Con ese título titulamos una nota en CORREO a fines de 2020 acerca de la auditoría externa llevada a cabo en torno al Antel Arena. El llamado a sala llevado a cabo anteayer volvió a poner de manifiesto las -por lo menos- irregularidades de la obra a través del informe brindado en el Senado por el ingeniero Gabriel Gurméndez, presidente de la telefónica estatal.Finalmente, anteayer tuvo lugar el llamado a sala al Ministro Omar Paganini, impulsado por el senador Jorge Gandini, a efectos de que se diera a conocer información completa sobre el complejo Antel Arena. Para ello el Ministro Paganini concurrió acompañado del presidente de Antel, el ingeniero Gabriel Gurméndez.
El Frente Amplio decidió no entrar a sala. "Solo un objeto mediático de distracción política puede explicar, a nuestro juicio, un despropósito de esta naturaleza", señalaron los senadores de la oposición, agregando que "no solamente desprestigia al Parlamento sino que afecta la imagen de una empresa pública ejemplar como Antel".
A la luz de las revelaciones formuladas por el Ing. Gurméndez, la huida de los senadores frenteamplistas es más que comprensible.
Precisamente, un resumen de esas revelaciones realizaremos a continuación.
En mayo de 2019, pese a que todas las decisiones referidas al Antel Arena ya habían sido declaradas reservadas, se insistió y se declararon reservadas por diez años más. Tal nivel de secretismo permitió que se ignoraran los controles parlamentarios, los accesos a la información pública y las observaciones del Tribunal de Cuentas y de la Unidad de Acceso a la Información Pública. Esa reserva fue levantada por las nuevas autoridades de Antel.
En virtud de lo anterior, se decidió contratar una auditoría externa a efectos de contar con información independiente. Para ello se realizó la publicación correspodiente y los pliegos técnicos y administrativos, y se dió cumplimiento al TOCAF.
El análisis y la evaluación fue realizado por una comisión asesora integrada por funcionarios de carrera de la empresa. Y esa comisión asesora recomendó firmar contrato con la consultora "Ecovis", la que acreditó ser parte una red con presencia internacional y un equipo de profesionales de larga trayectoria. Esa consultora que la ingeniera Cosse había intentado descalificar señalando que era propiedad de "un notorio militante herrerista", había contratada durante los gobiernos del Frente Amplio por AFE, ANV, INUMET, MTOP, Plan Agropecuario y Tutela Social de FFAA, según manifestara Gurméndez.
La auditoría tuvo como objeto: costo total del Antel Arena, obligaciones financieras pendientes, cumplimiento de las normativas legales y los resultados económicos del complejo, todos puntos que fueron relevados. Para ello, "Ecovis" cumplió con normas internacionales, contó con un equipo multidisciplinario que trabajó siete meses analizando los documentos, facturas, sistemas internos, entrevistando gerentes y personal de Antel, produciendo dos informes que Antel hizo públicos a fines de 2020.
De ese trabajo de "Ecovis" surge que el costo total del Antel Arena fue de U$S 119.721.147, o sea, casi U$S 120 millones. A su vez, se constató el desvío de tres veces las cifras lanzadas públicamente cuando se inició el proceso.
Del costo total del Antel Arena todavía faltan pagar unos U$S47 millones y estaban pendientes todavía obligaciones con el fideicomiso creado en su momento, las que Antel tuvo que renegociar para reperfilar esa fuerte carga financiera.
Las conclusiones de la auditoría externa -sobre la que ya había informado CORREO- son contundentes acerca de la improvisación inicial, la falta de plan de negocios, de presupuesto y de planificación. Además, dejó de manifiesto las debilidades en la ejecución y el control en que se desarrolló el proyecto del Antel Arena.
La auditoría también concluyó que 10% de las compras se hicieron en forma directa y sin ningún procedimiento competitivo. El 90% restante, a su vez, se hizo con procedimientos supuestamente competitivos, pero en muchos casos no se pudo acceder a documentación que lo acreditara.
Tampoco existieron auditorías internas durante la ejecución del proyecto Antel Arena. Luego de las elecciones de 2019 se decidió agregar una auditoría interna a la planificación 2020 de la División Auditoría de Antel. Esa auditoría interna se inició en febrero de 2020 con un alcance limitado y se entregó después de la fecha en que se decidió contratar una auditoría externa. El informe de aquélla no concluye sobre los temas que fueron su objeto, no concluye sobre la integridad de los expedientes y no maneja los montos efectivamente ejecutados. Cabe señalar que la funcionaria a cargo de la División Auditoría Interna en el período de ejecución del Antel Arena, al ser revocada dicha asignación de tareas, pasó a desempeñar tareas en la Secretaría General de la Intendencia de Montevideo.
Sobre el valor activo del Antel Arena a fines de 2019 (primer año cerrado de gestión del proyecto y sin el impacto de la pandemia), al tipo de cambio de ese momento, el valor era U$S 27.780.038, señaló el presidente de Antel. Eso significa que a fines de 2019 el Antel Arena valía la cuarta parte del costo que tuvo la obra.
Gurméndez además recordó un dato que poca gente recuerda o conoce: que Antel en 27 años ya no tendrá el derecho de uso del Antel Arena, el que se le dio a través del convenio firmado. En ese momento, el complejo volverá a la Intendencia de Montevideo. Todo lo que pagó Antel es de la Intendencia, subrayó Gurméndez.
Otro aspecto sobre el que Gurméndez brindó información es sobre el gerenciamiento del complejo Antel Arena. Efectivamente, éste fue privatizado desde el vamos. El gerenciador tiene asegurado por contrato un honorario de U$S 35.000 mensuales, aunque es Antel la que sostiene todo el financiamiento de las operaciones de las cuales el gerenciador rinde cuentas sobre los fondos que se le asignan trimestralmente. "Es una huida del Derecho Administrativo", señaló Gurméndez, "porque de esta manera una empresa privada adquiere bienes y servicios que paga el Estado, pero lo hace sin que el ente tenga ninguna injerencia y pueda imponer ninguna formalidad en los procedimientos para estas adquisiciones, como no lo hizo en la etapa preoperativa". Para Gurméndez ello habla a las claras de la falta de especialización de la telefónica pública para llevar adelante un proyecto de estas características, por completo a su giro.
Queda claro, entonces, que además de la inconveniencia y la falta de competencia jurídica de Antel (ver nota aparte) para llevar a cabo la faraónica obra, ésta no se planificó adecuadamente y todo el proceso de su construcción se caracterizó por la falta de transparencia, derivando en sobrecostos, cuyo destino aún permanece en la oscuridad.