Correo de los Viernes - Fenomenal improvisación

Fenomenal improvisación

A la falta de criterios sanitarios y a la enorme contradicción que significa con la política anti tabaco, la ley de marihuana tan largamente estudiada agrega la evidencia de una fenomenal improvisación respecto a las obligaciones financieras del país.

“No estábamos enterados” dijo con cara de profesor ausente el ministro de Economía, Danilo Astori, al referirse a las trabas que el sistema financiero internacional opone a la movilización de recursos provenientes de la producción y venta de Marihuana. La afirmación es de una irresponsabilidad evidente, porque incluso Uruguay ha firmado varios convenios internacionales y ha dictado leyes internas durante estos gobiernos frenteamplistas que le obligan a no admitir negocios vinculados a cualquier tipo de narcotráfico.

“Usemos los euros”, dijo por su lado el ex presidente Mujica, en una clara demostración de ignorancia, ya que el dicho supone la interpretación de que los controles se realizan sólo sobre el dólar y no con las otras monedas, lo que es un disparate completo.

En ese contexto de improvisación y falta de rigurosidad técnica, el gobierno ingresó en una ardua discusión interna que se inició con una durisima amenaza de Mujica a sus propios compañeros y especialmente al ministro Astori. “Esto del cierre de cuentas a las farmacias lo arreglás sí o sí. ¡Hablá con (Jorge) Polgar (presidente del Banco República) o con quien sea, pero esto lo vas a resolver porque con este tema nosotros vamos a hacer patria!" le dijo el actual senador al Ministro, advirtiendo que su sector político iba a trancar toda la actividad parlamentaria. Tras los enojos, el equipo económico y la propia presidencia de la República se pusieron a trabajar para ver como zafar del entuerto, anunciándose inclusive que un grupo de técnicos viajará a la brevedad a Estados Unidos para realizar contactos de alto nivel que permitan encontrar alguna solución.

Es increíble que una ley que se estudió durante dos años y que demoró en aplicarse otros dos tenga las falencias que tiene, sobre todo cuando hubo advertencias de que las dificultades financieras serían irremediables

Como lo explica muy bien el experto Dr. Edison González Lapeyre son varios los instrumentos internacionales a los que Uruguay ha adherido y le obligan a no transar con dineros provenientes de cualquier forma de narcotráfico. Escribió el internacionalista que “en el ámbito internacional, en primer lugar, va a implicar una abierta y flagrante violación de la Convención Única de 1961 de Naciones Unidas sobre Estupefacientes, enmendada por el Protocolo de 1972 y la Convención de Naciones Unidas contra el tráfico de estupefacientes y sustancias psicotróficas, firmada en Viena el 20 de diciembre de 1988, ratificada por nuestro país el 10 de marzo de 1995.En el año 2012, cuando fui entrevistado sobre este tema, manifesté que era imperioso, si el gobierno estaba dispuesto a continuar con ese proyecto, el denunciar las citadas convenciones, conforme a lo que establece el artículo 46 de la Convención de 1961 y el artículo 30 de la de 1988. Conforme a esas normas, la denuncia produce la desvinculación de esos tratados al año de que hubiese sido formulada. No se ha procedido así y, entonces, muchos aspectos de esta ley contradicen esos tratados que obligan, entre otras cosas, a las partes a tipificar como delitos penales en su derecho interno, cuando se cometan intencionalmente, la producción, la fabricación, la extracción, la preparación, la oferta, la oferta para la venta, la distribución, la entrega, etc. de una serie de estupefacientes ente los cuales se encuentra la planta de cannabis.”

Por su lado, el abogado Hoenir Sarthou señala flagrantes contradicciones entre la ley de marihuana, la de inclusión financiera y la ley antilavado, aprobadas más o menos en el mismo tiempo. Dice Sarhou: “Eso es lo que le pasa a Uruguay en el casi surrealista asunto de la marihuana y los bancos. En junio de 2009, el Parlamento aprobó la Ley 18.494, titulada “Control y prevención de lavados de activos y del financiamiento del terrorismo”. Esa ley reafirmó la adhesión de Uruguay a las políticas de guerra al narcotráfico y les asignó a los bancos (así como a otras actividades comerciales y a ciertas profesiones universitarias) un papel preponderante en la detección y denuncia de los delitos previstos en las leyes sobre estupefacientes. En diciembre de 2013, el Parlamento aprobó la Ley 19.172 que, con el largo y aparentemente severo título de “Marihuana y sus derivados. Control y regulación del estado de la importación, producción, adquisición, almacenamiento, comercialización y distribución”, habilitó el cultivo y la comercialización de marihuana. Poco después, en abril de 2014, el mismo Parlamento aprobó la Ley 19.210, eufemísticamente denominada “Acceso de la población a servicios financieros y promoción del uso de medios de pago electrónicos”, más conocida como “ley de bancarización” que obliga a toda la población a efectuar los pagos y cobros de sueldos, jubilaciones, pensiones, alquileres, honorarios, precios de compraventas y en general toda operación económica a través de los bancos, prohibiendo hacerlo de otras maneras. La ley de lavado de activos es brutal y sincera en su naturaleza represiva. Las otras dos, en cambio, tanto en su título como en sus primeros artículos, disimulan su verdadero contenido. En la de bancarización, la obligación de entrar al sistema financiero aparece recién en el artículo 10 (antes hay varios artículos de “sanata” sobre los medios de pago electrónicos, de modo que un lector no entrenado probablemente no advertiría el contenido principal de la norma). La ley de la marihuana, por su parte, comienza diciendo: “Decláranse de interés público las acciones tendientes a proteger, promover y mejorar la salud pública de la población mediante una política orientada a minimizar los riesgos y a reducir los daños del uso de cannabis, que promueva la debida información , educación y prevención, sobre las consecuencias y efectos perjudiciales vinculados a dicho consumo así como el tratamiento, rehabilitación y reinserción social de los usuarios problemáticos de drogas”. Extraño inicio para una ley que se propone habilitar el cultivo y la venta de cannabis. Estas cuestiones de estilo son reveladoras de una mala conciencia legislativa, que oculta con palabrerío y declaraciones pueriles lo que verdaderamente se está disponiendo o imponiendo. Más allá de estilos, es clara la contradicción entre las tres normas. Por un lado, se declara la guerra al narcotráfico y se les asigna a los bancos -ya predispuestos a eso por las normas de los EEUU - el papel de vigilantes de un “eje del mal”, constituido por el lavado de activos, el narcotráfico y el terrorismo (todo en un mismo paquete). Por otro lado, se legaliza el cultivo y venta de marihuana. Y la frutilla de la torta es poner en manos de los bancos, más dependientes de la regulación y de las prácticas financieras extranjeras que de la legislación nacional, toda la actividad económica del país. ¿Cómo esperar que no saltaran chispas por todos lados?”