En primer lugar, recordemos lo jurídico: ocupar un lugar de trabajo, impidiendo el ingreso de los trabajadores que no adhieren a la medida y a las legítimas autoridades de esa instalación, contraviene la ley y su decreto reglamentario. Por la LUC y un decreto del año pasado, sí, pero en el caso de las instalaciones del Estado -como las mencionadas- ya desde el gobierno de Mujica existía esa prohibición y varias veces el año pasado el MTSS apeló a ese decreto para intimar desalojos. Ergo, la LUC no tiene nada que ver. Pero vayamos a los hechos.

Con negociaciones en curso, que incluían una tripartita a realizarse en el MTSS el próximo martes, el sindicato de trabajadores de la planta Capurro de ALUR ocupó el referido establecimiento industrial ayer jueves. Semanas atrás, el sindicato de OSE, el mismo día en que se iba a llevar a cabo una mesa tripartita en el MTSS ocupó simultáneamente cinco locales de OSE en Montevideo.

En el caso de OSE, la Federación de Funcionarios de OSE (FFOSE) tenía pactada una tripartita acordada después de la ocupación de la planta potabilizadora, que también se llevó a cabo en medio de un proceso de negociación. Y hacer esas cinco ocupaciones simultáneas el mismísimo día en que se iba a llevar a cabo una mesa de negociación con la participación no solo de OSE, FFOSE y la mediación del MTSS sino también de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) y la Oficina Nacional de Servicio Civil (ONSC).

El MTSS, como es de rigor, rápidamente intimó a FFOSE el desalojo inmediato de las instalaciones de OSE ocupadas. La dilación innecesaria del desalojo obligó al MTSS a solicitar al Ministerio del Interior a que procediera a encargarse del mismo. Por fortuna, la simple presencia del la Guardia Republicana alcanzó para persuadir a los ocupantes de proceder a desalojar los cinco locales pacíficamente.

Como es obvio, semejante medida provocó gran -y justificado- malestar en todos los organismos públicos involucrados, que habían sido desairados. Ello llevó a que se cancelara la mesa tripartita y el diálogo recién se retomó un par de semanas después.

En el caso de ALUR, tal vez haya menos justificación. Es cierto y entendible que el destino global del proyecto sucro-alcoholero implantado por las direcciones frenteamplistas de ANCAP que terminaron en un agujero negro para el ente -como era previsible desde el día cero- genere incertidumbre y nerviosismo en los trabajadores en la medida de que la nueva dirección de ANCAP se propone reducir drásticamente las pérdidas de la empresa. Es entendible y legítimo, por tanto, que los sindicatos aspiren a negociar qué ocurrirá con los trabajadores eventualmente afectados por las decisiones del ente. Lo que no es admisible es que pretendan -como lo hacen implícitamente- llevar a una mesa de negociación las decisiones que legítimamente adopta las autoridades del ente, como señalamos la semana pasada.

Y decimos que es menos justificado porque la coordinador de sindicatos de ANCAP sabe bien que el actual directorio ha tenido particular cuidado en salvaguardar la situación de los trabajadores afectados. Pero además se parte de premisas falsas: en el acto llevado a cabo frente a las instalaciones de ALUR se manifestó que se iba a cerrar la planta Capurro y que en las negociaciones no se había registrado avance alguno.

Comenzando por lo segundo, no solo se registraron avances sino que se llegó un acuerdo con los trabajadores del predio de Belén, en Salto, que se iba a suscribir ese día y no pudo llevarse a cabo por la ocupación. Y en cuanto al supuesto "cierre inminente" de la planta Capurro, las autoridades de ANCAP y ALUR han reiterado hasta el cansancio que no hay tal cosa y que, en todo caso, los trabajadores serán salvaguardados.

El gobierno ha demostrado una y otra vez su vocación de diálogo. Pero el salto cualitativo de romper las reglas de juego por parte de sindicatos, intoxicando la negociación colectiva y deslegitimándola, no amilanará al gobierno, que no abdicará de sus atribuciones constitucionales y legales.