Salud Pública o la suma de todas las negligencias
Por Darío L. Pimentel
 El duro conflicto de la salud se encaminaba este fin de semana a una aparente solución merced a una fórmula del Poder Ejecutivo que incluye las desocupaciones de los hospitales y el levantamiento de la escencialidad de los servicios.
No obstante se mantenían algunas diferencias que los dirigentes sindicales entendían que podrían salvarse en las próximas negociaciones.
La Federación de Funcionarios de Salud Pública (FFSP) reclama mejoras salariales, mayor seguridad en el trabajo, contratación de personal. Desde hace dos semanas ocupa el hospital Vilardebó y desde el lunes 19 el centro asistencial de Ciudad del Plata (San José).
El martes 20 el gobierno dictó el decreto de esencialidad y el gremio desafió la resolución. Las autoridades, sin embargo, descartaron los desalojos por la fuerza. Eso sí, intimaron a los funcionarios que se encuentran ocupando para que se presenten a trabajar. Ante el incumplimiento anunciaron severas sanciones, que podrían llegar a la destitución.
Asse había decidido que los directores del Vilardebó y del centro Ciudad del Plata tomaran el control de los locales; los funcionarios impidieron el ingreso ante una escribana que labró un acta.
Hace siete años que los usuarios de la salud pública se han transformado en rehenes de los funcionarios, que aplican sistemáticamente paros, huelgas y ocupaciones de los centros de atención.
Mientras tanto, todo este tiempo el gobierno ha permanecido ausente, ajento a soluciones de fondo.
Existe en la salud pública "un caos generalizado", denunció el mes pasado en el Parlamento el senador Alfredo Solari. Y, ciertamente, el drama se ha profundizado, sin pausa, en todos los centros de asistencia.
El deterioro es visible en la estructura de los edificios, en los servicios, en la atención de los pacientes.
Esta vez, el gobierno eligió un camino más duro con la aplicación de la esencialidad, pero la decisión fue adoptada tardíamente: al tomar los funcionarios el control de una institución, las responsabilidades se diluyen.
El Sindicato Médico alertó que en el Hospital Vilardebó la calidad de la atención comenzó a debilitarse a consecuencia de la ocupacion.
El lunes 19 una paciente de ese nosocomio se prendió fuego; la mujer de 23 años de edad, estaba internada en el centro de salud mental desde hace varios años. La Justicia apunta a determinar si el incidente fue a consecuencia de la ocupación o si el episodio pudo haber ocurrido con el centro funcionando normalmente.
La mujer continúa internada en grave estado en el Centro Nacional de Quemados y su pronóstico es muy reservado.
El presidente José Mujica apeló a la racionalidad de los trabajadores; los funcionarios "son mayores de edad". Dijo que el gobierno quiere "tener la certeza de cumplir con los servicios" públicos de salud.
Los funcionarios de Salud Pública habían rechazado una fórmula de acuerdo presentada por el Pit-Cnt, extremo que provocó la agudización del conflicto.
El peso político de la FFSP en la interna del Pit-Cnt es importante, entre sus dirigentes principales se encuentra el presidente de COFE, Pablo Cabrera. Esto ha llevado a generar una especial expectativa de la crisis en el ámbito sindical.
El gremio se fastidió con la medida de esencialidad, tanto así que dirigentes declararon que las ocupaciones se levantarían solamente con la seguridad de un diálogo, pero ausente la resolución del Poder Ejecutivo.
Los sindicalistas se plantaron firmes en su idea de frenar el desalojo de los dos centros ocupados. Incluso amenazaron con retirar todos los funcionarios de los hospitales ocupados.
La resolución de esencialidad la adelanto la ministra de Salud Pública, Susana Muñiz, en una conferencia en el ministerio. Más tarde se oficializó la decisión en la Torre Ejecutiva.
Paralelamente a este conflicto, se anunció que Asse suspendió el funcionamiento de la maternidad del Hospital de Paso de los Toros, por lo menos durante tres meses. La medida fue adoptada luego de la renuncia de dos ginecólogos que atendían las urugencias.
Una atención tardía y sin observar el protocolo determinó que una mujer diera a luz un bebé extremadamente grave, que falleció tras ser internado en el CTI de Salto.
Muñiz había asegurado que se mantendría el funcionamiento del cuerpo de ginecólogos pero las renuncias precipitaron el cierre.
Las pacientes del sector clausurado se deben trasladar ahora a Durazno, para su atención.
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