Crecer con dudas



El ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone, presentó su proyecto de Presupuesto ante empresarios afirmando que Uruguay proyecta un crecimiento promedio anual del 2,4 % para los próximos cinco años, alineado con las expectativas del Banco Central y el FMI. También defendió la incorporación del llamado Impuesto Mínimo Complementario Doméstico (“impuesto global”), y planteó cambios en el secreto bancario: permitir que la DGI lo levante sin orden judicial, siempre que haya una “presunción de evasión”. Pero detrás de estas promesas hay grietas serias: ¿cuánto de esto es realista, cuánto implica sacrificios de garantías ciudadanas, y qué tanto está detrás de una puesta en escena para atraer inversiones?

El 2,4 % anual que Oddone propone, crece apenas unas décimas sobre lo que la economía ha logrado en años recientes bajo circunstancias más adversas (sequía, shocks internacionales, inflación).

No se ha explicado con claridad qué estructuras productivas nuevas van a impulsar ese salto. ¿Dónde están esas inversiones, innovación o transformaciones sectoriales robustas que puedan sostener un mayor crecimiento en un país pequeño y abierto?

El riesgo de depender demasiado de variaciones externas (commodities, demanda internacional, clima) sigue latente. Uruguay ya mostró vulnerabilidad ante sequías, pandemia, alzas globales. El Presupuesto lo describe como “optimista”, pero no parece partir de un plan imprescindible para mitigar esos riesgos.

Si alguna de las variables macroeconómicas (tipo de cambio, inflación, precios internacionales) se desvía desfavorablemente, ese 2,4 % puede quedar muy lejos. Al no contemplarse fuertes mejoras en gasto público, aunque Oddone hable de “consolidación fiscal por ingresos”, muchas de las promesas terminarán dependiendo de expectativas más que de realidades tangibles.

En resumen: el Presupuesto parece más una declaración de intenciones que una hoja de ruta firme.

En otro orden, Oddone defiende el “Impuesto Mínimo Complementario Doméstico” afirmando que no se trata de aumentar impuestos nuevos, sino de “localizar” tributos que ya se estarían pagando en el exterior, en grupos multinacionales cuyos beneficios no tributan en Uruguay.

Eso suena razonable en principio: evitar que la política fiscal doméstica sea un subsidio indirecto para quienes eluden pagar en otras jurisdicciones. Pero la implementación tiene costos: complejidad administrativa, necesidad de recursos para fiscalizar esas operaciones multinacionales, transparencia real y participación ciudadana.

También existe el riesgo de que ese impuesto global se use como excusa para presionar a ciertos sectores o para justificar una mayor intervención estatal en la economía tributaria, reduciendo previsibilidad, lo que a su vez podría desalentar inversión, justo lo que el gobierno quiere favorecer.

Además, Oddone ha dicho que gran parte de los cambios tributarios son “localizaciones” de impuestos ya existentes, pero cuando se combinan con nuevas obligaciones, tasas o regulaciones, la carga del cumplimiento puede crecer para las empresas pequeñas, lo cual muchas veces no se menciona en los discursos optimistas.

Pero el punto que más alarma genera es la propuesta —incluida en el proyecto de Presupuesto— de permitir que la DGI pueda levantar el secreto bancario sin orden judicial, cuando haya una “presunción de evasión”.

Primero, la ausencia de una intervención judicial es un quiebre significativo de un principio básico de garantías: no todo órgano administrativo debe tener acceso indiscriminado a la información financiera de los ciudadanos. Eso abre la puerta a posibles arbitrariedades, filtraciones, uso político indebido.

El argumento de que Uruguay está simplemente adaptándose a estándares de la OCDE no borra que esos estándares deben aplicarse con respeto a derechos fundamentales —equilibrio entre transparencia tributaria y privacidad ciudadana—, no con reformas apresuradas sin debate profundo.

Oddone menciona que habrá un requisito de “presunción fundada de evasión”, pero si eso no está claramente definido en la ley o queda demasiado a discrecionalidad del director de la DGI, es un estándar vago que puede servir para autorizar muchos levantamientos sin filtros efectivos.

En términos de confianza pública, esto puede hipotecar créditos futuros: evasión, corrupción y lavado son materia sensible; tocar el secreto bancario sin garantías claras puede erosionar la institucionalidad.

En suma, el Presupuesto presentado por Oddone tiene ambición declarada: quiere proyectar crecimiento, alinearse con regímenes globales, evitar sanciones, mostrar Uruguay como un actor moderno. Pero la retórica no basta. Hay múltiples señales de que muchas de sus promesas se basan en supuestos frágiles, en confiar demasiado en lo que vendrá del exterior y en asumir que no habrá choques adversos.

Especialmente, el secreto bancario es una garantía clave para los ciudadanos; su modificación debe partir de reglas claras, definiciones precisas y salvaguardas institucionales robustas. Sin eso, lo que se presenta como un avance en transparencia puede convertirse en un arma de discrecionalidad.

Uruguay necesita más que previsiones optimistas; necesita políticas fiscales y tributarias que sean creíbles, responsables, respetuosas del derecho y transparentes. Si no, lo “cosmopolita y audaz” podrá transformarse en lo arbitrario y riesgoso.