Por Luis Hierro López
Lo que debió haber sido una jornada de celebración nacional, se ha convertido en una instancia ideológica y partidaria que termina siendo perjudicial para los trabajadores.
Uruguay se sumó tempranamente a reconocer al 1ero. de Mayo como jornada de homenaje a los trabajadores. La ley de feriados de 1919, siendo presidente Baltasar Brum, convalidó oficialmente el significado de la fecha y desde entonces, ésa es una instancia inamovible y respetada como tal en nuestro país. La lucha a favor de la legislación obrera que impulsaron José Batlle y Ordóñez y Domingo Arena, entre otros notables legisladores batllistas, significaba también el reconocimiento a la vida de los sindicatos, a los cuales don Pepe siempre quiso alejados de la acción partidaria. Más de una vez se le propuso que hubiera sindicatos batllistas, a lo cual Batlle se opuso con la fuerza de sus razones.
La trayectoria sindical ha estado jalonada desde entonces por luchas y conquistas, ordenadas en torno a la conformación de centrales unitarias, la Convención Nacional de Trabajadores primero y el Plenario Intersindical después de la dictadura. Es posible que muchos lectores recuerden todavía la gloriosa jornada del 1ero. de Mayo de 1983, cuando el país venía recuperando de a poco sus libertades y una enorme multitud cívica acompañó a los dirigentes sindicales durante el acto del Palacio Legislativo. Eran tiempos de augurios, que lamentablemente no se han confirmado al pasar del tiempo.
Hoy los dirigentes sindicales han desperdiciado aquel prestigio, porque se han dedicado más a la política partidaria que a defender con amplitud e inteligencia los derechos de los trabajadores. Han sido socios del Frente Amplio y cogobernaron durante los últimos quince años, montando una maquinaria que tiene indudablemente un considerable poder a partir de la enorme recaudación y de las afiliaciones obligatorias que administra la central.
Pero en cambio, los dirigentes sindicales han perdido reputación. Aferrados al poder, no han fomentado una organización abierta y democrática, sino todo lo contrario. Su negativa contumaz a tramitar la personería jurídica es mucho más que un atajo a la legalidad: es la expresión simbólica de dirigentes que no quieren que se les investigue y se les interrogue. No pasa con ellos lo que ocurre con los dirigentes políticos, sometidos a la voluntad de las urnas cada cinco años y dispuestos, por lo tanto, a que sean democráticamente relevados. En el Pit-Cnt se ha enquistado una camarilla dirigente que hace y deshace como quiere, sin que haya una ley que le imponga límites. Para colmo, muchos de sus integrantes tienen ideas antidemocráticas, como lo testimonia el apoyo a Maduro -y a otros dictadores de esa orientación- pronunciado "en nombre del pueblo uruguayo", como atrevidamente sostuvo Marcelo Abdala al reunirse con el pasayesco dictador venezolano.
Es imprescindible que el Pit Cnt procese un cambio auténtico, renovando y transparentando sus procedimientos y promoviendo a una camada de nuevos dirigentes, personas que se dediquen a defender realmente los derechos de los trabajadores, a promover su entrenamiento y preparación en torno a las nuevas tecnologías y a vincularlos al conocimiento que rige en la revolución contemporánea. A su vez, será necesario que esa nueva dirigencia renueve sus métodos de lucha, de los que muchas veces se ha abusado, atacando los derechos de los propietarios o de los usuarios y transformando lo que pueden ser reclamaciones legítimas, en escenarios de luchas políticas e ideológicas de las que, muchas veces, los trabajadores salen perdidosos.
En ese sentido, la ley de urgente consideración que actualmente estudia el Parlamento, incorpora novedades importantes con normas actualizadas que precisamente están orientadas a defender la libertad de trabajo y a poner límites a desbordes que han sido bastante comunes en los últimos tiempos.
No se trata de desconocer los derechos sindicales. Por el contrario, se trata de defenderlos en forma auténtica. Es muy importante la actividad de los sindicatos y una democracia sana y fuerte debe respetarlos y promoverlos, pero no a costa de que un grupo político se haya apropiado indebidamente de su representación.