Correo de los Viernes - ¿Ineptos rehabilitados?

¿Ineptos rehabilitados?

Por Consuelo Pérez

El proyecto de ley de la Rendición de Cuentas a aprobarse, modifica la norma en lo que concierne a los funcionarios del Estado destituidos, pues permite su reingreso en determinadas circunstancias.

Es que cuando un funcionario del Estado es cesado "por una falta administrativa grave, mediante una decisión firme, o por incumplimiento de sus obligaciones" ve truncada su carrera en ese ámbito, pues la sanción no es reversible.

Pero se pretende que esto deje de ser así, y el funcionario, al que se presume “rehabilitado”, puede volver a intentarlo, pues según el artículo 9, quienes fueron destituidos "por las causales de ineptitud u omisión, podrán ser objeto de una nueva designación o contratación pública, solamente una vez transcurridos diez años de la resolución que hubiere dispuesto dicha destitución". La norma indica que no podrán ser contratadas nuevamente "aquellas personas que hayan sido desvinculadas por sumario administrativo, como consecuencia de una conducta dolosa tipificada como delito y que haya sido objeto de condena ejecutoriada por la justicia penal".

Algunas voces defienden que el reingreso sea posible, apostando a que el sancionado pueda redimirse, y a su vez cuestionan que se desvincule a los sancionados por un sumario administrativo previo a que se expida el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, pues una resolución del mismo en contrario, generaría derecho a reingreso, y consecuentes reclamos.

El artículo en cuestión fue tratado en la Comisión de Hacienda de Diputados, que recibió a representantes de la Oficina Nacional del Servicio Civil (ONSC) para que lo explicaran. En esa instancia, los jerarcas argumentaron a favor para que se incluya el artículo dentro de la ley de Rendición de Cuentas invocando "el derecho al olvido", y dijeron a los diputados que habían recibido peticiones, entre otros de la Suprema Corte de Justicia para poder restituir a jueces que hacía muchos años habían sido destituidos.

El diputado nacionalista Jorge Gandini, manifestó que el artículo es una "pésima señal" para el sistema porque la destitución de un funcionario es el final de un "camino largo y tedioso, repleto de garantías". "Es volver a blindar la inamovilidad del funcionario público", sostuvo.

En un anexo de la Rendición de Cuentas se analizan los vínculos con el Estado entre 1995 y 2016. El registro más bajo se dio en 2004 (gobierno de Jorge Batlle), momento en el que 229.454 personas estaban contratadas y empleadas por la administración pública. A partir del primer gobierno del Frente Amplio la cifra comenzó a aumentar desmesuradamente.

Es así que en los 12 años de gobiernos frenteamplistas ingresaron 64.131 nuevos funcionarios. En 2014 había 292.473 contratos y un año después eran 291.333 los trabajadores estatales.

Las mayores variaciones en el proceso se dieron durante el gobierno de José Mujica, entre 2010 y 2014. El aumento más grande fue en el último año de su presidencia, en el que se contrataron 11.620 personas, y en su primer año de gobierno, en el que se emplearon 10.685 nuevos funcionarios.

El director de la Oficina Nacional del Servicio Civil, Alberto Scavarelli, consultado sobre si se pretende retomar una política que lleve a que cada vez que entre un funcionario lo haga por otro que ya no trabaje más para el Estado, como lo fue en su momento, manifestó: "Es que no funciona así. No es sale uno y entra uno. Porque si hay nuevos cometidos, no alcanza con reponer, hay un factor vegetativo y hay un factor de roles a cumplir. Si hay un nuevo Sistema Nacional de Cuidados es evidente que vas a tener una estructura que antes no existía", sostuvo.

Claro, en su actual defensa de lo actuado por el gobierno, desconoce en sus afirmaciones que el grosero aumento de funcionarios ya efectivizado por la “fuerza política” que ahora el integra, lo fue para nutrir servicios ya existentes, no los “nuevos” que el director descubre -y que son muchos- en un discurso complaciente a sus nuevos intereses, y que nos permite suponer que el numero seguirá en ascenso.

Por eso es que considerar además que puedan reingresar “con nombre propio” funcionarios que hicieron manifiesta su ineptitud u omisión es intrigante, máxime cuando todos sabemos que para que a alguien lo echen del Estado como funcionario, “tiene que hacer mucha fuerza” para ello.

Si un mal funcionario abuso del cargo y de la oportunidad que se le dio para que se desempeñara en un rol de servidor público, francamente es impensable suponer que su cerebro ha cambiado al punto de que merezca una reinserción.

Para empezar a considerarlo, debería devolver al menos los ingresos que con su actitud irresponsable y oportunista, esquilmo a todos los ciudadanos.

Pero quizá algunos “compañeros” se encuentren haciendo fuerza para volver.

Mucha más seguramente de la que dedicaron, como funcionarios, a sus tareas.