Justicia impone obligaciones para impedir desnutrición de presos
 A partir de una iniciativa del comisionado parlamentario, Juan Miguel Petit, la Justicia le impuso al Ministerio de Interior el cumplimiento de obligaciones básicas para impedir la desnutrición de un grupo de presos.
Pese a las permanentes invocaciones a los derechos humanos que hace el gobierno, el destrato que sufren los adolescentes, los viejos o las personas presas es realmente alarmante. Hace unas semanas hicimos referencia a ese tema a propósito del reconocimiento oficial de que con la actual infraestructura, el Inisa, Instituto Nacional de la Inclusión Social del Adolescente, seguirá violando los preceptos básicos.
En materia de situación carcelaria, la cuestión es grave. Hace unos años, once reclusos murieron calcinados en Rocha, tras un incendio que debió evitarse. No hubo consecuencias ni mucho ruido, ya que el Ministerio de Interior se las arregló para ocultar al máximo posible las repercusiones.
Ahora y a partir de una denuncia del comisionado parlamentario Dr. Juan Miguel Petit, se supo que siete presos sufrieron desnutrición aguda, dado que otros presos los sometían y les robaban sus comidas. Uno de ellos tenía además fractura del antebrazo y quemaduras. En conocimiento de la situación y ante la inacción de las autoridades, y con apoyo de la Clínica de Litigio Estratégico de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República, Petit presentó ante la Justicia una acción de amparo, tras lo cual el juez Alejandro Martínez de las Heras falló a favor de la petición, obligando al Ministerio de Interior a que “diseñe y efectivice un programa de tratamiento individual de acuerdo a lo previsto por las reglas de Naciones Unidas para el tratamiento de reclusos”. Esas normas, conocidas como “reglas Mandela”, imponen una serie de garantías básicas que notoriamente en este caso no se cumplieron.
Resulta innovadora la actuación del Comisionado Parlamentario, quien no se limitó a describir los hechos a través de sus informes periódicos sino que, en pleno uso de sus atribuciones, acudió a los procedimientos del Estado de Derecho para obligar, a través de la Justicia, al Ministerio de Interior, que tuvo en el caso por lo menos dos omisiones notorias: no controlar la situación según la cual un grupo de presos le sustraía la comida a otro grupo y, en segundo término, no vigilar la condición sanitaria de los reclusos desnutridos.
Según informaciones de prensa los siete presos que fueron víctimas de los destratos fueron trasladados a otras cárceles y se han recuperado.
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