Extender el plazo de las investigaciones por los desaparecidos hasta noviembre de 1968 es realmente una aberración jurídica. Solo se explica por el nivel de ideologismo de grupos radicales o de una burocracia de los derechos humanos que se autoproclama monopolista de la Justicia histórica y ha resuelto arreglar su vida como funcionaria de organismos internacionales que financian, las más de las veces con gran ingenuidad, esos temas.
La de Gestido-Pacheco Areco fue una administración constitucional, legítimamente electa por el pueblo. Eso es indiscutible. Que eran tiempos de tormenta, no hay duda (había violencia guerrillera y la exaltación revolucionaria de aquellos años). Por ello ese gobierno sintió la necesidad de recurrir a las medidas prontas de seguridad, expediente constitucional que decreta el Poder Ejecutivo y decide el Poder Legislativo.
Ese gobierno, aun en ese clima, llegó a unas elecciones libres y en ellas triunfó el oficialismo, el Partido Colorado, con el 41% de los votos, frente a 40% del Partido Nacional y 18,3% del Frente Amplio. El presidente Pacheco fue postulado para su reelección y si bien no obtuvo la mayoría necesaria para cambiar la Constitución y habilitar esa reelección, obtiene 439.649 votos, que individualmente lo presentan como el candidato más votado.
O sea que el gobierno de Pacheco Areco no solo era democrático —como decimos en nuestro editorial— sino además popular, apoyado por una mayoría nacional importante. Está claro también que las fuerzas partidarias de la rebelión armada no contaban con ningún apoyo popular. Todo lo contrario.
Que el Presidente Pacheco Areco tuvo que hacer malabarismos para defender y preservar la democracia, es así. Eso, lejos de descalificarle, le exalta. Así lo reconoció el propio General Seregni, mucho tiempo después, con el juicio sereno que da el tiempo, cuando dijo en un libro-entrevista que le hizo nada menos que el tupamaro Samuel Blixen:
“Aprendió rápido, aprendió lo que era el poder, y lo usó. Y hay que reconocer su inteligencia: es cierto, contó con la complacencia del sector político, pero nunca transgredió la Constitución y la ley”.
Este exceso de ahora, de por decreto pretender que hubo desapariciones y crímenes de lesa humanidad bajo la democracia, es gravísimo. Porque es mentir paladinamente, tergiversar la historia, sumarse al estilo panfletario de minoritarios grupos radicales, intentar la imposición coactiva de una versión tergiversada del pasado, tal como han hecho todos los totalitarismos. Además de esa aberración, estamos también ante un atropello político, que agravia a todas las fuerzas democráticas —no solo oficialistas de entonces— que vivieron aquel tiempo e integraron los poderes constituidos del Estado.