Correo de los Viernes - Improvisaciones: el nuevo Código lleva seis meses y ya proponen reformarlo

Improvisaciones: el nuevo Código lleva seis meses y ya proponen reformarlo

La aplicación del nuevo Código del Proceso Penal ha provocado errores de todo tipo, aliviando las penas pero a la vez trancando las investigaciones. Un zar de la droga quedó libre por un tecnicismo penal. Ahora se intenta corregir algunos excesos.

Mientras el Poder Ejecutivo propone algunas modificaciones al muy reciente Código del Proceso Penal, cuyo funcionamiento comenzó en noviembre pero con muchas dificultades, el Fiscal de Corte reconoció que un “error de cálculo” al ponerse en marcha el nuevo procedimiento hizo que la cantidad de fiscales sea absolutamente insuficiente.

Se supo mientras tanto que un recurso de inconstitucionalidad hizo que un peligroso delincuente quedara libre, todo lo que provoca estupor en la población, que no conoce a fondo los aspectos jurídicos pero que advierte que las cosas andan mal. Las denuncias que hizo el Director de la Policía en el sentido de que es muy difícil llevar adelante las investigaciones marcaron una de las notorias carencias del nuevo sistema.

Ante esa situación, el Poder ejecutivo envió un proyecto de ley con el objetivo de mejorar la eficacia en la persecución de la delincuencia. Por un lado, se propone endurecer las sanciones para los delincuentes y lograr que la prisión preventiva sea obligatoria para los delincuentes reincidentes, reiterantes o habituales o cuando se trate de delitos graves en los que va a recaer pena de penitenciaría, excluyéndolos del beneficio de la libertad anticipada.

En sus fundamentos, el proyecto indica que la actuación policial "no puede implicar la carencia de cierto grado de autonomía a la hora de proceder a cumplir con ciertas competencias". En ese sentido se explica que la policía está capacitada para detener a un delincuente aunque no lo encuentre en el mismo momento en el que está robando. Hasta ahora se discutía si la Policía podía actuar sin la actuación previa de la Fiscalía.

El proyecto no hace referencia a las carencias materiales que quizás sean tratadas en la Rendición de Cuentas y que han provocado situaciones insólitas.

El Fiscal de Jorge Jorge Díaz explicó ante el Parlamento que hubo errores de cálculo al principio. Estimaron "el número de fiscales sobre una carga de trabajo de unas 220 mil noticias criminales al año, que era la información de que se disponía en ese momento (...) que nos daban un promedio de 18 mil mensuales, a partir del 1º de noviembre llegamos a 23 mil y hoy en día estamos en un promedio de 28 mil mensuales, lo que, de anualizarse esa cifra, nos lleva no ya a 220 mil sino a 340 mil, es decir, un aumento de un 54%".

Esa situación ha provocado un enlentecimiento enorme de las actuaciones y los Fiscales de Flagrancia acumulan centenares de denuncias que no pueden analizar. La presidente de la Asociación de Fiscales, Brenda Puppo, informó que tiene 180 casos abiertos pero que hay otras 688 denuncias que no puede investigar por falta de tiempo por lo que si bien hay más delitos hay menos procesamientos.

A esas demoras se agregan errores de otra índole. El juez Vital Rodriguez de San Carlos dejó en libertad a un conocido delincuente pese al cúmulo de elementos probatorios recolectados por la investigación llevada adelante por la fiscalía y la Jefatura de Policía de Maldonado.

En el marco de la audiencia de formalización, la abogada del sospechoso interpuso un recurso de inconstitucionalidad que, en los hechos, detuvo las actuaciones judiciales.

El recurso busca que la Suprema Corte de Justicia declare inconstitucional al Código del Proceso Penal tal como ocurrió con un abogado que fue acusado de amenazar al fiscal de corte, Jorge Díaz.