La familia de un niño con cáncer le reclama al Fondo de Recursos y al Ministerio de Salud Pública que contribuyan para comprar la medicación necesaria. El Presidente Vázquez sostuvo que hay restricciones impuestas por ley, pero el Ministro Basso reconoció que hubo excepciones. Se requiere un gesto de compasión de parte del Estado.

La historia de Agustín Cal es la de muchos enfermos y pacientes. Se trata de una dramática lucha por la vida, ya que sufre un tumor cerebral que se repite incesantemente, aún tras la cuarta operación que se le realizó en Estados Unidos. En ese país y tras diversas experiencias, los médicos resolvieron tratarlo con “Trastuzumab”, una medicación indicada aquí para tratar el cáncer de mama en las mujeres, razón por la cual el Fondo de Recursos se niega a suministrarlo de acuerdo a lo dispuesto por la ley 18.211. Los técnicos de Estados Unidos confirmaron que el remedio es efectivo para el tipo de tumor que sufre el niño.

La familia de Agustín, que hasta ahora solventó los gastos de internación y de traslado con apoyo solidario de la comunidad y que sabe que tiene poco tiempo para luchar por su vida –ya que sin medicación la enfermedad avanzaría en forma irremediable– no puede solventar el costo del medicamento por lo que acudió a la justicia, la que determinó en primera instancia a su favor. En aplicación estricta pero muy fría de las normas, el Ministerio de Salud Pública apeló el fallo, que se estudia ahora en segunda instancia.

Mientras tanto, los padres de Agustín escribieron una carta el Presidente Vázquez, solicitándole apoyo. El titular del Ejecutivo respondió a través de una nota en la que explica a los familiares las restricciones que impone la ley.

Hasta allí todo legal. Frío, distante, pero legal.

Pero ocurre que a raíz de este tema y de la polémica que se ha suscitado, el ministro de Salud Jorge Basso reconoció que se han hecho excepciones en el pasado y explicó que en todos los casos hubo “evidencias científicas”, según crónicas de la prensa.

Sin embargo, por las redes sociales circula la versión de que uno de esos casos no se habría manejado por “evidencia científica”, sino por influencia política. No podemos abrir una opinión al respecto hasta que la situación, que viene siendo investigada en el ámbito parlamentario, se confirme plenamente o se descarte.

Pero en todo caso, si hubo excepciones recientemente, ¿que llevó al Ministerio a ser tan inflexible como para apelar la resolución de la justicia en primera instancia?

Creemos que el tema merece una reflexión profunda por parte de las autoridades, que están a tiempo de enmendar un empecinamiento que puede tener consecuencias trágicas.