La Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados relacionada con el uso (abuso) de licencias sindicales de profesores, encontró situaciones con "apariencia delictiva" en el otorgamiento de las mismas, acusando a la cúpula de Fenapes de fraude, estafa y falsificación de documentos. A su vez, resolvió que seis sindicalistas y dos exconsejeros de Secundaria, señalados como responsables, tengan 20 días para realizar sus descargos.

Los responsables por validar (ante las direcciones de los liceos) el otorgamiento de horas libres para actividades sindicales, basado en el inexistente "convenio artículo 70-10", fueron el actual presidente de Fenapes José Olivera, Virginia García Montecoral (exvicepresidenta del gremio), Graciela Almeida, Alejandra Vespa y el profesor de historia Marcel Slamovitz, que faltó en dos años 250 horas en San José, lo que motivó las investigaciones.

También fueron denunciados los exconsejeros Celsa Puente y Javier Landoni, quienes aún en conocimiento de un informe de Jurídica que alertaba la ilegalidad de ampararse en un convenio inexistente, dieron su visto bueno al goce de esas licencias, lo que podría configurar, abuso de funciones y encubrimiento.

Ante esta situación, inaceptable, el diputado Gustavo Olmos, expresó que se trataba de "un objetivo político" (el de la denuncia penal), mientras la diputada Lilián Galán aseguró que está "indignada" con el planteo de la coalición, "porque es en Secundaria donde se debe resolver" lo sucedido. "Se imputan delitos como nunca, y la comisión investigadora no tiene esas funciones. Por eso volvemos a decir que esto tiene un fin político: es un circo para entretener mientras pasan cosas graves", concluyó. (El País 26.04.2022).

Señor diputado Gustavo Olmos: no se trata de un objetivo político, se trata de revertir una situación que lleva a que, de 100 estudiantes de secundaria, 60 no terminen el liceo y son ellos en su mayoría, pertenecientes a liceos del interior y en muchos casos pertenecientes a familias que integran los quintiles más necesitados de la población, aquéllos a que su fuerza política dice preocuparse.

Señora diputada Lilian Galán, los "indignados" somos los ciudadanos, los diputados, según su opinión, ¿no deben denunciar estos hechos gravísimos que afectan la educación, y fondos públicos, porque "no les corresponde"? Asombroso. Si existen hechos graves, pues concurra a la justicia, es su obligación, ¿o nos equivocamos?

El senador Gustavo Penadés (Partido Nacional) ha propuesto profundizar la reforma educativa: "Primero: necesitamos acelerar procesos que reviertan una situación que viene arrastrándose desde hace décadas. Segundo: tiene que ver con las políticas sociales: vivienda, trabajo y políticas de combate a la marginalidad y Tercero: una política económica responsable. Me da mucha gracia cuando algunos sectores políticos hablan como si hubiéramos pasado la crisis económica. El Uruguay sigue gastando más de lo que recauda". (El País 26. 04.2022)

Estamos absolutamente de acuerdo con el senador Penadés, pero creemos que la aceleración del proceso educativo debe iniciarse por los educadores, motivando a aquéllos vocacionales y responsables aun a costa y costos -que los tendrá- del sindicato, pero creemos que más temprano que tarde prevalecerá, para bien de los educandos, la enseñanza igualitaria y eficiente.