El artículo 79 de la Constitución de la República, en su inciso segundo establece "El veinticinco por ciento del total de los inscriptos habilitados para votar, podrá interponer, dentro del año de su promulgación, el recurso de referéndum contra las leyes y ejercer el derecho de iniciativa ante el Poder Legislativo..."

El Referéndum es un mecanismo previsto en la Constitución de la República y por lo tanto una herramienta democrática, republicana y valedera de la cual los ciudadanos podemos valernos.

Lo que no es legítimo ni ético que la recolección de firmas se haga valiéndose de la ignorancia o necesidad de las personas, como lo ha hecho la oposición.

Todos hemos visto cómo se han instalado a recolectar firmas con remeras con insignias contra la LUC en las ollas populares politizando un hecho puro y netamente social. Si el Frente Amplio, o quien sea que quiere contribuir, como lo ha hecho tanta gente con las ollas populares en un momento de crisis social, sanitaria y económica como el que vivimos, bienvenido sea. Pero no es ético que se aprovechen de la necesidad, del hambre, de los más necesitados, para satisfacer intereses políticos. Eso es caer muy bajo.

Los hemos visto instalados en las puertas de los vacunatorios y han circulado fotos de como recaban firmas a adultos mayores a quienes nos genera la duda si realmente les informaron lo que les están haciendo firmar.

Integrantes del propio Frente Amplio han cuestionado toda esta movida militante de gente, dinero y tiempo con este fin que no deja de ser buscando un rédito político partidario con miras a las elecciones del 2024, en lugar de utilizar todos esos recursos para ayudar a los cientos de uruguayos que hoy están sin trabajo y que no pueden llevar un plato de comida a su familia.

A esto cabe agregar que la oposición solicitó que se extendiera el plazo constitucional para la recolección de firmas. Dicho planteo es claramente inconstitucional.

El plazo para interponer el recurso del referéndum es de caducidad, es decir que la facultad de interponerlo se extingue por el transcurso del mismo.

Ante la negativa a dicha solicitud el Frente Amplio sostuvo que la decisión adoptada por los partidos de la Coalición de Gobierno fue claramente antidemocrática. Evidentemente ellos viven en un mundo paralelo donde una decisión tomada ajustándose a los preceptos Constitucionales es catalogada como antidemocrática. No sólo tachan como antidemocrática una decisión de no violar la Constitución, sino que agregan que se desconoce el derecho constitucional de interponer el recurso del referéndum.

Que por problemas internos no hayan recolectado firmas los primeros cinco meses y recién hayan comenzado a hacerlo en enero de este año, no es un problema de la Coalición de Gobierno ni de la Constitución, sino de desidia.

Hay quienes argumentan que porque se corrió el plazo Constitucional para realizar la Elección Departamental ahora debería correrse también este plazo Constitucional. Pero no comprenden que son dos cosas totalmente distintas.

En el caso de las Elecciones Departamentales la Corte Electoral, autoridad máxima administrativa y judicial en materia de elecciones, estableció que no podía asegurar las garantías necesarias para llevar a cabo la elección y solicitó apoyo legal para ejercer una facultad de aplazamiento que podría considerarse que está implícita en la facultad que tiene de anular una elección. Por lo tanto, por la misma mayoría especial que la Corte Electoral necesita para anular una elección estableció una nueva fecha para la Elección Departamental, con la autorización legal previa.

En la situación actual los organizadores del referéndum tienen todas las posibilidades de recolectar las firmas y contaron con todo un año para hacerlo. La situación sanitaria que vive el país no se los impide ni dificulta. Nada impide que ciudadanos con tapabocas y cumpliendo con los protocolos toquen timbre y circulen por la ciudad recolectando firmas.

Recordemos que la Ley de Urgente Consideración fue discutida, aprobada y sancionada por los diputados y senadores legítimamente elegidos por los ciudadanos de la República Oriental del Uruguay. Por lo tanto, en mi opinión, es una ley que fue votada por quienes elegimos los uruguayos para que nos representaran en el Poder Legislativo. Se ve que hoy hay quienes no confían en sus representantes en el Parlamento.

Yo confío plenamente en los Legisladores de la Coalición de Gobierno. Voté para que me representaran y lo están haciendo de la mejor manera.

¡Sí a la Ley de Urgente Consideración!