Correo de los Viernes - ASSE, la caja de pandora

ASSE, la caja de pandora

Por Jorge Ciasullo

La “buena administración” de los fondos públicos está regulada por numerosas normas, leyes y decretos que obligan a todos los funcionarios…menos a los de ASSE, que violan reiteradamente todos los límites

El diputado de Unidad Popular (UP) Eduardo Rubio, logró que se aprobara por unanimidad en la bancada del Frente Amplio (FA) pese a fuertes cuestionamientos, la instalación de una Comisión Investigadora, que inició sus trabajos el pasado lunes 11. Entre esos cuestionamientos, los de la propia presidenta de ASSE Susana Muñiz, quien sostuvo ante la bancada que si se habilitaba esa instancia, se colocaba en “desconfianza la gestión del oficialismo”. Es decir la suya.

En la justificación del diputado Rubio, para investigar la gestión de ASSE desde el 2008 a la fecha, se sostiene que en determinadas decisiones y contrataciones realizadas por el organismo, “pierde lo público y gana lo privado”.

Son tantos y tan complejos los hechos a investigar, que se estima se demorará por lo menos un año para llegar a conclusiones, que descartamos, en algunos casos, demostrarán un accionar con apariencia delictiva.

Excedería estas líneas desarrollar todos los aspectos a investigar, puede dar una idea el que de acuerdo a la Rendición de Cuentas, el presupuesto ejecutado por ASSE en 2015 fue de U$S 972 millones. Llama la atención el aumento en algunos rubros entre 2009 y 2015, entre ellos: locomoción 162%; equipos médicos 206%; recolección de residuos 205%; fisioterapia 709% y en servicios médicos sanitarios y sociales 1.517%.

Entre las contrataciones a investigar, es significativo el aumento del gasto en traslados de pacientes por empresas privadas pertenecientes a médicos que trabajan en ASSE. O contratar estudios médicos (Hospital de Rivera) a empresas radicadas en Brasil, con informes en portugués acompañadas de facturas de empresas radicadas en Rivera.

También se investigará la actuación del representante de los trabajadores en el directorio, Alfredo Silva, por su participación en la sobrefacturación de los servicios de limpieza, hecho por el cual fue en su momento cesado.

Es muy grave lo que se sostiene en la denuncia del diputado Rubio en relación a la estafa al Fonasa, según la misma, había prestadores que recibían cápitas de la Junta Nacional de Salud (Junasa) de personas que no tenían trabajo. Dice la denuncia, “llama la atención la facilidad con la que los prestadores de salud pueden obtener beneficios cuantiosos”.

Por supuesto que también llama la atención, la falla del sistema en relación al control que debe haber sobre todo gasto realizado, en cualquier dependencia del estado.

El Decreto sobre Normas de Conducta en la Función Pública (30/03/ 23.01.2003) es muy claro en su definición del concepto de corrupción (Artículo 10); en la conducta de los funcionarios públicos (Artículo 12) en la implicancia (Artículo 17) y en general en todos los aspectos que obligan al funcionario público, muy particularmente en aquéllos que tiene responsabilidad sobre la asignación de recursos.

Parecería llegada la hora que se apliquen todas las disposiciones en la materia, que eviten situaciones como la que nos referimos y que la ciudadanía pueda confiar en que un organismo que dispone de casi 1000 millones de dólares anuales, ejecute los gastos con toda transparencia y sujeto a férreos controles. Es lo mínimo a exigir, si recordamos que el estado no tiene fondos propios, dispone de aquellos dineros que le aportan los ciudadanos, a quienes debe dar explicaciones contundentes relacionadas con la ejecución de los fondos asignados. .