también económica.

Casaravilla explicó que se deben analizar estos casos “con una óptica social y que no se debe estigmatizar a quienes no pagan el servicio”, aunque reconoció que se debe redoblar el esfuerzo para fiscalizar aquellos que "están de vivos" y "no tienen argumentos para colgarse del servicio".

Con el mismo tono de desidia y de irresponsabilidad se ha manifestado el presidente de OSE, Milton Machado, quien ante una comisión parlamentaria reconoció hace un tiempo que en el año 2015, OSE había cobrado sólo solo el 48,1% del agua potable que genera. Esto representa una pérdida de 170.000.000 de metros cúbicos anuales. Cada metro cúbico tiene un costo de 0,49 dólares. O sea que el ente se perdió de recaudar 83,3 millones de dólares, según los datos volcados en el Parlamento.

De estos 170.000.000 de metros cúbicos, el 70% representa "pérdidas físicas o agua que se fuga por los sistemas de abastecimiento". El restante 30% corresponde a lo que se define "como pérdidas comerciales o agua que llega al consumo pero que no es facturada por errores de medidores, fraudes, etc".

Se trata sin duda de dos casos de ineficacia e irresponsabilidad. Los presidentes de las empresas públicas no están en sus cargos para hacer obra social con plata ajena, sino para administrar de la mejor forma posible los dineros públicos que ingresan a las empresas por el pago de las altas tarifas. Si hay personas colgadas a los servicios tienen la obligación de integrarlos al sistema de cobranza y si hay pérdidas por razones técnicas o por deficiencias de los equipos, tienen que repararlas, que para eso manejan presupuestos muy cuantiosos.

Pero además, las explicaciones del presidente de UTE siguen alimentando la cultura de la irresponsabilidad que ha cultivado el Frente Amplio y que va directamente en contra de la ciudadanía responsable que fortalece a la democracia. Son muy pocas –o deberían ser muy pocas– las personas que realmente no pueden pagar sus conexiones eléctricas o sus servicios de agua y esas familias deberían estar perfectamente identificadas por el Mides, el Ministerio de Desarrollo Social. UTE y OSE pueden disponer de esa información digitando una computadora... Las respuestas de los presidentes de esos Entes son francamente de otra época, y expresan un voluntarismo y una desprolijidad inaceptables.

Mientras tanto, los usuarios nos vemos sometidos a pagos muy altos por mes y a servicios que no son muy eficientes. Los reiterados apagones de UTE y las condiciones del agua supuestamente potable pero muchas veces contaminada, dan cuenta que los suministros de agua y de electricidad no sólo son caros, sino además incompletos. En el país de los despilfarros, los usuarios seguimos pagando de más y lo que ocurra con esos enormes fondos que manejan las empresas públicas, parece ser que no importa...



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