Correo de los Viernes - Se consumó el “Show del perdón”

Se consumó el “Show del perdón”

Por Adolfo Castells Mendívil

Oficialmente llamado “acto solemne de asunción de responsabilidad por parte del Estado, conforme fuera ordenado en sentencia dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (…).”, se llevó a cabo en la sede de la Cámara de Representantes y de la Asamblea General.

Como ya hemos dicho todo sobre él, en Correo de los Viernes, hoy voy a enfocar ese acto desde otro punto de vista, del de los antecedentes internacionales, retomando los argumentos centrales de la carta que publiqué en Búsqueda (23/3/2012).

Antecedentes. Anteriormente a obligar al Estado uruguayo a consumar ese público “mea culpa”, en sentencia de 24/11/2010, la Corte había condenado a Brasil a la realización de igual acto, también dentro del plazo de un año, en el “Caso Gómez Lund y otros (guerrilla de Araguaia) vs. Brasil”.

Así como la misma Corte declaró “sin efectos jurídicos" la ley de amnistía en Brasil y ordenó al país que determine las responsabilidades penales y aplique sanciones por la detención arbitraria, tortura y desaparición forzada de cerca de 70 personas de la guerrilla del Araguaia.

Pasó ese plazo de un año con creces y Brasil no ha llevado a cabo el acto. El Estado brasileño —pese a que reconoce a 400 muertos y desaparecidos durante la dictadura— lo que hizo fue crear una Comisión de la Verdad destinada a esclarecer esos delitos, pero que no conlleva acciones penales.

Sin embargo el Fiscal Tiago Rabelo, acompañado de 3 fiscales más, anunció el 13/3/2012 que presentaba la primera demanda penal por delitos cometidos durante la dictadura, acusando al coronel de la reserva del Ejército de Brasil, Sebastiao Curió Rodrigues de Moura, por el "secuestro de cinco militantes capturados durante la represión a la guerrilla del Araguaia en la década de los 70 y hasta hoy desaparecidos".

La denuncia penal fue presentada el 14/3/2012, a la justicia de la ciudad de Marabá, en el estado amazónico de Pará, donde actuó esa guerrilla.

El 16/3/2012, el secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de DD.HH, Santiago Cantón, destacó los avances para terminar con la impunidad en Uruguay, en relación al caso Gelman, y en Brasil, “donde se ha puesto en marcha la primera acción penal en el país, por un delito cometido durante la dictadura”.

Y agregó: "Estos dos casos son dos pasos más que se están dando, además de los que se dieron en Argentina, Chile y Perú" (Agencia EFE).

Más le hubiese valido callarse a Cantón. En efecto, el mismo día 16 de marzo, el juez federal de Marabá, Joao César Otoni de Matos, rechazó la denuncia alegando que es contraria a la ley de amnistía brasileña de 1979, que protege a quienes violaron derechos humanos durante la dictadura, de juicios y cárcel.

Explica Matos: “Pretender después de más de tres décadas esquivar la ley de amnistía para reabrir la discusión sobre crímenes cometidos durante la dictadura militar es un equívoco que, además de desprovisto de apoyo legal, desconsidera las circunstancias históricas que en un gran esfuerzo de reconciliación nacional llevaron a su instauración". (Agencia AFP)

Comparación. En estos días hemos oído opiniones principalmente oficialistas —aunque también de las otras— rasgándose las vestiduras por el estricto cumplimiento de la sentencia de la Corte. Vemos que en Brasil, el Parlamento no anula amnistías por un fallo de la Corte Interamericana y la justicia entiende que esa amnistía es válida porque considera “las circunstancias históricas” en que se aprobó.

En Venezuela, el régimen de Hugo Chávez por dos veces desconoció las sentencias de la Corte. La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, declaró “inejecutable” por dictamen del 18/12/2008, el fallo de la Corte IDH de 5/8/2008, que dispuso la reincorporación en el cargo de 3 ex – magistrados de la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo.

Y el argumento fue que “la ejecución de los fallos de tribunales internacionales no puede menoscabar la soberanía del país, ni los derechos fundamentales de la República”.

Lo mismo ocurrió el 17/10/2011, ante el fallo de la Corte de 1/9/2011, por el cual se condenó al Estado venezolano, a asegurar que no haya impedimentos para la postulación de Leopoldo López Mendoza como candidato en procesos electorales.

En ninguno de estos casos, la Corte ni siquiera expresó su malestar.

Concurrencia. Razón tienen los ex presidentes Julio María Sanguinetti, Luis Alberto Lacalle y Jorge Batlle, de no haber concurrido al acto que la Corte nos había impuesto, socavando nuestra soberanía. Y la misma razón tienen todos aquellos invitados ausentes en la “prestada” sala de la Cámara de Representantes, por no estar de acuerdo con el circo montado.

La Ley de Caducidad fue ratificada dos veces por el cuerpo electoral. Y los pronunciamientos populares son materia constitucional, por encima de la muy discutible sentencia de la Corte IDH, que en el Uruguay tiene rango de ley. Por ende el Parlamento no tenía facultades para anular ni derogar disposiciones que fueron aprobadas por el cuerpo electoral.

De todas maneras, una cosa es cumplir con esa discutible sentencia de la Corte; y muy otra es aprovechar la ocasión para tergiversar la historia, ratificando las mentiras que ya se han impreso en algunos libros escolares.

Además, es —al menos— surrealista que asuma la responsabilidad por crímenes de la dictadura, un Estado cuyo gobierno está integrado por miembros de la guerrilla que la provocó y sin nunca haber ellos asumido sus propias responsabilidades.