El informe es en primer lugar de una claridad meridiana sobre la inviabilidad del Proyecto de Gas Sayago desde el comienzo, y en segundos términos de la absoluta desidia, derroche e irresponsabilidad con que se manejaron los dineros públicos.

Otro hecho que va en la misma línea y también nos alegra, es el Twitter subido en el día de ayer por el Diputado Eduardo Lust, sobre un informe del Tribunal de Cuentas elevado a la Presidenta de la Asamblea General en diciembre de 2020, que da cuenta sobre gastos "ilegales" de casi cien millones de dólares, por el anterior Directorio de Antel, entre los meses de octubre a diciembre de 2019.

Si bien el primer año y medio del nuevo gobierno ha estado prioritariamente dedicado a hacer frente al desastre mundial que significa la pandemia, es necesario mirar hacia el futuro y en el mismo comenzar a ocuparse de varios de los temas que son parte del compromiso asumido por la Coalición gobernante en sus programas de gobierno.

En lo que respecta a nuestro sector político nos tocó investigar y desarrollar la propuesta sobre Transparencia Administrativa. Los gobiernos anteriores incumplieron con creces los principios establecidos en el Decreto Reglamentario de la Ley 17060, "Normas referidas al uso indebido del poder público", del 8 de enero de 1999. Dicho decreto se denomina precisamente, "Normas de Conducta en la función pública" y fue aprobado en enero de 2003.

La moral pública fortalece las Democracias y ello es posible si existen mecanismos que aseguren a los Estados transparentar el uso de sus recursos de distinto tipo, y, mecanismos eficientes y efectivos de control de su ejecución.

Las personas que ocupan responsabilidades públicas no siempre anteponen el interés general a sus intereses personales en el manejo de los recursos públicos y ello conduce a conductas propiamente delictivas (por ejemplo: delitos de cohecho, apropiación indebida, conjunción de intereses en beneficio propio o de terceros, etc.), o a conductas que pueden no estar tipificadas como delito pero que producen grandes perjuicios al erario o a las instituciones del Estado. Entre ellas, el manejo de los bienes del Estado con desidia, frivolidad, ineficiencia, irresponsabilidad o afán dilapidador.

Son precisamente estas últimas las que se dan con mayor frecuencia en el país. Justamente, al no constituir grandes o graves delitos, nos ubica como país en bajos índices de corrupción según las mediciones internacionales y una baja percepción del problema por parte de los ciudadanos.

Nuestro gran problema como sociedad es la existencia de una conciencia laxa en cuanto al manejo de los recursos estatales, una conciencia generalizada de que como el Estado es de todos y para todos, si un funcionario gasta dineros públicos mal y excesivamente, o si se lleva para su casa útiles que podrán servir para el uso escolar de sus hijos, por poner dos ejemplos extremos, eso no significa corrupción.

Las dos denuncias mencionadas refieren precisamente al manejo escandaloso de dineros públicos que han hecho en diversas ocasiones los gobiernos del Frente Amplio, aun cuando fueron advertidos por las instituciones de contralor y proclamándose paladines de la moral, como en la tan desgraciada frase de un triste personaje: "si se es de izquierda, no se es corrupto y si es corrupto, no se es de izquierda".

No se trata de proclamas. Para ser un funcionario del Estado verdaderamente ético, es necesario serlo además de parecerlo.

Uruguay aún no ha hecho los esfuerzos necesarios y tomado las medidas correspondientes para avanzar en el fortalecimiento de gestiones públicas a todos los niveles, que impidan ese uso que tanto daño provoca, y que sin ninguna duda hoy pueden considerarse como actos de corrupción.

Como decía Kofi A Annan: "La corrupción es una plaga insidiosa que tiene un amplio espectro de consecuencias corrosivas para la sociedad. Socava la democracia y el estado de derecho, da pie a violaciones de los derechos humanos, distorsiona los mercados, menoscaba la calidad de vida y permite el florecimiento de la delincuencia organizada, el terrorismo y otras amenazas a la seguridad humana". (ONU 2004).

Para terminar, vamos a mencionar, por ejemplo, algunas de las reflexiones que hicimos y las dificultades que encontramos al investigar la funcionalidad del Tribunal de Cuentas (único órgano de contralor externo de los gastos del Estado), y sobre el que también propusimos algunos cambios urgentes e imprescindibles, en nuestro Programa de Gobierno. Constataciones:

"1.- En primer lugar, el Tribunal de Cuentas es el único organismo que por mandato constitucional ejerce el control externo de legalidad del gasto del Estado, o sea que es quien "cuida el dinero de los ciudadanos" ante posibles usos indebidos. Por ello, la primera propuesta debería ser mejorar su funcionamiento y atribuciones a través de la elaboración de una ley orgánica, de la que hoy carece y lo convierta en uno de los organismos mejor preservados de los peligros de un funcionamiento inadecuado o de la inconveniente "politización" de sus decisiones y funcionamiento.

2.- En segundo lugar, es urgente hacer ajustes, precisamente, en torno a la potestad del Tribunal de realizar observaciones y al mecanismo de repetición del gasto. Actualmente, si el ordenador de este está decidido a llevarlo a cabo aun cuando el Tribunal de Cuentas le realice observaciones, pone en marcha el mecanismo vigente de reiteración y fundamentación del gasto, y con ello habilita su inmediata ejecución. [...]

La función del Tribunal de Cuentas es dictaminar, o sea dar su opinión. Y ésta es la gran paradoja, de que, siendo el único organismo de contralor externo del gasto, sus observaciones no tienen efecto vinculante.

3.- Cuando el ordenador reitera el gasto, el Tribunal de Cuentas eleva sus observaciones al Parlamento, para que sea la Asamblea General quien tenga la última palabra sobre la realización o no del mismo. El Parlamento frecuentemente no se expide y ante el pedido de reiteración el gasto se ejecuta sin restricciones.

La complejidad de los temas que excede muchas veces el conocimiento o el tiempo de los parlamentarios para tratarlos; o en otras circunstancias, razones políticas no siempre loables que hacen creer como necesario cierto gasto, se ignoran con frecuencia las limitaciones del Tribunal, generando verdaderos perjuicios a lo que debería ser una sana administración de los bienes del Estado."

Por eso, es muy necesario ponerle lo antes posible atención y ejecución a este tema, en el que, como dijimos, coinciden nuestros programas de los Partidos de la Coalición, y en el que nos van la palabra y el compromiso dados de establecer los instrumentos que nos permitan gestionar el Estado de manera más transparente y eficiente.