Como ocurrió antes con el TLC, el Frente Amplio parece encaminado a torcerle el brazo al gobierno de Vázquez y abandonar las negociaciones por el TISA.
El TISA (Trade in Services Agreement) es un acuerdo en proceso de negociación por fuera de la OMC y del Acuerdo General en Comercio de Servicios (General Agreement on Trade in Services, GATS), que comenzó en febrero de 2012 a propuesta de EEUU. A partir de allí se fueron incorporando varios Estados, siendo hoy 23 partes aunque como la Unión Europea —que ingresó como tal— representa a 28 países, en realidad son por ahora 50. Esas 23 partes son: Australia, Canadá, Chile, Taiwan, Unión Europea, Hong Kong, Islandia, Israel, Japón, Liechtenstein, Nueva Zelanda, Noruega, Corea del Sur, Suiza, Estados Unidos, Colombia, Costa Rica, México, Panamá, Perú, Paraguay, Pakistán, Turquía y Uruguay, que —sorprendentemente porque fue en medio del gobierno de Mujica— se incorporó en setiembre de 2013 a las conversaciones y fue aceptado en febrero de este año.
Como explicamos en un artículo de abril de este año, el TISA —en rigor, su proceso de negociación— tiene sus peculiaridades. Una de ellas es que las partes que se incorporen a ese proceso, deben aceptar los acuerdos a que ya se haya arribado con anterioridad a su incorporación. Suena razonable porque, de lo contrario, cada nuevo ingreso supondría la renegociación de todo desde cero.
Otra particularidad es la llamada “ratchet clause” (“cláusula trinquete”). La misma supone que cualquiera de los Estados parte que unilateralmente dictamine normas que apunten a una mayor liberalización del mercado de servicios, no podrán revertirlas después. O sea, sólo se puede avanzar hacia un régmien de mayor libertad del mercado de servicios, no hacia menos. Por ejemplo, en el marco del TISA, Uruguay no podría establecer el monopolio de ANTEL en la telefonía celular, revirtiendo la liberalización ya implementado en el mercado de telefonía celular. Y si mañana decretara la liberalización de la trasmisión de datos por cable (lamentablemente, improbable hipótesis), ya no podría derogar esa medida.
Y la otra gran singularidad del TISA es el secreto. Efectivamente, las partes negociantes están obligadas a no divulgar los términos de la negociación a terceros. El gobierno de Mujica (y nos seguimos sorprendiendo) llevó tan lejos el hermetismo que ni siquiera informó al Presidente electo ni a su futuro canciller. Los dos se enteraron a poco de asumir y —cuentan por ahí— lo habrían hecho a través de los medios de prensa.
Meses después, en otro artículo referido al tema, señalábamos que el TISA era un nuevo laberinto para el oficialismo en virtud de la oposición instantánea que los acuerdos de liberalización comercial despiertan en buena parte de los grupos políticos frenteamplistas.
Hoy puede decirse que el Frente Amplio, que el próximo 5 de setiembre llevará a cabo su plenario nacional, se apresta a rechazar el TISA. Se está negociando cómo se manifestará ese rechazo, pero no el rechazo en sí. El PCU, el MPP (pese a que Mujica y Almagro pusieron a Uruguay en el TISA), la 711 de Sendic y buena parte del PS están firmemente alineados en contra de la negociación del TISA.
De hecho, en una reunión entre el Secretariado Ejecutivo del FA y el canciller Nin hace unas semanas atrás, se le advirtió a éste que el gobierno no debería comprometerse tanto con el TISA porque el Frente Amplio podía llegar a rechazarlo, anticipándole cuál será el final de la historia.
Así las cosas, una vez más, en razón de las anteojeras ideológicas de la mayoría del oficialismo, Uruguay quedará al margen de un acuerdo estratégico en el cual tiene mucho más para ganar que para perder. Igualito que con el TLC con EEUU. Será un segundo tren que dejamos pasar de largo...
