Desde los desgraciados sucesos de la aftosa en el 2001, nuestro país supo posicionarse en un privilegiado lugar de respeto y consideración en el concierto mundial en materia de salud animal. Un tema estratégico que tiene muchas aristas. El más inmediato refiere a lograr el acceso con nuestros productos de exportación de origen animal en los mercados más exigentes, aun cuando las dificultades para lograr esos accesos son permanentes y abundan las trabas para-arancelarias encubriendo proteccionismos solapados. No menos importante es la relevancia que en un país de base ganadera tienen las zoonosis, esto es aquellas enfermedades que se trasmiten a los humanos. Razón superior si la hay a la hora de instrumentar las campañas sanitarias de aquellas enfermedades con estas características. Se podría agregar que una tercera razón refiere a las nuevas exigencias de los tiempos que corren en referencia al bienestar animal como exigencia para los rubros de producción animal.

Todos estos aspectos han sido considerados desde un principio al momento de instrumentar las políticas en materia de sanidad animal, de las pocas políticas de Estado que se mantuvieron más allá de los cambios en el gobierno de la República.

No obstante las consideraciones anteriores, luego de años de un denodado esfuerzo por mantener los status sanitarios de reconocimiento mundial alcanzados, las políticas en materia de sanidad animal vienen siendo cuestionadas desde la producción y por lo tanto parece oportuna su revisión, lo que merece algunas reflexiones.

Cuando se definen estrategias en la materia que nos ocupa se hace necesario antes que nada tener sólidos criterios técnicos de base científica, pero no es menos importante el sentido de oportunidad en cuanto a la relación costo beneficio de cada campaña. En esta ecuación es relevante el rol de los productores, su convencimiento en la racionalidad de las campañas y por cierto de las exigencias a las que son sometidos. Caso de las interdicciones de predios, la aplicación del rifle sanitario y otros mayores costos como lo son la obligatoriedad de los sangrados para detección de focos en un rodeo. Finalmente quien debe resolver cual es la mejor campaña debe ser el poder político desde la misma cúpula del MGAP tomando precisamente decisiones de carácter político, supeditando lo estrictamente técnico al criterio de la oportunidad y la mejor relación costo beneficio.

Desde unos años a esta parte se han venido complicando algunas campañas como el caso de la brucelosis y tuberculosis en bovinos. No por la ocurrencia de las enfermedades que se puede afirmar que están bajo control, sino por las crecientes complicaciones y sus consecuencias a nivel de la producción ganadera al aplicar procedimientos determinantes de importantes perjuicios para quien tiene la desgracia de sufrir un foco. En otras palabras, algunas decisiones a nivel de campaña sanitaria no reparan en el gigantesco perjuicio para el productor ganadero, empezando por la erosión genética en un rodeo afectado, siguiendo por los graves perjuicios económicos que provoca la interdicción de predios sumados a los costos sanitarios a los que se ve obligado el productor. Muchos aspectos de las campañas parecen amparase más en concepciones tecnócratas antes que el buen criterio de oportunidad. Así lo percibe hoy un productor.

Si bien hoy es brucelosis la enfermedad cuya campaña está en el foco de discusión, no le va en saga la tuberculosis en particular a nivel de tambos, pero el "menú" se completa con el siempre controvertido control de la garrapata, y más recientemente la posibilidad de erradicar la mosca de la bichera a través del control biológico en la reproducción del insecto. En todos los casos están de por medio los recursos para financiar las mismas. Las dos primeras enfermedades, brucelosis y tuberculosis, cuentan con el fondo de seguro para enfermedades prevalentes, instrumentado a través de la ley 19.300 y su decreto reglamentario (195/015), previsto para indemnizar productores obligados a la faena de animales positivos. En el caso de la garrapata la campaña depende de un fuerte compromiso desde la producción por un lado y del Estado en cuanto a los recursos y funcionarios dedicados a las tareas de inspección a nivel de campo. La erradicación de la bichera espera por una definición desde el Poder Ejecutivo respecto de cómo financiar la misma. En este tema y a esta altura se impone una decisión política más allá de las consideraciones de las gremiales ganaderas. Quien ocupa un cargo de gobierno lo hace para tomar decisiones no para consensuar con los administrados, más allá que las consultas previas son siempre necesarias.

Por estos días el Ministro Mattos, con el concurso de las nuevas autoridades del MGAP en Sanidad Animal, dio inicio a una ronda de consultas para redefinir aspectos sustantivos de la actual campaña contra Brucelosis. Para ello utiliza el ámbito público privado de la Comision Nacional Honoraria de Sanidad Animal (CONHASA) dónde concurren las gremiales rurales junto a las autoridades públicas en el tema. Seguramente y conociendo la personalidad del Ministro serán instancias definitorias y no como hasta el momento ámbitos discursivos para que todo siga igual.

Es de esperar que a renglón seguido ocurra lo propio con tuberculosis y garrapata, mientras en el ínterin se tomen las decisiones para que definitivamente se arranque con la campaña de erradicación de la mosca de la bichera.

Nuestro país tiene un preciado activo internacional en materia de sanidad animal el cual debe preservar con el mayor celo, no obstante resulta oportuna y necesaria la redefinición de las principales campañas sanitarias para beneficio de la producción ganadera y su inserción internacional como agro negocio de exportación.