Correo de los Viernes - Entre el secretismo y el despilfarro

Entre el secretismo y el despilfarro

El Antel Arena es un ejemplo claro del desorden con que el Frente Amplio ha administrado los dineros públicos: la obra cuesta el doble de lo previsto, ha sido reiteradamente observada por el Tribunal de Cuentas por sus ilicitudes; las autoridades se niegan a dar información pública sobre las concesiones y contratos que se han generado y, finalmente, la inauguración se vincula a una candidatura política. Todo es polémico y oscuro.

El Antel Arena tuvo mal origen, tras el desgraciado incendio del “Cilindro”, una construcción emblemática que debió haberse preservado. Excediendo absolutamente su competencia y actuando en forma prepotente e ilegal, la entonces presidente de Antel, ingeniera Carolina Cosse, impulsó la construcción de un nuevo estadio. La Constitución de la República establece claramente que los Entes Autónomos no pueden hacer nada por fuera de sus competencias estrictas, las que están establecidas por ley. La ingeniera Cosse y el Frente Amplio pasaron alegre e irresponsablemente por encima de esa norma y desconocieron completamente las reiteradas observaciones del Tribunal de Cuentas, lanzándose a construir el estadio contra viento y marea.

Las predicciones indicaban que Antel iba a gastar inicialmente U$S 40 millones pero por ahora se sabe que costó más del doble. Se advierte que la plata no sale del bolsillo de los directores de Antel sino de los usuarios, quienes seguimos pagando servicios muy caros, porque los jerarcas apenas se equivocaron en un cien por ciento… Así va el país. En cualquier sociedad avanzada y responsable, un error de esa magnitud significaría la inmediata remoción de los gobernantes respectivos. Aquí no pasa nada y así tuvimos una regasificadora, la empresa fantasma por la que el Estado sigue pagando sueldos desorbitantes. Así fue la quimera del puerto de aguas profundas, en cuyos estudios se gastaron U$S 6 millones. Así fue el sueño de Alas U y de los proyectos del Fondes, en los que se despilfarraron millones y millones y suma y sigue.

Nunca se pudo justificar la razón por la cual el Estado se encargó de la inversión en el estadio. Uruguay tiene prioridades mucho más urgentes, que fueron y son postergadas. Además, en el mundo estas inversiones son privadas y, por lo tanto, también es privado el gerenciamiento de los espectáculos y promociones que se realicen en las instalaciones. Acá es al revés, la construcción y el gasto las hace el Estado, pero Antel ya concedió la gerencia a una empresa privada multinacional, que hará una fenomenal ganancia, porque hasta ahora no puso un peso, pero accede a lo mejor del negocio, que no es la construcción del estadio sino su uso. Pues bien, Antel concedió en forma directa la gerencia del negocio a una multinacional. No se conocen detalles de esa operación, porque Antel se niega a dar la información, a la que considera reservada, pese a que una romántica ley ampara el derecho a la información pública.

En uso de sus facultades parlamentarias, el senador Pablo Mieres hizo varias preguntas a la ministra Cosse sobre esos temas y recurrió también a los procedimientos de la ley de acceso a la información pública, pero no pudo obtener ninguna información precisa. La ministra Cosse se negó sistemáticamente a contestar, sosteniendo que Antel está sometida a la competencia y aduciendo que la divulgación de los datos puede perjudicarla. Eso es una gran mentira, porque en varios de sus rubros la empresa estatal tiene el monopolio, y, que sepamos, ninguna compañía privada en competencia con Antel proyecta la construcción de un estadio.

En consecuencia, la población no sabe por qué el Antel Arena valdrá el doble de lo previsto, en qué se gastó tanta plata, cómo se concedieron los cuantiosos contratos y cómo se eligió a la poderosa empresa multinacional que se hará cargo del negocio. Tamaña falta de transparencia hace sospechar al senador Mieres, quien entiende además que la inauguración del estadio será utilizada por la ingeniera Cosse con finalidad electoral.

Un último apunte, que no es menor. Por resolución válida y vigente, el Cilindro se llamaba “Héctor Grauert”, en homenaje al ex ministro y legislador colorado. Es necesario que ese homenaje se mantenga, aunque ante tanta desprolijidad, no nos extrañaría que los responsables de la obra se hayan olvidado.