Correo de los Viernes - Telecomunicaciones o el miedo a la libertad

Telecomunicaciones o el miedo a la libertad

Por Santiago Torres

El miércoles 11 y el lunes 16, comparecieron en el Parlamento autoridades del Ministerio de Industria encabezadas por el titular de la cartera, Ing. Quím. Roberto Kreimerman. La ocasión fue propicia para debatir temas auténticamente relevantes para el futuro del país, como sin duda lo son aquellos referidos a las telecomunicaciones, y tomar nota de la opinión oficial al respecto. Opinión que —anticipo— me resulta francamente descorazonadora porque, una vez más, deja en evidencia el pánico que las autoridades le tienen a la libertad de los uruguayos.

¿Portabilidad numérica? No nos interesa

La comparecencia del día miércoles 11 fue para dar su opinión sobre el proyecto de portabilidad numérica presentado por el senador José Amorín (Partido Colorado – PROBA). El proyecto, de ser aprobado, permitiría que los usuarios de telefonía celular fueran propietarios de su número, conservándolo aunque cambien de empresa proveedora. Es sabido que uno de los factores que disuade a muchos usuarios de cambiar de proveedor es que ese cambio conlleva, también, el cambio de numeración. Con la portabilidad, la competencia entre las empresas proveedoras se incrementaría porque deberían buscar nuevas formas de “fidelizar” a sus clientes, ya liberados del “corralito” numérico. Como señalara el senador colorado en esa oportunidad (“Búsqueda”, 19.04.2012, pág. 18) “uno de los elementos centrales que tiene peso en la gente en el momento de tomar la decisión de cambiar de compañía o no, es qué pasa si pierde el número”, lo que supone “una cantidad importante de complicaciones”. En los países en que la portabilidad numérica ha sido implementada, agregó Amorín, “las empresas hacen un gran esfuerzo para mantener a los usuarios y por lo tanto le ofrecen mejor calidad de servicio y más barato”. Ese es el quid de la cuestión.

Como era previsible —tristemente previsible— desde el gobierno no se mira con simpatía el proyecto y sus objeciones se resumen en dos: 1) se requiere una inversión muy importante por parte de las empresas y hoy la prioridad en esa materia es la incorporación de nuevas tecnologías; y 2) los usuarios están satisfechos y no tienen “una tendencia muy grande a moverse”, y como no se percibe que en aquellos países donde se ha implementado la portabilidad los clientes hagan gran uso de la misma, entonces tampoco se advierte que semejante inversión implique realmente un beneficio relevante.

Con respecto al primer argumento (hay inversiones con mayor prioridad), luce razonable, pero sólo eso: luce. En realidad, si la portabilidad finalmente se aplicara, las empresas se verían forzadas no sólo a invertir en el software necesario para implementarla sino, por la mayor competencia, también a hacerlo —y sin que ningún gobierno se lo exija— en todo tipo de nuevas tecnologías u otros beneficios para sus clientes. Tal vez algunas empresas entiendan que antes que incorporar tecnología 4G, les resultará más redituable ofrecer otro tipo de servicios “extra” a sus clientes y éstos, en uso de su libertad, evaluarán si esos “extra” les resultan más beneficiosos que nuevas tecnologías de comunicación. En todo caso, a la larga serán los clientes quienes terminen “votando” qué tipo de inversiones las empresas deben privilegiar en materia tecnológica.

El segundo argumento (los clientes ya están satisfechos y no se van a cambiar de proveedor) me recuerda a cuando, durante el último gobierno colorado, defendiendo el duopolio que tenía con la entonces Movicom en telefonía celular, desde ANTEL se sostenía que la demanda estaba “satisfecha”. Era un verdadero misterio cómo alguien podía saber si la demanda estaba satisfecha sin contar con un sistema de precios basado en la libre competencia. Bola de cristal pura. Pero bastó que se subastaran las bandas y se incorporara un tercer jugador al mercado, instalándose una genuina competencia, para que aquella demanda —que se adivinaba satisfecha— estallara exponencialmente. Ahora, como entonces, el argumento es también del tipo “bola de cristal”. ¿Cómo saben que los clientes estamos “satisfechos” si en realidad no podemos optar con libertad?

Pero, además, el baladí argumento pierde de vista lo principal: que aun en la hipótesis —convengamos que probable— que pocos clientes hicieran uso de su capacidad de cambiar de empresa proveedora, el beneficio no está dado porque un gran número de usuarios migre de empresa sino porque éstas se verían obligadas a competir más fuertemente, procurando que el cliente no se vaya. La idea, justamente, no es que el cliente vaya saltando de empresa en empresa sino, al revés, que no lo haga porque valora más los nuevos beneficios que le brinda aquella empresa a la que ya está suscrito.

¿Oferta privada de internet por cable? Sobre nuestro cadáver

La comparecencia de las autoridades del lunes 16 —también a instancias del senador colorado José Amorín— fue para referirse al diferendo con los operadores privados por el uso de fibra óptica. El debate permitió advertir el curioso concepto de libertad de mercado que maneja el gobierno: no autorizar negocios que no coincidan con la “estrategia” fijada por el gobierno. El problema, se verá, es que la “estrategia” se expresa en un lenguaje indescifrable.

