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Reconocimiento de un nuevo fracaso: las cárceles son parte del problema
 Con inocultable crudeza, el Fiscal de Corte Dr. Jorge Díaz tuvo que reconocer que la situación carcelaria es muy mala, lo que influye negativamente en la seguridad. Desde 2005, los gobiernos del Frente Amplio vienen prometiendo reformas de fondo, pero hoy se impone un sinceramiento, al estilo del que hizo hace pocos meses el Director de Policía Mario Layera respecto a las omisiones del Estado y a la falta de autoridad. Ahora se reconoce oficialmente que las cárceles son “parte del problema” y que siguen siendo fábricas de delincuentes.
Tras las promesas e improvisaciones de variada índole que, desde 2005, los gobiernos del Frente Amplio han venido lanzando al vuelo, el oficialismo no ha tenido otro remedio que reconocer el fracaso de sus políticas, admitiendo que las “cárceles son parte del problema”. Esta vez fue el Fiscal de Corte, Dr. Jorge Díaz, así como hace pocos meses había sido el Director de Policía, Mario Layera el encargado del sinceramiento. En esta ocasión, el mediático jerarca de los fiscales explicó que no hay políticas de rehabilitación, lo que explica el muy alto índice de reincidencia, de un 65%. Dijo Díaz que “tenemos cárceles llenas de jóvenes, adictos, analfabetos funcionales y pobres. Ese es el 99% de la composición carcelaria del Uruguay. Ahí hay que trabajar. Para que cumplamos con la Constitución y las cárceles no sirvan como castigo, sino para la profilaxis del delito, no deben ser un mero lugar de depósito de seres humanos mientras cumplen la pena. Deberíamos tener políticas de rehabilitación”. Tras declarar que “se ha avanzado muchísimo” aunque sin fundamentar en qué, el Fiscal aseguró que “falta trabajo con educadores, psicólogos, deportes. Hay un montón de cosas que hacen al ser humano. Una persona que es capturada por robar con el síndrome de abstinencia, lo que más necesita, además de cumplir la pena que se le imponga, es un tratamiento contra sus adicciones”.
El panorama que pinta el Dr. Díaz es, en realidad, más grave. Según los informes oficiales del Comisionado Parlamentario sólo un 37% de los reclusos realizó alguna actividad esporádica de índole laboral y sólo un 21 % hizo, también en forma no permanente, alguna tarea educativa. Como se sabe, las cárceles están cogestionadas por las autoridades y los reclusos, no se imponen castigos por reclusión, hay drogadicción, asesinatos, total indisciplina y una muy activa conexión entre los delincuentes de afuera y los de adentro. Sólo funciona bien el perímetro militar de seguridad, que es lo que impide que haya fugas masivas. Adentro no hay rehabilitación posible.
Esto ocurre casi quince años después de que, al asumir por primera vez como Presidente el doctor Vázquez, el 1° de marzo de 2005, declarara en su discurso inaugural y en forma solemne, “una emergencia humanitaria en las cárceles”. Hablándole ya entonces a los “uruguayos y uruguayas”, el mandatario aseguró que “la grave situación existente en las cárceles y la falta de atención a las víctimas del delito, nos determina a declarar, a partir del día de hoy, el estado de emergencia humanitaria en todo el país. Para superarlo, para superar este estado, cumpliremos medidas de urgencia e iniciaremos inmediatamente el proceso de medidas de corto y mediano plazo”... tras lo que enunció una serie de políticas que, precisamente, procurarían la rehabilitación de los reclusos. Nada de eso se puso en práctica.
Al poco tiempo y con ligereza, el entonces Ministro de Interior Dr. José Díaz, inventó la cuadratura del círculo y, como las cárceles estaban superpobladas, propuso una ley —que se aprobó con rapidez—, pomposamente llamada “de humanización carcelaria”, por la cual se liberaron anticipadamente a más de 800 reclusos, de los que reincidió en el delito un 38% según indican los informes oficiales.
A casi quince años de esos hechos y cuando transcurre ya el tercer gobierno “progresista”, estamos peor que al principio: hay hoy más de 10.000 presos, de los cuales 6.500 volverán al circuito del delito cuando culminen sus penas. No se cumple el precepto constitucional que ordena la reeducación de los reclusos, pero tampoco funcionan en las cárceles los mecanismos de rehabilitación por la vía de la reclusión y el disciplinamiento.
El Fiscal Díaz, pues, hizo la crónica de un fracaso completo. |
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