Revanchismo a la carta



Hay decisiones políticas que huelen a capricho. Hay actitudes que, más que apostar a resolver problemas, delatan viejos resentimientos. Y pocas cosas ilustran mejor este lamentable fenómeno que la insólita decisión del actual gobierno —y muy especialmente del prosecretario de Presidencia, Jorge Díaz— de querer eliminar la fiscalía especializada en Lavado de Activos.

Sí, leyó bien: eliminar. No fortalecer, no corregir sus eventuales debilidades, no dotarla de más recursos humanos y técnicos —como sería lo lógico en un tema tan delicado para el prestigio internacional del país— sino lisa y llanamente barrerla del mapa. Porque, claro, destruir siempre es más rápido y sencillo que construir. Y, para algunos, mucho más satisfactorio cuando hay olor a revancha personal en el aire.

Que no nos engañen: la supuesta “ineficiencia” de la fiscalía no resiste el menor análisis. El fiscal Enrique Rodríguez ha explicado que las bajas tasas de condena en delitos de lavado de activos son un fenómeno mundial. No es falta de voluntad ni de idoneidad: es la complejidad propia de investigar redes financieras opacas, estructuradas para encubrir el origen ilícito del dinero. Hasta en países que sextuplican la población uruguaya, como Chile, las condenas anuales apenas rondan la decena y media.

¿La verdadera razón detrás de este intempestivo ataque? La necesidad de borrar toda huella de la gestión anterior y, más aún, un intento torpe y mezquino de que nadie más —nadie— le haga sombra al otrora poderoso fiscal de Corte, ahora devenido en estratega político de la Torre Ejecutiva.

No es casualidad que esto haya surgido en el ámbito de la Comisión Coordinadora contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo, presidida por el propio Díaz. Allí, sin siquiera sonrojarse, se deslizó la peregrina idea de que “cualquier fiscalía puede investigar lavado” como si el asunto fuera una travesura más delictiva. Como si no existieran técnicas específicas, conocimientos financieros complejos, redes internacionales que exigen experiencia, método y dedicación exclusiva.

Pretender que un fiscal de turno, que hoy investiga un hurto y mañana un homicidio, pueda enfrentar a las sofisticadas redes de lavado de activos es, sencillamente, de una irresponsabilidad clamorosa. Es condenar la lucha antilavado al fracaso antes de siquiera comenzar. Es hacer de cuenta que se combate mientras, en realidad, se levanta la alfombra para barrer debajo toda la suciedad que no se quiere enfrentar.

Lo trágico, además, es que ni siquiera presentan una alternativa seria. No hay propuestas de fortalecimiento de otros organismos, no hay promesas de más investigadores especializados, ni de mayores partidas presupuestales. Solo hay una consigna: eliminar. Borrar lo que hizo el gobierno anterior. Destrozar primero y —quizás, con suerte— improvisar después.

Es, en definitiva, revanchismo a la carta...