Consultado sobre una posible marcha atrás en la construcción del Antel Arena, el expresidente José Mujica contestó al matutino El País: “Me temo mucho que si lo paralizan tengan que pagar una multa que no es muy conveniente, pero no estoy muy en el asunto”.
El contrato firmado con la española TEYMA asciende a U$S 40 millones y la multa por incumplimiento sería el 10% del mismo, o sea, U$S 4 millones.
En marzo, el senador Pedro Bordaberry denunció que, en realidad, el costo de la obra será —de concretarse— muy superior a lo que se señaló públicamente.
De acuerdo a lo que explicara el senador colorado, el precio de U$S 40 millones “no incluye las instalaciones eléctricas, ni la climatización, ni el equipamiento, lo que lo lleva a cerca de 80 millones”, añadiendo que “hay que agregar los honorarios de asesores, arquitectos, ingenieros, la demolición del Cilindro en mayo de 2014, la limpieza del terreno, y la consultoría que dará la NBA, que es de 500.000 dólares”. “Al final del día la obra andará en 100 millones de dólares”, concluyó Bordaberry.
Además, como es de pública notoriedad, el Poder Ejecutivo —con toda razón y prudencia— quiere ponerle freno a la fiebre gastadora de las empresas públicas. Es a todas luces evidente que esa inversión de Antel está lejos de ser necesaria para los fines del ente (además de ser inconstitucional, “detalle” este que no hace ruido en el oficialismo).
Por consiguiente, sí, efectivamente es mejor pagar los U$S 4 millones de multa. Son chauchas y palitos en comparación con lo que costaría esta “pirámide” de la señora Cosse.
