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María Dolores y una denuncia más que justificada
La adquisición de María Dolores no es sólo costosa: es un test de legalidad, transparencia y ética pública; la denuncia penal era imperativa ante los indicios de fraude.
La compra de la Estancia “María Dolores” por parte del Instituto Nacional de Colonización (INC), por U$S 32,5 millones y luego observada negativamente por el Tribunal de Cuentas (TCR), se ha convertido en un escándalo inevitable que obliga a preguntarse no solo si fue una operación correcta, sino si no estamos ante un uso político desmedido de los recursos públicos. La denuncia penal presentada por los partidos Colorado, Nacional e Identidad Soberana apunta a varios delitos —abuso de funciones, falsificación ideológica, fraude y conjunción del interés público y privado— que, de confirmarse, demuestran una corrupción institucional grave. Es no solo legítimo, sino necesario respaldar esa denuncia, que está más que justificada por los siguientes argumentos:
- Vicios de procedimiento: La denuncia identifica que se dictó la resolución de compra sin el informe técnico obligatorio, establecido por el artículo 28 de la Ley 11.029. Ese documento, que debía ser requisito previo, habría sido agregado después, con fecha antedatada al 28 de abril de 2025. Eso ya implica irregularidad en el proceso.
- Abuso de funciones y perjuicio económico: Se acusa que la adquisición se hizo utilizando facultades no justificadas, con medios públicos destinados a fines que no se correspondían con los objetivos de la administración, y con perjuicio directo al Estado. Además, al momento de aprobarse la compra, el departamento de Liquidación del INC supuestamente no tenía presupuesto suficiente, lo que sugiere un incumplimiento de las normas financieras vigentes.
- Falsificación ideológica y manipulación documental: El informe técnico originalmente requerido tenía reparos sustantivos —terrenos inundables, restricciones ambientales, falta de experiencia en manejo de sistemas de riego y exclusión de tierras no colonizables— que no fueron considerados. Los denunciantes sostienen que la documentación fue manipulada para dar apariencia de legalidad.
- Conjunción de interés público y privado: Dos integrantes del directorio del INC eran colonos (es decir, con intereses privados en tierras), lo que configura un conflicto de interés evidente, ya que no deberían votar decisiones relacionadas con la compra de tierras que pueden beneficiarlos.
Estos elementos hacen que la denuncia penal no sea una maniobra política más, sino un mecanismo indispensable para preservar la transparencia, la legalidad y la responsabilidad administrativa.
Alejandro Henry, presidente del INC, ha defendido la compra arguyendo que es “una inversión real”, “un impulso al desarrollo productivo” y que quienes denuncian están cometiendo una ofensa al deseo de “ayudar a los pobres”.
Estas expresiones no solo son simplistas, sino peligrosamente demagógicas por varias razones:
- Ayudar a los pobres no debe implicar violar procedimientos legales, transparencia ni someter decisiones ejecutivas al arbitrio. El discurso de “ayudar al pobre” no debe servir de coartada para legitimar irregularidades.
- Presentar la adquisición como beneficio social sin demostrar fehacientemente cómo va a ser explotada la estancia, cómo generará empleo genuino o cómo se medirá ese beneficio, convierte la frase “desarrollo productivo” en un eslogan vacío.
- La justificación “es caro pero es una inversión” ignora que ser “caro” no puede ser equivalente a ser correcto. Un gasto público elevado exige aún más rigor, aún más cumplimiento de la ley, aún más transparencia, y no excusas retóricas.
- Henry lamenta que algunos vean el acto como “un delito”, pero el deber de quienes ocupan cargos públicos es asumir que sus actos serán examinados minuciosamente, porque no basta afirmar buenas intenciones cuando aparecen indicios de abuso, falsificación y fraude. Si no quieren que se lo vea como delito, lo único que tienen que hacer es someterse a la Justicia y darle todas las pruebas, no minimizar los cuestionamientos.
La denuncia penal contra los directores del INC por la compra de María Dolores no solo está justificada: es imprescindible. Lo que estamos presenciando no es solo un episodio desigual del uso del dinero público, sino una demostración de cómo la demagogia y la arrogancia institucional pueden funcionar como blindaje frente a la rendición de cuentas.
Alejandro Henry debería entender que los cargos públicos no se sostienen en discursos, sino en actuaciones claras, legales y transparentes. Si realmente se buscara “ayudar al pobre”, ese fin debería acompañarse con medios que respeten las reglas del Estado de Derecho.
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