La desprolijidad como norma
 El país asiste con asombro a la inédita situación de ver casi totalmente paralizada a la Justicia por una serie de movilizaciones sindicales, llegándose inclusive a especular con la posibilidad de que se haya un conflicto institucional y el Poder Ejecutivo decrete la esencialidad de los servicios.
La situación se ha generado tras una serie de desaciertos del Gobierno, que desconoce el presupuesto y la legislación anterior. El conflicto se desencadenó luego de que el Poder Ejecutivo en 2010 resolviera en la ley de presupuesto incrementar los salarios de los ministros de Estado. Como los ministros de la Suprema Corte de Justicia están equiparados a los ministros de Estado, esa ley generó incrementos de forma indirecta en los sueldos del Poder Judicial, dado que los salarios de jueces y funcionarios judiciales están “enganchados” , por lo que al subir los sueldos de los jerarcas suben todos proporcionalmente. Ni en el Ministerio de Economía, ni en la Oficina de Planeamiento ni en el Parlamento se advirtió esa situación, por lo que desde la promulgación del Presupuesto los funcionarios judiciales tienen derechos adquiridos y se ha venido generando una deuda con ellos que ascendería a U$S 60 millones anuales. El gobierno intentó impedir la concreción de ese aumento con dos leyes, pero fueron declaradas inconstitucionales por razones de forma, ya que trataban cuestiones presupuestales por fuera de la instancia presupuestal.
Pese a ese contundente antecedente, ahora el Poder Ejecutivo incurre en el mismo error, ya que envió un proyecto de ley – aprobado ya en el Senado - que desengancha a los funcionarios de los aumentos a los Ministros y a los jueces, lo que no sólo ha provocado la ira de los funcionarios –“el gobierno nos metió la pesada y nos mintió”– http://www.elpais.com.uy/informacion/judiciales-presidencia-metio-pesada-mintio.html- sino que además puede terminar en otra inconstitucionalidad, ya que se disponen normas salariales por fuera del Presupuesto.
La desprolijidad del gobierno es evidente y proviene de un conjunto de gobernantes que parecen tener desprecio por la ley y por las formas jurídicas que son la base del Estado de Derecho. Impulsado por el hecho de tener mayorías parlamentarias, el Gobierno cree que puede proceder de cualquier manera y así es como ha venido acumulando declaraciones de inconstitucionalidad de sus leyes y conflictos de todo tipo.
Es claro además que hay derechos adquiridos de los funcionarios, por lo que el Estado tiene que solventar la deuda que tiene con ellos. En ocasión del próximo Presupuesto, el Poder Ejecutivo tiene la posibilidad de enmendar sus propios errores y horrores, pero no lo puede hacer antes.
Mientras tanto, se paraliza la Justicia en forma parcial y quizás en forma total, lo que es inconcebible para el funcionamiento del Estado.
La irresponsabilidad y la desprolijidad del gobierno quedan al desnudo.
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