Al acusar a Maduro y a sus adláteres de narcotráfico, el gobierno de Estados Unidos cambia drásticamente su política respecto a Venezuela, ya que se descarta cualquier tipo de negociación y, tarde o temprano, el pleito terminará con una acción militar para atrapar y procesar al dictador caribeño.

El Departamento de Estado Norteamericano acusó al presidente venezolano Nicolás Maduro de "narcoterrorismo" y dispuso la búsqueda y captura de 14 miembros de la cúpula chavista y de dos exmiembros de la guerrilla de las FARC colombiana. El gobierno de Trump ha llegado incluso a ofrecer una recompensa de 15 millones de dólares a aquel que capture a Nicolás Maduro y lo entregue a las autoridades. ¿Qué significa esta acusación contra el régimen chavista en pleno contexto de coronavirus?

Esta acusación causa sorpresa sobre todo dado el contexto actual de la pandemia de coronavirus y siendo Venezuela uno de los países más afectados en la región.

Ante esto Jeremy Mc Dermont, director ejecutivo de InSight Crime, una organización dedicada al estudio del crimen organizado en América Latina y el Caribe, comenta que esta decisión del gobierno de Trump responde a los intentos frustrados de colocar a Juan Guaidó en el poder y que el contexto de debilidad de Venezuela es ideal para esta acusación.

"Es el momento preciso para poner mucha presión sobre el gobierno de Nicolás Maduro. La relevancia del coronavirus en Venezuela es que es el país menos preparado para manejar esta crisis. El sistema de salud está colapsado", estima Mc Dermont.

De acuerdo con las acusaciones, Estados Unidos considera que existe una "conspiración para el narcoterrorismo" entre el llamado cartel de Los Soles, formado supuestamente por autoridades venezolanas y que sería liderado por Maduro, y las FARC desde 1999 y hasta ahora. Según Insight Crime, estas acusaciones tienen un fundamento más que sólido.

Afirma Jeremy Mc Dermont que "el gobierno de Nicolás Maduro está facilitando, protegiendo y participando en el narcotráfico, entonces en ese sentido creemos que las acusaciones están bien fundadas. Mientras en países como México y Colombia hay carteles de drogas, en Venezuela, el cartel de Los Soles actúa dentro del régimen actual chavista".

Uno de los hechos que llama la atención de esta acusación es el monto ofrecido por Estados Unidos por la captura de Maduro. Para Mc Dermont, esta suma expresa el interés de Estados Unidos por tumbar a como dé lugar el régimen de Maduro: "Esto muestra que Estados Unidos está bastante interesado en tumbar a Nicolás Maduro, a Diosdado Cabello, y también muy interesado en vincularlo directamente con Iván Márquez de las FARC para pintar el régimen de Nicolás Maduro como aliado del narcotráfico y aliado del terrorismo. Me imagino que Estados Unidos está intentando cambiar el mapa del poder dentro de Venezuela", comenta.

Se descarta cualquier negociación

Una nota del The Washington Post, firmada por el director de una asesoría independiente en investigación y defensa critica la postura del gobierno de Estados Unidos, al indicar que la radicalización impide todo tipo de negociación buscando una salida.

El texto referido indica que Venezuela no es un país de tránsito importante para las drogas con destino a los Estados Unidos. Como señalamos en un informe reciente de la dirección de Venezuela de The Washington Office on Latin America (WOLA), datos del gobierno de Estados Unidos no publicados anteriormente muestran que, si bien la cantidad de cocaína traficada desde Colombia a través de Venezuela es significativa, es solo una fracción de la cocaína que llega a través de otros países de tránsito. De acuerdo con la Base de Datos Antidrogas Consolidada Interagencial (CCDB), 210 toneladas métricas de cocaína pasaron por Venezuela en 2018. Para comparar, en el mismo año pasó aproximadamente 10 veces más cocaína (2,370 toneladas métricas) por Colombia y siete veces más (1,400 toneladas métricas) por Guatemala.

Tanto en términos de líneas de tendencia recientes como de la escala general del flujo de cocaína, los propios datos del gobierno de Estados Unidos muestran que Venezuela es un jugador relativamente pequeño en el comercio de cocaína. Entonces, ¿por qué la administración Trump está ahora dando la alarma de que Venezuela "inunda" a este país de cocaína, especialmente cuando la Casa Blanca permitió que los esfuerzos anticorrupción murieran en países de tránsito más importantes como Honduras y Guatemala?

La respuesta está en la historia de la Guerra Fría. El Departamento de Justicia se ha visto sometido a una fuerte presión por parte de los duros de la oposición venezolana y la comunidad de exiliados para revelar estas acusaciones, algunas de las cuales han estado vigentes por años. Están usando el mismo libro de jugadas que el gobierno de George H.W. Bush usó en Panamá, donde las acusaciones de Estados Unidos contra Manuel Noriega llevaron a la invasión de 1989. Esto lo sabe el Fiscal General William P. Barr y el Enviado Especial para Venezuela, Elliott Abrams, quienes jugaron un papel importante en la campaña de presión que condujo a la invasión de Panamá.

Sin embargo, a diferencia de Panamá en 1989, no hay mucho apoyo para una intervención militar en Venezuela. Incluso los más tradicionalistas saben que la acción militar de los Estados Unidos allá podría conducir a una insurgencia de décadas que podría desestabilizar la región. En cambio, la Casa Blanca cree que esta es una táctica de presión útil, la última en los intentos fallidos de la administración de crear fracturas dentro del régimen de Maduro.

La realidad es que solo una transición pacífica, negociada y ordenada ofrece cualquier posibilidad de allanar el camino para las reformas judiciales necesarias para combatir el crimen organizado, el tráfico de drogas y la corrupción en Venezuela. El secretario de Estado, Mike Pompeo, lo reconoció en enero cuando comentó que "una rápida y negociada transición a la democracia es la ruta más efectiva y sostenible hacia la paz y la prosperidad en Venezuela".

Pero al inclinarse ante la presión de los duros, en lugar de ayudar, este movimiento obstaculiza los esfuerzos para presionar a Maduro a que inicie negociaciones creíbles. Hay tres personas con poder que podrían aplicar tal presión: el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López; el juez de la Corte Suprema, Maikel Moreno; y el jefe del Partido Socialista, Diosdado Cabello, se encuentran entre los acusados. Esta es una desviación significativa de la estrategia anterior de Estados Unidos que ha intentado abiertamente abrir brechas entre ellos y Maduro. Ahora, cualquier incentivo que estos hombres hayan tenido para apoyar una transición se ha eliminado. Es más probable que cada uno decida que es mejor quedarse con Maduro, incluso si eso significa hundirse con el barco.

En última instancia, las acusaciones equivalen a que el gobierno de Trump finalmente renuncie a cualquier estrategia que pueda conducir a negociaciones entre Maduro y la oposición. Por razones puramente políticas, está abrazando la esperanza ilusa de la oposición extrema: que si simplemente sacuden lo suficiente, el régimen de Maduro colapsará bajo su propio peso. Este optimismo sin fundamento parece venderse en Washington, pero le ha fallado al pueblo venezolano. A menos que la Casa Blanca se comprometa a una solución negociada en Venezuela, el país no verá un retorno a la democracia en el corto plazo.