El Frente Amplio, que vituperó históricamente contra las medidas de autoridad que hubo de tomar el gobierno democrático de Pacheco Areco frente a los desbordes sindicales de la época (asociados a un tiempo de guerrilla violenta), hoy se encuentra al borde de la crisis existencial. El mote que titula este artículo ha nacido en las redes sociales de la boca de desconcertados militantes de izquierda.
A tanto llega la tribulación que ponen de ejemplo a los no menos cuestionados gobiernos de Sanguinetti y Lacalle, que nunca declararon servicio esencial a la enseñanza.
El hecho es que el Presidente había anunciado, durante la campaña electoral, que estaba dispuesto a decretar la esencialidad. Era parte de su estrategia electoral para acercarse a la ciudadanía moderada, harta de las paralizaciones en la educación. Ahora toma la determinación, seguramente luego de calibrar el estado de la opinión pública, notoriamente adverso a esa gimnasia gremial que toma de rehenes a los estudiantes, desde los tiernos escolares hasta los adolescentes de la enseñanza media.
El Dr. Vázquez estará pensando, en su fuero íntimo, el error que cometió cuando en la ley de educación de su primer gobierno le atribuyó a las corporaciones gremiales un poder desmedido en las competencias del Estado. También cuando su ley sindical le atribuyó a los sindicatos facultades y poderes que le han conducido a su actual sensación de omnipotencia. Sus dirigentes son más inamovibles que los funcionarios públicos, su posibilidad de influir en el manejo de las empresas se hace visible, el acceso fácil a las contribuciones económicas le da ese enorme caudal de afiliaciones que no responde a una real voluntad del trabajador.
Una educación con pésimos resultados, evaluada de un modo muy negativo por todos los sistemas internacionales, no resiste la irregularidad de los cursos que el año presupuestal le está imponiendo. Los padres empiezan a darse cuenta de que se está arruinando a sus hijos y buena parte del profesorado, aquel en que su vocación docente es mayor que su dogmatismo corporativo, sufre íntimamente este desgaste.
Naturalmente, es una pulseada fuerte —y riesgosa— para el gobierno. La declaración de esencialidad supone imponer el retorno al trabajo y, en caso contrario, sancionar a quienes faltan. Es un ejercicio muy complejo. Los gremios, muy acostumbrados a la paralización parcial y al paro indirecto, siempre intentan desgastar al gobierno por medios laterales. Lo vienen haciendo desde hace tiempo y esto, además, es gratuito. Si paran dos horas se le descuentan dos horas y el descuento viene dentro de dos o tres meses, o, cuando es mayor, se termina pactando un pago en largas y cómodas cuotas, con lo que los paros y huelgas se hacen sin real sacrificio. Ahí empieza el desafío de la autoridad. Y la pérdida de la ética gremial, que justamente se basó siempre en el sacrificio de la solidaridad y no en la protesta rentada.
A la hora que escribimos estas líneas, jueves a mediodía, la esencialidad se mantiene pero está desacatada. Los funcionarios no tienen el derecho a desacatarse, porque el Ejecutivo tiene competencia legal. Y si creen que la medida es ilegal, tienen que ir a la Justicia para que resuelva. El gobierno, a su vez, no ha concretado la esencialidad como debió hacer; por ejemplo, convocando en concreto a los funcionarios de los comedores para un día y hora concretos, porque esos niños sin comer son un castigo cruel a quienes más necesitan.
No todo es esencial todo el tiempo. Por un paro de dos días, no todo es esencial, como sí —en cambio— lo es el servicio de alimentación. Y si no cumplen, hay que ir a buscar a los funcionarios y quienes se desacaten deberán ser severamente sancionados. Sería tremendo que el Poder Ejecutivo se lance a un camino como este y luego desacredite la medida con paños tibios, porque perderá la autoridad para siempre.
Al margen de la angustia política del Frente Amplio y el dilema de los sindicalistas que se enfrentan al gobierno que votaron, hay también un debate jurídico. Se ha hablado mucho de esto, en general con poca propiedad. La esencialidad es un concepto muy particular. Constituye una excepción al derecho de huelga, que —por definición— debe interpretarse con criterio estricto. En algunos casos, la esencialidad es absoluta, como los controladores aéreos, por ejemplo, que podrán hacer un boicot comercial pero no abandonar totalmente el servicio básico, porque un avión en emergencia siempre, necesariamente, debe tener la posibilidad de aterrizar. Lo mismo los funcionarios de un CTI, que no pueden parar y dejar a los pacientes graves de un momento al otro, conectados a respiradores o necesitados de una asistencia permanente. Si esto es claro, hay otras zonas que son más grises. Por ejemplo, los servicios portuarios. En sí mismos no son esenciales, pero si hay mercadería perecedera, quienes están afectados a ella pueden ser obligados, por la esencialidad, a fin de evitar un daño económico a la producción nacional. Y si la paralización persiste en el tiempo y ella supone una crisis del país, por falta de combustible, por ejemplo, o de abastecimientos esenciales, pasa entonces a ser esencial y puede haber medidas coercitivas del Estado. No es un tema sencillo de resolver y caso a caso merece un análisis particular.
La educación es un servicio especial. Un día de paro, o una semana, obviamente no supone una esencialidad. Pero si la persistencia compromete un año de trabajo y lo que él supone en la formación de los educandos, empieza a incurrir en el espacio de la esencialidad. Es un tema de grados, que el gobierno ha evaluado suficiente para emprender ese espinoso camino. Quizás se apresuró, sobre todo al no concretar la medida en aquello realmente esencial. El paro de Secundaria es hasta el lunes. ¿Y después? Se levanta la esencialidad, vuelven a trabajar y dentro de una semana, de nuevo hay paro.¿ Qué se hace entonces?
Si la declaración no se llega a aplicar realmente, el gobierno sufrirá una derrota enorme y un menoscabo de autoridad de tal magnitud que a todos les quedará claro que el poder del Estado no está en sus manos. Si ella comienza a ejecutarse efectivamente, no será sencillo el desenlace. Para el país, para las instituciones, el episodio es muy importante. La educación está en juego. Y también el ejercicio de la autoridad democrática, hoy cuestionada. ¿Gobiernan quienes elige el pueblo o quienes se eligen a sí mismos?