El senador Amorín preguntó a las autoridades por qué no se autoriza a los privados a brindar servicios de acceso a internet por medio de cable coaxial o fibra óptica. Con respecto al cable coaxial, que permitiría a las empresas proveedoras de tv cable también ofrecer acceso a internet ampliando la oferta, el ministro Kreimerman dijo que no se autorizaba porque la tecnología “es obsoleta”. “Cuando alguien queda rehén de tecnologías viejas, lo que parece ser libre competencia no lo es porque hay que elegir a qué escala de mercado se atiende”, agregó Kreimerman, de acuerdo a la crónica de “Búsqueda”. Según el Ministro, en estos casos (de “tecnologías obsoletas”) las empresas optan por atender los clientes corporativos, dejando al Estado con el costo de atender a la mayoría de la población.

Preguntado por el senador Amorín por qué, entonces, tampoco se permite que los privados presten servicios con fibra óptica, el Ministro respondió empleando exactamente el mismo argumento: los privados se ocuparán de “unos pocos negocios rentables”.

En lo que refleja la crónica de los colegas de “Búsqueda”, cuesta seguir la lógica ministerial: si los privados usan tecnología “obsoleta” (¿quién define la obsolescencia de una tecnología concreta si no el mercado?) o “antigua”, probablemente sirva para atender un segmento de mercado que no requiere grandes prestaciones y ese no es precisamente el mercado de las grandes empresas. ¿Cuál es el problema para los clientes individuales si los cableros ofrecen, además de televisión, acceso a internet con mejor calidad que el adsl y seguramente a mejor precio (de paso, empujando también a la baja el precio de las otras modalidades de conexión a internet, adsl incluido)? Me pierdo en la arcana explicación del Ministro. ¿Le van a ofrecer tecnología de cuarta a las grandes empresas? ¿Y eso es lo que le preocupa al Ministro?

Pero si las empresas privadas ofrecen tecnología de punta (fibra óptica), tampoco le sirve al Ministro porque es para atender a “las grandes empresas”. Si es tecnología vieja está mal y si es nueva también está mal y por el mismo motivo en ambos casos. En definitiva, no hay tecnología en manos de privados que le venga bien.

Uno, finalmente, tiene la impresión que no se entiende la lógica ministerial porque el verdadero motivo no se confiesa. Y tengo para mí que la explicación verdadera —que sí “cerraría” con los planteos de las autoridades— es la siguiente: toda modalidad de negocio que haga peligrar la posición dominante de ANTEL en la trasmisión de datos por vía física (cable de algún tipo), será irremediablemente vetada por el gobierno. Ni los cableros podrán vender trasmisión de datos por coaxial, ni los privados podrán hacerlo por fibra óptica, porque se trata de defender los intereses corporativos de ANTEL. Y si mañana se pudiera usar la cuerda de colgar la ropa para trasmitir datos, también vetarían ese negocio porque le compite a ANTEL en “su” chacra de los cables. Esa es la verdad verdadera.

Como señalara el senador José Amorín a fines del año pasado, “ANTEL tiene monopolio en la oferta del servicio de Internet con 95% del mercado, hay otros actores en condiciones de salir a ofrecer el servicio como son los operadores de cable y compañías de telefonía celular”, agregando que “sería bueno para los usuarios que precisamente se abra el mercado a la competencia” (“El Observador”, 15.12.2011).

El sector de las tecnologías de la información y la comunicación constituye uno de los sectores más dinámicos y con mayor capacidad de crear prosperidad, en forma directa e indirecta. La explosión que experimentaría la demanda de acceso a internet —que nadie se atreve aún a calificar como “satisfecha”— si se produjera la liberalización de la trasmisión de datos, tendría efectos multiplicadores en los más diversos campos del quehacer nacional. Desde el desarrollo de un área de negocios específica, con la aparición de varias empresas dedicadas a la trasmisión de datos, la provisión de servicios de acceso a internet y la creación de servicios de valor agregado, hasta el florecimiento de una miríada de pequeñas empresas que, debido al abaratamiento del acceso a internet por la aparición de un mercado competitivo, podría llevar adelante las más diversas actividades a distancia, estimulando así el trabajo independiente.

Disminuir la brecha digital, además, se transforma en un imperativo no sólo económico sino de naturaleza ética, porque los uruguayos —todos ellos— tienen derecho al acceso a los bienes culturales y a las posibilidades de progreso que significa internet.

En suma, una genuina liberalización de la trasmisión de datos supondría una ampliación dramática de los márgenes de libertad de las personas. Y, precisamente, de eso se trata: que las personas sean cada vez más libres.

Las empresas del Estado no son un fin en sí mismas. Su naturaleza es puramente instrumental. En el caso concreto, ANTEL no puede ser defendida a costa de la libertad y la prosperidad de la gente.

Paradójicamente, una empresa que proclama entre sus objetivos “contribuir a la inclusión social por vía de las telecomunicaciones”, en realidad ha pasado a operar como un obstáculo al acceso democrático a tecnologías esenciales en el mundo de hoy, contribuyendo así a excluir antes que a incluir.

Bienvenido, entonces, el debate que con saludable actitud de tábano viene planteando el senador colorado José Amorín.