El BHU y la UR: una deuda de honor

Por Alicia Quagliata

La Ley 20.237 es una conquista de justicia social que hoy, a pesar de los ajustes legales de 2025, sigue esperando una ejecución administrativa a la altura del reclamo ciudadano.

El Banco Hipotecario nació en 1912 bajo el impulso del Partido Colorado para transformar al inquilino en propietario. Fue una pieza clave de nuestra arquitectura social, diseñada para que la clase media alcanzara el goce efectivo del artículo 45 de la Constitución. Sin embargo, con el tiempo, el sistema se desvirtuó y el sueño de la casa propia se transformó, para miles de familias, en una trampa financiera de décadas bajo el peso de la Unidad Reajustable.

Fue nuestra colectividad la que, desde la coalición de gobierno y tras un intenso proceso de negociación, impulsó la Ley 20.237 de diciembre de 2023, reglamentada en marzo de 2024. Esta norma, enviada por el Poder Ejecutivo y aprobada por unanimidad en el Parlamento, no fue un simple trámite; fue un acto de estricta justicia que estableció la tasa del 0% para los deudores más antiguos y un techo del 2,5% para quienes llevan entre 15 y 30 años de esfuerzo. Incluso, en febrero de 2025, se debió votar la Ley 20.395 para corregir exclusiones y permitir que familias con deudas tributarias también accedieran al beneficio.

Hoy, en este abril de 2026, la solución está operativa en los papeles pero trancada en los mostradores. La victoria legislativa ya se ganó con el consenso de todos los partidos —incluyendo a quienes hoy gobiernan—, pero la paz de las familias sigue atrapada en un laberinto de expedientes y demoras notariales. No podemos permitir que la inercia de la administración actual opaque un derecho ya conquistado y ratificado por ley. El camino quedó servido; ahora corresponde al Ejecutivo demostrar voluntad política para que la escritura llegue, finalmente, a manos del vecino.

Saldar esta cuenta es mucho más que un balance contable; es devolverle la dignidad al trabajador que pagó su casa dos veces y aún espera por su título. Es tiempo de transformar el sacrificio de toda una vida en un legado de seguridad jurídica. Cada familia merece, finalmente, respirar bajo un techo que —por ley y por justicia— ya le pertenece.