Regasificadora: la ciudadanía tiene derecho a saber

Por Jorge Ciasullo

El proyecto de la planta regasificadora -un ejemplo patético de una administración irresponsable- ha costado millones de dólares y seguirá costando en el futuro por los compromisos asumidos. Más allá de los eventuales delitos que surjan de la investigación judicial, la ciudadanía debe conocer los hechos de manera precisa y detallada, para que sea ella quien, en definitiva, juzgue.

El proyecto de la planta regasificadora, se convirtió años atrás en el buque insignia del gobierno, particularmente de algunos de sus integrantes, hoy candidatos. Recordará la población, la publicidad realizada en todos los medios. En los canales de TV mediante elaboradas imágenes, se informaba cómo sería el funcionamiento de la planta, desde la llegada de los barcos, a los muelles construidos a esos efectos, con el elemento principal (gas) hasta su distribución. Aquí nos preguntamos: ¿en las pérdidas del proyecto estarán incluidos esos anuncios publicitarios?

 De manera muy resumida: el hecho concreto es que a raíz de la paralización de las obras, iniciación de reclamaciones y juicios, en marzo de 2016 se instaló en diputados una comisión investigadora, cuya creación fue posible, por el voto afirmativo del entonces diputado de Frente Amplio, Gonzalo Mujica.

En estos días, los partidos de la oposición que trabajaron en la Comisión investigadora, elevarán a Crimen Organizado detalles concretos de lo que han estimado como “presunción de ilicitudes, en relación a los distintos procesos vinculados a la proyectada planta regasificadora, que han sido resumidos por el diputado Pablo Abdala:

"Hicimos un mal negocio, perdimos muchísimo dinero, se cometieron irregularidades e ilicitudes y algunas de ellas eventualmente pueden configurar delitos penales, por eso estamos pidiendo el pase de los antecedentes a la Justicia penal" (Telenoche 08.11.2018).

Hasta el momento el fallido proyecto, lleva una pérdida acumulada superior a los 177 millones de dólares. Como dato significativo, en 2016 se perdieron U$S 17 millones en 2017 (hasta setiembre – último dato disponible) U$S 9 millones. Todo en una empresa que no genera ingresos.

Así, la denuncia sugiere que ubo abuso de funciones, fraude y eventual dolo y va desde la adjudicación de la obra, particularmente a la llamada “conexión brasileña”, relativa a la intervención directa del ex presidente de Brasil Lula da Silva, para que se favoreciera a la empresa OAS en la adjudicación de la misma, pasando por la continuidad del pago de altos salarios y susidios, reiteramos, en una empresa cerrada.

En este último aspecto, llama la atención que a 23 propietarios de embarcaciones pesqueras se les sigue pagando U$S 1.333 por mes en concepto de indemnización, más 300 dólares en combustible, siendo que las obras están paralizadas hace casi cuatro años y que en agosto de 2015 cada uno recibió un pago único de 16.000 dólares.

Con el increíble agravante que algunos de estos beneficiarios, no solo no tienen embarcación, sino que no poseen permiso de pesca, serán, seguramente, compañeros.

En fin quedan como mudo testimonio del despilfarro, las 20 hectáreas que ANP cedió para el obrador a Gas Sayago; 650 caños amontonados de 45 cm de diámetro y 45 metros de largo cada uno; 71 pilotes a una profundidad de 20 metros en la roca del fondo del rio, que nunca fueron rellenados de hormigón como se proyectó – hoy deteriorándose y sin firmeza. (Extraerlos, algo que deberá hacerse, costará miles de dólares o millones). También amontonadas, se pueden observar, miles de piezas de hormigón multiforme (acrópodos); miles de toneladas de piedra triturada; maquinaria, etc. Asimismo, se mantienen desde el comienzo de las obras, 300 metros de zona de exclusión de navegación, justamente por el peligro que los pilotes representan.

En resumen, será la justicia de Crimen Organizado que resolverá si existió fraude, abuso de funciones o eventual dolo, pero, a la vista está que, desde el comienzo se improvisó, se generaron compromisos sin el mínimo estudio de riesgo, todo lo cual costó y tal vez siga costando millones de dólares, la ciudadanía tendrá la palabra y no será sin duda de felicitación.



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