Nos cabe la duda si era necesario elevar toda esta disciplina a la jerarquía de una Secretaría de Estado, si no era suficiente con re-jerarquizar la actual Dirección Nacional de Medio Ambiente (DINAMA) dotándola de mayores recursos, principalmente técnicos, en su ámbito actual del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial, y Medio Ambiente (MVOTMA). Tenemos nuestras prevenciones por este aumento de jerarquías, y no precisamente por una actitud inconsciente o necia ante uno de los problemas más sensibles de la humanidad hoy. En definitiva, este nuevo ministerio merece explicarse ya no para responder a los fundamentalistas ideológicos del naturismo, sino porque ante las crecientes exigencias y mandatos que surgen desde los organismos internacionales y de los propios mercados, el cuidado del ambiente en su multiplicidad de aristas y áreas sensibles se convierte hoy en una disciplina dónde no solo hay que ser sino también parecer. Atendiendo esto último es comprensible la existencia del nuevo ministerio.

La mayor preocupación parte de un hecho constatado a lo largo de los últimos años, y es que invocando fundamentos ambientalistas no se condicione la producción nacional tanto en la agropecuaria como en la industria. La preocupación es real a partir de lo ocurrido durante el gobierno del conglomerado de izquierda, y podemos mencionar ejemplos.

La industria del cuero en nuestro país, de reconocimiento externo por la calidad del producto elaborado, se vio fuertemente cuestionada desde hace algunos años por la caída en la demanda mundial de cuero para tapizado de autos. Una de nuestras principales plantas, la empresa Zenda, había logrado un mercado externo para colocar la viruta del cuero. Un subproducto contaminante cuya alternativa era la destrucción como deshecho industrial con elevados costos. Se trataba de exportar un deshecho industrial a un mercado europeo dónde las exigencias ambientalistas son extremas. Los italianos tienen hoy la tecnología requerida para reciclar y transformar en utilizable con otros fines lo que acá debería ser destruido. Finalmente ocurrió que la inflexibilidad casi obtusa de DINAMA impidió su exportación cambiando un posible ingreso por un enorme costo sin opción desde que la planta de deshechos es una sola en el país. Se trata de un ejemplo conocido a nivel industrial.

En la producción agropecuaria los ejemplos son varios. La producción agrícola moderna se basa en el conocimiento biotecnológico como ciencia que opera sobre sistemas biológicos y organismos vivos, con el superior objetivo de lograr la creación o modificación de productos o procesos para usos específicos. En esa rama del conocimiento, los organismos genéticamente modificados han permitido ahorrar en la aplicación de agroquímicos, racionalizar el uso del suelo además de otorgar características deseables al producto obtenido, sea por uniformización de la producción o mejora en aspectos cualitativos del producto final. No existe evidencia científica que demuestre su impacto negativo, en todo caso se los habilita luego de rigurosos procesos de evaluación. Pero ocurre que la biotecnología aplicada a la agricultura carga con una culpa que la ha transformado en objetivo ideológico primero, político luego. Los organismos modificados genéticamente se transformaron en uno de los terrenos preferidos por el ambientalismo eco marxista y anti sistema en su lucha final contra las multinacionales. Así fue que en el primer gobierno del Dr. Vazquez se instituyó una moratoria para la aprobación de nuevos eventos transgénicos, con lo que al cabo de los años se generó un grave rezago tecnológico principalmente frente a nuestros competidores de la región. Finalmente, en diciembre de 2017 y por orden del Presidente de la República ante lo inminente del atraso tecnológico se convocó al Gabinete Nacional de Bioseguridad, se logró aprobar por mayoría una serie de eventos en soja y maíz que ya eran de uso en la región, con la abstención de la ministra del MVOTMA y del ministro de Salud Pública. Situación grotesca porque es de suponer que la firma de cada ministro en su área es la garantía de salvaguarda en la inocuidad del nuevo producto aprobado. Pero para ambos ministros primó lo ideológico antes que la sensatez y pragmatismo en el ejercicio del cargo.

Son apenas dos ejemplos de cómo desde el trono de una jerarquía de Estado se puede generar daños severos a la producción nacional. Pero cuidado que esto no es patrimonio de la izquierda eco-marxista. Con el voto unánime de todo el espectro político se aprobó en el año 2018 la ley de agroecología. A partir de supuestos falsos, más parecidos a proclamas de barricada o "cliché" políticos que otra cosa. A saber: exclusión de los productores familiares de los sistemas convencionales de producción, modos de producción socialmente justos, modos de producción sostenibles desde el punto de vista ambiental, preocupación por la producción libre de agroquímicos y de transgénicos, soberanía y seguridad alimentaria. Decíamos por entonces desde estas páginas que nuestro país exporta entre el 70 y el 90% de los alimentos que produce, poder seguir haciéndolo es lo que determina nuestra soberanía y seguridad alimentaria. La mala cosecha de trigo y cebada de fines del 2017 y los efectos de la sequía en sorgo, maíz y soja en el 2018 determinaron pérdidas del orden del 40 al 60% en el valor de las exportaciones. Aquello fue circunstancial, un contratiempo climático, con los sistemas de producción que promueve la ley de agroecología las perdidas serán permanentes. Alegremente, con el temor de quedar expuestos frente a lo "políticamente correcto", sin mayores consideraciones nuestros parlamentarios aprobaron una iniciativa que promueves modelos de producción contrarios a los intereses agro-exportadores del país, y como consecuencia, contrarios también a su desarrollo económico.

Podríamos mencionar otros casos como las campañas para asustar incautos en contra de la producción granjera a partir del uso de agro químicos (en forma equívoca y mal intencionada llamados "agro-tóxicos") lo que daría para otra nota, decíamos con estos antecedentes preocupa la entronización de un ambientalismo de espaldas a la producción, o mejor dicho, al agro-negocio productivo que es lo que le genera ingresos al país.

La nueva institucionalidad será un hecho a partir de la aprobación de la LUC, lo que no debe significar que el MGAP como ministerio de la producción quede relegado en sus competencias, en particular preservando los ámbitos de acción de la Dirección General de Servicios Agrícolas y de la Dirección General de Recursos Naturales Renovables.

Los criterios ambientales para una producción sustentables en cumplimiento de las más rigurosas exigencias internacionales deben ser objeto de una única política pública al servicio de la producción y no para atender preconceptos ideológicos o "tendencias" frívolas de una sub cultura pseudo naturista.