Ya en 2013 diversos indicadores de la economía mundial, como los mercados a futuro de cereales, comenzaron a enviar señales de que los tiempos de precios altos de las materias primas, de flujos de capital hacia las economías “emergentes” y el crédito barato, llegarían a su fin. Desde estas páginas lo advertimos en reiteradas oportunidades, pero también lo hicieron prestigiosos analistas desde los más diversos medios. Pero el gobierno siguió con su desmadre fiscal, colocando al país en una situación de vulnerabilidad cuyos efectos, lamentablemente, comenzaron a hacerse sentir con creciente intensidad. Es que la magia no existe en economía.
Durante la campaña electoral, el entonces Vicepresidente Astori tuvo el desparpajo de negar que hubiera un escenario de vulnerabilidad, afirmando que no recordaba una situación fiscal tan sólida como la de entonces. Sin embargo, como por arte de magia, en marzo el discurso cambió. El mantra de la “prudencia fiscal” se instaló en el gobierno, especialmente en boca de Vázquez y Astori. Éste último, en particular, pasó de hablar de aquella “solidez fiscal” sin precedentes a señalar que el nivel del déficit era “inadmisible”. Y —suponemos— a efectos de enviar una señal consistente con ese discurso, a principios de este mes de julio el Presidente ordenó al directorio de Antel detener su famoso “arena”.
Menos de un mes después, empero, el gobierno se ha descolgado con un paquete de U$S 12.000 milones en infraestructura para todo el quinquenio y que pomposamente se lo ha anunciado como un “récord en la historia del país”. Está pendiente que se anuncien propuestas para el Antel-Arena —que se retomará a partir de enero de 2016— y el largamente anunciado puerto de aguas profundas, que no están incluidos en el paquete de U$S 12.000 millones.
Ese paquete tiene, por así decirlo, dos componentes en lo que refiere a su financiación. Aproximadamente el 66% será inversión pública y el 34% restante, financiamiento privado. Para el componente privado se planea aceitar el mecanismo de participación público-privada (PPP), pero —como es obvio— se trata de una apuesta de resultado incierto porque depende de cuán atractivas resulten las propuestas para los inversores privados y, así, decidan arriesgar capital. Por tanto, nos dedicaremos a la cuota-parte pública.
De acuerdo al gobierno, para financiar la cuota-parte de inversión pública no habrá subas de impuestos, los préstamos externos no serán tampoco el mecanismo más importante de financiamiento (aunque se apuesta a que el BID, el Banco Mundial y la Corporación Andina de Fomento realicen un aporte minoritario) y no quedará comprometida la meta de un déficit del 2,5% del PIB al final del quinquenio. Además, bajar la inflación seguirá siendo una prioridad.
Así, en un marco en que la economía crecerá mucho menos (la CEPAL redujo las expectativas de crecimiento del PIB uruguayo del 3% al 2,6%) que en los años del “mujicato” (un 5% acumulativo anual en promedio), en que cinco empresas extranjeras ya se han mandado mudar, en que cualquier bien que se exporte con valor agregado queda fuera de competencia en los mercados externos y en que, previsiblemente, se recaudará menos, el gobierno planea hacer una inversión pública de magnitud similar a la realizada en tiempos de Mujica, cuando el escenario era completamente diferente. Todo eso sin aumentar impuestos, endeudándose poco y manteniendo intactas las metas de déficit e inflación.
Desde esta perspectiva, todo el plan oficial luce como una paradigmática expresión de “magia keynesiana”. Un gobierno que no puede atar dos moscas por el rabo (mejorar la competitividad de las exportaciones y bajar la inflación), anuncia que se propone atar un enjambre de moscas. Algo no cierra.
Todo entra a cerrar más, sin embargo, si afinamos el lápiz. En primer lugar, en lo que hace a la cuota-parte de inversión propiamente estatal, en grandes números es menor a la de la administración Mujica, tanto en números absolutos (U$S 1.000 millones menos) como relativos (23% del PIB contra 26%). Y es aún menor que la realizada por la primera administraci{on Vázquez (38%). La comparación con las cifras de inversión pública anteriores a 2005, de lo que también se ufanó el gobierno, no resiste el menor análisis porque hablamos de un PIB mucho menor, pero si hiciéramos ese cotejo (como porcentaje del PIB), advertiríamos que el “récord de inversión pública en la historia del país” de este segundo gobierno de Vázquez es similar al de los dos últimos gobiernos colorados.
Y a nivel de empresas públicas, el recorte es ostensible. Brutalmente, en ANTEL y ANCAP. En UTE se invertirá bastante menos que en el gobierno anterior. Sólo para OSE hay prevista una inversión ligeramente mayor que en el período de Mujica.
En cuanto al ferrocarril, el plan de Vázquez-Astori toma como propios proyectos de inversión que vienen del gobierno anterior —algunos en plena ejecución— y son financiados por el Fondo para la Convergencia Estructural del Mercosur (FOCEM), que existe para mitigar las asimetrías entre los socios del bloque en materia de infraestructura. El resto de la inversión ferroviaria se corresponde con un préstamo que ya aprobó la Corporación Andina de Fomento (CAF) y lo que aporten los privados a través del mecanismo PPP, o sea, un albur.
En definitiva, el plan de inversión pública presentado como “récord en la historia del país” es, en realidad, mucho más una operación de propaganda que un programa de magia keynesiana, capaz de operar prodigios contracíclicos desde una financiación esotérica. Es menor a la inversión pública llevada cabo en los dos gobiernos frenteamplistas anteriores y tiene un componente privado cuya concreción es una incógnita. O sea, por más que se haya dicho que no, efectivamente el gobierno aplicará “una política de achique y recorte”. Aunque lo haga bajo el título de “récord histórico”.
