Cuando libertad de cátedra se convierte en justificación de prejuicios



La Decana convierte la libertad académica en refugio para discursos de odio: el aula no es lugar para estereotipos, es espacio de formación.

La reciente defensa pública de la Decana de la Facultad de Información y Comunicación (FIC) bajo el paraguas de la “libertad de cátedra” para exculpar a una docente que realizó comentarios abiertamente judeófobos es un acto de irresponsabilidad institucional inexcusable.

La libertad académica no puede ser la excusa para reproducir estereotipos discriminadores. Citar la fisonomía de intelectuales como Adorno o Horkheimer, atribuyéndoles rasgos faciales como si fueran características relevantes para sus ideas, atraviesa los límites del discurso riguroso y cae de lleno en la estigmatización racial.

La Decana carece de toda visión crítica: su defensa sugiere que, mientras no haya censura, se asume que todo vale. Pero no todo vale. El respeto, la dignidad y la condición humana están por encima de cualquier “aportación académica”.

La defensa de discursos que ridiculizan a la colectividad judía no solo es inadmisible moralmente, sino que debilita el prestigio de la institución. En lugar de una rectificación firme, la Decana opta por un silencio burocrático soterrado tras un principio que se convierte en herramienta de impunidad.

Esto despoja de ética al proceso formativo: ¿qué mensaje reciben los estudiantes si la máxima autoridad universitaria avala el prejuicio académico como “expresión libre”?

No se trata de una opinión aislada, sino de una señal de alarma institucional. ¿Qué ocurre cuando el prejuicio se naturaliza como parte de la enseñanza? Cuando la autoridad académica respalda comentarios ofensivos, el aula deja de ser un espacio plural para convertirse en un nicho de exclusión.

Esto no solo daña a quienes pertenecen a las comunidades afectadas, sino también a todos los que aspiramos a una educación fundamentada en el respeto y en el rigor intelectual.

La Universidad cumple un rol central en la formación de ciudadanos críticos. Una universidad que calla ante discursos discriminadores y culpa de “intolerancia” a quienes denuncian, es una universidad que abdica de su deber civilizatorio.

Se requiere más —mucho más que declaraciones genéricas—: investigación institucional, instancias de diálogo con las comunidades afectadas, sanciones que demuestren que las autoridades no toleran el odio. Si la Decana no actúa, el sistema de protección del principio institucional de equidad queda en entredicho.

Las autoridades académicas deben recordar que la educación construye ciudadanía. Defender la dignidad del aula significa que ni la investigación ni la crítica pueden sustentar el desprecio como excepción. El silencio o la neutralidad complaciente son muestras de complicidad.