"Si quieren, tengo más", decía con desparpajo un dirigente sindical en referencia a una especie de chequera con certificados "en blanco" que le permitió ausentarse ilegalmente de liceo público donde dictaba clases en 2018 por más de 260 horas.

Todos los lunes en que se reúne la comisión investigadora que indaga el caso de las licencias sindicales "truchas", emerge una nueva -y triste- historia. Hace apenas dos semanas, analizábamos las confesiones de un integrante de Fenapes que reconoció la complicidad de las autoridades de la educación del Frente Amplio en las irregularidades con las inasistencias. "Si hubiera ganado el Frente no se habría tocado este tema; hubiéramos seguido certificando por 70-14, o 70 no sé qué", aseguró el sindicalista Mario Bango con total soltura.

Este lunes, la exdirectora de un liceo rural ubicado en Colonia Lavalleja (a 112 kilómetros de la ciudad de Salto), Esther Baratta, fue convocada para prestar testimonio ante la comisión investigadora. Barrata se refirió particularmente al caso de Raúl May, un docente de ese centro que en 2018 integraba el ejecutivo departamental de Fenapes y que usufructuaba licencias sindicales.

De acuerdo al testimonio de la docente, pese a que May se había comprometido a cumplir con sus tareas de adscripción y de tutoría en geografía, para lo que tomó 20 horas semanales, "empieza a no ir, pero excesivamente". "Lo que pasa es que el sindicato me demanda", fue la respuesta de May cuando Barrata lo consultó sobre sus inasistencias.

Según la directora, May comenzó a tornarse "autoritario" y se "ofuscó" cuando se le comenzaron a solicitar los justificados de sus faltas. "Un día, llevó un block A4 rojo con blanco, sin fecha, sin nada. [...] Se sentó en secretaría y dijo: 'pásame la fecha que quieren que justifique'".

"Tenemos dos cajas de papeles de él", dijo la exdirectora en el Parlamento, que aseguró que el block A4 que tenía May "ya venía firmado". "Si quieren más, acá tengo", afirmaba May con soberbia. "Venía con el block, llenaba, arrancaba y entregaba", explicó Baratta. Según ella, una de las firmas que acompañaba los formularios en blanco era la de Marcel Slamovitz, actual vicepresidente de Fenapes, y uno de los principales involucrados en la gigantesca maniobra de los certificados falsos.

Al igual que todos los exdirectores, Baratta aseguró que ella actuaba de buena fe, dando por válidos los certificados del gremio, que supuestamente estaban respaldados por un convenio que en realidad no existe. Sabiendo de la irregularidad, los integrantes del gobierno de la educación del Frente Amplio encajonaron las múltiples denuncias de los directores para proteger a los sindicalistas.

Hasta el momento, la comisión ha logrado determinar que 38 dirigentes sindicales obtuvieron licencia de modo irregular en 20 liceos de todo el país mientras el Frente Amplio cogobernaba la educación con Fenapes. A través de esa vía, May justificó 265 horas de clase que no dictó pero cobró.

Como hemos reiterado desde estas páginas, a la luz de los hechos, es entendible que el Frente Amplio y Fenapes busquen derogar los artículos de la LUC que terminaron con el perverso sistema de cogobierno que permitió, entre otras cosas, esta gigantesca maniobra fraudulenta. Por lo tanto, nuestro deber cívico es defender el cambio que la población votó en octubre y ratificó en noviembre de 2020.